La decisión de la sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal de absolver al ex presidente Carlos Menem en la causa por la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador constituye otro golpe a la credibilidad de la ciudadanía argentina en sus instituciones.
El ahora senador nacional por La Rioja había sido condenado por este caso a 7 años y medio de prisión, pero el tribunal que lo liberó de cargos, si bien no decidió sobre la cuestión de fondo, aceptó que el “eterno” juicio, de 23 años de duración, superó el plazo razonable para que un acusado tenga una sentencia firme. Es decir, una vez más una causa de enorme gravedad por la investidura institucional que tuvo quien fue investigado y juzgado queda en la nada. Por lo tanto, prácticamente nunca se sabrá si Carlos Menem fue inocente o culpable del contrabando comprobado en su momento, más allá de que las evidencias que dejó el proceso judicial no permitían dudar de la responsabilidad que tuvo el entonces primer mandatario de los argentinos.
Debe recordarse que, siendo presidente de la Nación, entre 1991 y 1995 Menem firmó tres decretos para la venta de armas a Panamá y Venezuela. Sin embargo, los envíos finalmente fueron a Croacia y Ecuador. En 2011, el ya ex presidente pudo zafar en la Justicia de la acusación de contrabando calificado, pero dos años después revivió la causa y obtuvo una condena de prisión. La defensa de Menem apeló de inmediato a la Corte y ésta aceptó que se efectuara la revisión del fallo, que fue lo que realizó en este caso la Casación, contradiciendo, en un hecho sin precedentes, a la resolución condenatoria que el mismo tribunal, pero con otra composición, realizara hace cinco años.
Crónicas periodísticas de la reciente decisión judicial de absolver al ex presidente Menem coincidieron en que desde la misma Justicia se admitió que durante los 23 años que duró la causa por la venta ilegal de armas existió una tardanza inexplicable en la tramitación durante las distintas instancias que reúne un proceso como éste.
Por otra parte, con justo criterio analistas especializados en el quehacer judicial consideraron que hubiese correspondido la denuncia de jueces, fiscales y funcionarios de la Justicia que pudieran haber contribuido a la lentitud de procedimiento que favoreció que el caso cayera por el paso del tiempo. Son los propios jueces los que deben ponderar la eficiencia del servicio que brindan y, ante la más mínima evidencia de ineficiencia o negligencia, como en este caso, proceder a la tramitación del proceso correspondiente. No es suficiente con reacciones muchas veces solitarias desde la política, como suele ocurrir con la diputada Elisa Carrió, que observen y meritúen la labor de los integrantes del Poder Judicial. Es el propio poder del Estado el que debe velar por la calidad de sus miembros y la mayor justeza posible de sus decisiones.
Esta absolución de Menem amparada en el tiempo transcurrido nos lleva a pensar en otros casos graves y resonantes que corren por el mismo sendero de la desidia, desde los trágicos atentados a la embajada israelí y a la sede de la AMIA, hasta la resonante muerte con disparo de arma de fuego del fiscal Nisman y las acusaciones que recaen sobre Cristina Fernández de Kirchner. Este último es otro claro ejemplo, como el de Menem, de que los fueros parlamentarios pueden servir sólo para proteger a quienes delinquen y se benefician con crónica impunidad.
