A pocos días (estaba programado para el lunes 24) del anunciado corte de la ruta 143 y de los accesos a Villa Atuel, desembarcaron en este pueblo sanrafaelino autoridades del Ministerio de Seguridad de la Provincia, de la Cámara de Diputados y del Concejo Deliberante de San Rafael y se acordó, con los vecinos, intensificar los operativos policiales y tratar de que los efectivos que actúan en la zona "adquieran mayor compromiso" con su tarea y con los vecinos.
La reunión, esta vez, no fue en la plaza ni en la calle. Todo se desarrolló en la escuela 1-079 "Argentinos Uruguayos" lugar en el que se dio cita un par de cientos de vecinos "alarmados y cansados", como lo definieron ellos mismos, por los hechos de inseguridad que azotan a esta población de poco más de 4.000 personas.
Como en otras oportunidades, las autoridades comenzaron a disgregarse en sus justificaciones del por qué no se combate frontalmente al delito, pero fueron rápidamente traídos al tema por algunos de los presentes con duros testimonios como el que dijo: "Ahora están acusados de abuso de menores los mismos que mataron al hijo de un vecino años atrás y siguen sueltos".
"Todos sabemos dónde se vende droga y quiénes la venden. La policía también lo sabe y el juez Murcia también. No entendemos por qué siguen libres. Por mis dos hijos y dos sobrinos soy capaz de matar", afirmó un vecino con voz pausada, pero firme. "¿Es necesario llegar a esto?", se preguntó.
También enfatizaron que no tienen miedo sino que la movilización del lugar es nada más que "compromiso vecinal".
El que enfrentó hábilmente a los vecinos fue Alejandro Gil, subsecretario de Relaciones con la Comunidad. Previo a ello habló el subsecretario de Seguridad Antonio Carrizo, pero no logró calmar los ánimos con la promesa de que en mayo aproximadamente podrán enviarse más móviles y quizá más policías.
"No queremos más policías", dijeron varios. "Queremos que los que están aquí se comprometan. Hoy queremos respuestas a nuestros reclamos. No hagamos más análisis de la situación. Ya todos sabemos qué pasa aquí", destacó una vecina que corrigió a Gil presentándose con su nombre cuando él se dirigió a ella como "mamita".
Gil señaló que era necesaria la colaboración vecinal para desarrollar estrategias, pero aseguró que sólo era necesaria una comisión de no más de seis personas que representaran a esa comunidad y mantener reuniones periódicas de análisis y de información.
Todos coincidieron en que en esa pequeña comunidad semi rural la situación es controlable si se asume un verdadero compromiso. Las autoridades prometieron acción y una permanente comunicación con los vecinos para adecuar una estrategia con el fin de combatir el delito en el lugar.
Se dieron nombres y ubicaciones de personas que presuntamente están relacionadas con la venta de drogas y otros hechos delictivos. Habrá otra reunión en 15 días para analizar el avance del accionar policial y judicial, que fue el estamento sobre el que los funcionarios provinciales descargaron prácticamente la responsabilidad.
