No hay dudas de que el prestigio del Congreso Nacional ha decrecido en los últimos años como producto de una hegemonía oficialista a la que muy poco le interesa el debate de ideas y, sobre todo, porque la capacidad política de quienes lo integran, incluidos los sectores de la oposición, en muchos casos no reúnen las expectativas.
La Constitución vigente desde 1994 señala en su articulado que los partidos políticos son “instituciones fundamentales del sistema democrático”.
Como tales, las agrupaciones partidarias deberían ser un ejemplo en la formación de los dirigentes sometidos periódicamente a la elección popular. El Congreso, precisamente por reunir a mayorías y minorías, es depositario de los mejores exponentes para enriquecer los debates y garantizar una legislación que priorice el bienestar de los ciudadanos.
Sin embargo, las cámaras que forman el Poder Legislativo de la Nación son una caja de sorpresas inagotables y muchas veces lamentables.
El desprecio por la institucionalidad quedó una vez más reflejado recientemente durante el debate del denominado Memorándum de Entendimiento entre la Argentina y el gobierno de Irán por la investigación del atentado a la sede de la AMIA, en 1994.
Ante el riesgo de perder la votación, o directamente no obtener quórum para sesionar, el kirchnerismo dispuso convocar a dicha sesión especial a dos diputados nacionales que se habían alejado de sus bancas el año pasado para ocupar cargos ejecutivos en sus respectivas provincias: Tucumán y Chubut.
En uno de los casos, hubo un pedido de licencia como legislador; en el otro, directamente la renuncia. Sin embargo, estas dos personas ocuparon nuevamente sus lugares por un día y aportaron su voto a favor de la iniciativa del oficialismo con el argumento de que, por el receso legislativo de verano, ni el pedido de licencia de uno ni la renuncia del otro habían sido considerados, con lo cual sus remplazantes aún no habían sido llamados a sumarse a la Cámara baja.
A simple vista la incorrecta participación de estas personas en el debate que terminó en la sanción definitiva del polémico acuerdo con Irán está más que demostrada. Ambos expresaron su voluntad de tomar otro rumbo cuando presentaron sus renuncias.
Si bien la Constitución establece que “ningún miembro del Congreso podrá recibir empleo del Poder Ejecutivo sin previo consentimiento de la Cámara respectiva”, la aceptación de las dimisiones por parte del pleno de Diputados es un simple trámite necesario para legitimar el voluntario alejamiento de la función legislativa del interesado.
Además, en ambos casos ya estaban ocupando otros cargos en el Estado, con lo que puede interpretarse que su función previa como legisladores había caducado automáticamente.
Esta artimaña legislativa tramada por el kirchnerismo no hace otra cosa que aportar una cuota más de descrédito al Congreso nacional y a la dirigencia política toda.
El hecho no debería caer en el olvido y algún legislador de la oposición tendría que atreverse a plantear la impugnación por inconstitucionalidad de la ley que viabilizó el acuerdo con Irán por lo menos para llevar al recinto el debate de cuestiones éticas que deben ser el fundamento indispensable para la elaboración y sanción de las leyes que nos marcan el rumbo.
