El fallo que sobreseyó al ex vicepresidente Amado Boudou, en la causa por la documentación falsificada de un automotor, mostró una vez más a los argentinos cómo la negligencia de los jueces termina beneficiando el accionar de quienes desde la política, como en este caso, usan los recursos del Estado para hacer valer sus intereses personales o políticos. El tribunal actuante se vio obligado a dejar sin castigo al acusado lisa y llanamente porque la causa prescribió a raíz del paso del tiempo.
Boudou es una de las claras imágenes de la investigada trama de corrupción del kirchnerismo durante más de una década de gestión nacional. El caso por el que fue sobreseído es, posiblemente, el más benévolo en cuanto a la pena que corresponde al delito cometido.
Sin embargo, la decisión del Tribunal Oral Federal número 1 de la ciudad de Buenos Aires da paso a una serie de interrogantes sobre cómo será el proceder de la Justicia cuando llegue el turno de emitir veredicto en el juicio que se le sigue a Boudou por el salvataje de la imprenta Ciccone Calcográfica, del que muy pronto se conocerá la fecha de inicio del proceso.
Se trata de uno de los mayores escándalos vinculados a la administración kirchnerista.
Ante el fallo del viernes, no faltaron los puntos de vista de quienes mantienen, tanto desde la política como del periodismo y el ámbito judicial, una mirada crítica hacia el proceder de jueces y fiscales en general.
En esa línea cabe preguntarse por qué razón los integrantes del tribunal que falló por el sobreseimiento de Boudou, de su ex pareja y del gestor de la tramitación del auto, resolvieron encarar un juicio si previamente estaban convencidos de que el delito se encontraba prescripto porque los plazos judiciales habían sido superados.
Agrava la crítica que el hecho por el cual se puso en la mira al ex funcionario kirchnerista data de 2003, más allá de que la elevación a juicio oral, por imperio de la crónica lentitud judicial argentina, se haya realizado a fines de 2014.
Con esas condiciones, durante dos años y medio el citado tribunal federal utilizó los recursos a su alcance para generar una expectativa innecesaria en la sociedad, que en su gran mayoría sigue apostando por una Justicia sana e independiente que se decida a juzgar con todo el peso de la ley las tremendas irregularidades que se suceden en los ámbitos del Estado.
Este desafortunado accionar con una de las causas contra Boudou se suma a la forzada defensa de Julio De Vido que ejercieron sectores del kirchnerismo y aliados políticos, valiéndose de mecanismos constitucionales vigentes, para evitar que el ex hombre fuerte de más de una década de férreo poder también sea llevado a los tribunales para rendir cuentas de sus hechos.
Sin duda, nos encontramos ante otro claro ejemplo de por qué se hace tan necesario un reacomodamiento de la Justicia argentina que la haga sana profesionalmente y creíble para la gente.
Una instancia que requiere de decisión política, que no necesariamente puede considerarse una intromisión en otro poder del Estado.
