La proximidad de las elecciones se está llevando puesto el relato del kirchnerismo que está sacrificándolo en el altar del más puro pragmatismo político. Veamos: en las últimas semanas la Casa Rosada dio giros bruscos para cambiar lo más posible el escenario económico y político a fin de poder ganar las elecciones. Lo que está en juego es la continuidad de quienes gobiernan el país desde hace diez años, ni más ni menos. Desde la mirada del todo o nada lo que está en riesgo es el poder, esa palabra que tantos significados diferentes tiene en la Argentina contemporánea atravesada por la guerra de los relatos.
Algunos eventos que se produjeron en los últimos días indican que el escenario va cambiando vertiginosamente. El Gobierno salió esta semana a lanzar un nuevo blanqueo para quienes atesoran, en el país o afuera, dólares en negro. Cristina Fernández y su variopinto equipo económico decidieron pagar los costos en el relato, en el mercado simbólico de la palabra y tratar de salvar las papas en las urnas.
Prefirieron echar por tierra la prédica de la pesificación con fórceps y cepos de la economía argentina sacando el mote de "traidores a la patria", "cipayos" y "amantes de Miami" a los caceroleros que, espantados porque la inflación no permite ahorrar en pesos argentinos, se refugian compulsivamente en los billetes estadounidenses. En su lugar, postulan ahora una dolarización o "bimonetarización" de la economía.
La opción más política-realista de la Presidenta fue tratar de atraer esos dólares que están en el colchón, en cajas de seguridad o en bancos del extranjero, ofreciendo un blanqueo sin costo fiscal alguno -y mucho menos penas- para poder usar los mismos billetes a fin de dar impulso al mercado inmobiliario y a la industria de la construcción con el sano objetivo de sacar de la curva descendente a la generación de empleo. Al mismo tiempo, con la intención de proveer a la re-estatizada YPF de los dólares que necesita para infraestructura y que su CEO, Miguel Galuccio, no puede encontrar en el exterior.
La necesidad de devolver al país el autoabastecimiento energético es hoy más que nunca una urgencia: este año se irán del país 15 mil millones de dólares para pagar el gas boliviano y otros combustibles, una cantidad de divisas que el Gobierno ya no tiene porque los dólares que ingresan provienen únicamente de la soja y la minería.
El tiempo dirá si en esta oportunidad el Poder Ejecutivo logra captar esos ahorros ociosos que no producen valor para la economía real pero que dan certidumbre de futuro a los ahorristas que tienen bien fresco en la cabeza eso de que el que "deposita dólares recibirá dólares".
La intención no dicha en esta oportunidad es frenar la psicosis que genera el dólar paralelo o "blue", pese a que ayer los funcionarios del gabinete económico volvieron a ningunear este mercado marginal "por representar sólo un 5% de las transacciones de divisas que se realizan en el país".
¿Cómo se lograría esto? Porque cuando el ahorrista entregue sus dólares al banco receptor recibirá un certificado que podrá transar por una casa, por ejemplo, y el que venda la vivienda podrá ir con ese certificado al banco y cobrar los dólares que, un paso después, podrá volcar en el mercado paralelo para aumentar la oferta de divisas, lo que debería generar una reducción del dólar "blue".
Según el estudio del economista Miguel Bein, los 10 pesos que cuesta hoy un billete de 1 dólar en las "cuevas" están muy por encima del dólar competitivo que exigen los exportadores, que es de unos 6,50 pesos y del que expresa la relación reservas/pesos, que es de unos 7,50 pesos, valores que igualmente superan el dólar oficial largamente.
El costo que el Gobierno corre con este proyecto no sólo es hacia el interior de su relato. También es hacia afuera, de cara a la sociedad, ya que genera irritación en todos aquellos argentinos que pagan impuestos y ven cómo los evasores no sólo podrán blanquear sus dólares en negro sino que, además, se los premiará con tasas de interés y eximición fiscal. El progresismo K le hace ruido a muchos porque se topa con el cinismo y la injusticia.
Menos polémica genera la otra medida dispuesta por el Gobierno por la cual se busca crear un fideicomiso con el 30% de las retenciones al trigo para ser distribuido entre los productores, una medida reclamada hace mucho por el sector agropecuario que dejó de interesarse por la siembra y cosecha de trigo dada las altas rentabilidad que deja la soja.
El blanqueo de capitales de dudoso origen impuesto por la necesidad de inyectar dólares a la economía para reactivarla, se explica por dos tensiones que el propio Gobierno primero generó y luego no supo controlar: la inflacionaria y la que se expresa en la reticencia global a prestarle dinero a la Argentina.
Ayer, la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, dejó en claro en el Senado que el gabinete económico seguirá apostando a que en algún momento la oferta de bienes y servicios haga reducir la inflación, lo que no fue más que un sinceramiento de que no hay en la mente del Gobierno una sola idea de cómo atacar el problema para darle una solución (la única convicción es que no se seguirán las recetas ortodoxas que quebraron el país; "algo es algo", se conforman).
La segunda tensión, la que tiene que ver con el no acceso al mercado de créditos internacional, está estrictamente ligada a la primera ya que la negación de la inflación llevó a la intervención del Indec con el solo objetivo de fraguar los índices económicos. Nadie quiere prestar dinero a un país que hace eso. El oficialismo entiende que la falta de acceso al financiamiento que sufre el país es un castigo por haber salido de la crisis de 2001 y del default "transgrediendo las recetas del Consenso de Washington".
Pero el kirchnerismo olvida que en 2007, una vez que Néstor Kirchner reestructuró la deuda externa, la Argentina tenía a su alcance tasas similares a las que tenía Brasil. Pero el affaire de la inflación y su intento por ocultarla hizo que quien ofrezca plata a nuestro país lo haga a tasas impagables.
Las elecciones están muy cerca y nadie lo tiene más claro que el propio Gobierno. Por eso introdujo en la ley de reforma del Consejo de la Magistratura cambios en las leyes electorales que apuntan a dar al oficialismo ventajas y poner un sinnúmero de trabas a la oposición. No sólo porque de las elecciones venideras dependerá el control del Consejo de la Magistratura sino porque la jugada permitió a la Presidenta nacionalizar una elección que se iba a jugar exclusivamente en cada distrito electoral, aisladamente. La mandataria se las ingenió para depender lo menos posible de los otros en una contienda electoral de la que está atado su futuro como gobernante.
La oposición y todos los sectores que creen que las leyes sancionadas son inconstitucionales porque violan principios republicanos y conculcan derechos y garantías, irán a los tribunales para frenarlas. La mirada estará puesta en lo que decida la Cámara Nacional Electoral y la Corte Suprema, quienes deberán decidir cada una a su turno si se hace la elección de los consejeros de la Magistratura o no y, en caso de convalidarla, si se hace con el traje a medida que se auto-diseñó el kirchnerismo o con reglas más parejas para todos los partidos.
