El 15 de febrero pasado se publicó en Los Andes una nota mía sobre la falta de controles en el Poder Legislativo. El resumen es que hay errores que, dada la cantidad de gente que trabaja en ese poder del Estado (1.201 personas en total), no deberían cometerse.
En la nota en cuestión “Legislatura: ¿sólo son números?” alertaba sobre que hay un número, 8.642, que debería corresponder a una ley, pero ésta no existe. No fue sancionada. Se saltearon este número.
Ahora se cometió un hecho, para mí, más grave: hace alusión a una ley que fue derogada a instancias de este gobierno. En efecto, la nueva Ley de Ministerios, 8.830 sancionada, por pedido de Cornejo, el 2 de diciembre de 2015, promulgada el 4 de diciembre y publicada el 9 de diciembre, el mismo día de la asunción del nuevo gobierno, deroga, por el artículo 31, la Ley 8.637 “Ley Orgánica Ministerial” sancionada a instancias de Francisco Pérez.
Elaboración del proyecto
No se me escapa que el proyecto de creación del “Ente Mendoza Turismo” (Emetur, Ley 8.845), probablemente haya sido hecho antes que la Ley 8.830, de Ministerios. De ahí provendría el error, al no referirse a esta última. Pero esta ley de creación del Emetur fue sancionada el 15 de marzo de 2016, promulgada el 1 de abril y publicada el 7 de abril pasado, por lo que tres meses antes ya no existía la antigua Ley de Ministerios a la que justamente esta nueva ley se refiere.
Ley 8.845: En el artículo 16, referido a los “recursos humanos” expresa: “... A los efectos previstos por la presente ley, transfiérase al Ente Mendoza Turismo (Emetur) la totalidad del personal que se encontraba asignado a la planta del Ministerio de Turismo, según la Ley 8.637 (derogada), a cuyos integrantes se les asegura ...” .
¿Y ahora? Hay que hacer otra ley cambiando este artículo 16 por otro que haga referencia a la Ley 8.830. ¿Se puede arreglar? Obvio, una ley se modifica con otra ley. Lo que irrita es tanto dispendio en personal, computadoras, impresoras, papelerío, tiempo, inseguridad jurídica, etc, todos inconvenientes que se podrían haber solucionado si hubiera habido un control exhaustivo de cada número incluido en cada proyecto de ley. Ni un legislador de los 86 (48 diputados y 38 senadores) se dio cuenta. Tampoco los 4 secretarios: dos legislativos y dos administrativos. Finalmente, la vicegobernadora estampó su firma, confiando en que todo estaba perfecto.
De ahí pasó al Poder Ejecutivo, que dispone de gente para revisar cada ley para, en el caso de que contenga errores o sea contraria a los criterios y planes del Gobierno, sea vetada. De lo contrario, si todo está bien, promulgarla. El 1 de abril, Alfredo Cornejo y el ministro Enrique Andrés Vaquié, firmaron el decreto 298/16, dando por finalizado el ciclo legislativo previo a la publicación.
Se supone que, previo a ir al recinto, en las comisiones respectivas analizaron los 22 artículos que tiene la Ley 8.845. Tendrán que rever el mecanismo de funcionamiento de la totalidad de las reparticiones internas de la Legislatura para que esto no se repita.
No es la primera vez que pasa que una ley se refiere a otra norma derogada como si estuviera vigente. Por eso, insisto, debe haber un mecanismo o varios, que tengan como misión controlar más eficazmente cada ley, antes del conocimiento a través del Boletín Oficial, que es el que la pone en vigencia.
