Parece un modus operandi. El Gobierno deja de pagar el subsidio provincial, las empresas de colectivos amenazan con resentir el servicio y luego de una negociación todo vuelve a la normalidad, al menos hasta que el Gobierno vuelva a retrasarse en los pagos.
El problema es que la deuda de la administración pública viene creciendo paulatinamente. Cuando arrancaron las amenazas de Autam, el Ministerio de Transporte reconocía que el retraso con las empresas ascendía a 104 millones de pesos. Ayer el titular de esa cartera, Pablo Rousseau, admitía algo más de $ 130 millones.
El nuevo acuerdo entre los empresarios de colectivos y el Gobierno para evitar que las empresas corten el servicio nocturno de transporte público es que cada día la provincia transfiera algo más de 3 millones de pesos, de los cuáles dos millones corresponden al pago diario del subsidio provincial y el otro millón restante es para ir amortizando los pagos atrasados.
Para entender el conflicto hace falta contar cómo se financia el sistema de transporte público provincial. Son tres fuentes de dinero: la recaudación de Red Bus, los subsidios nacionales y el fondo compensador provincial, que paga a los empresarios por kilómetro recorrido.
¿Cómo se calcula el subsidio provincial? Se calculan los costos de todas las empresas de transporte, más la ganancia de los dueños. A ese monto se le resta la recaudación proveniente de los boletos y los subsidios nacionales. El remanente es cubierto por la Provincia para mantener el precio del boleto en $ 4.
De todas esas fuentes de financiamiento, hay una que viene con retraso: el subsidio provincial. Todo lo demás entra como siempre a las arcas de las empresas. La historia de estos retrasos, obviamente enmarcada en la crisis financiera del Estado, se remonta al 14 de julio pasado. Cuando Los Andes informaba el origen del conflicto entre Autam y el Gobierno, en aquel momento el reclamo era por $ 104 millones por 40 días de retraso.
Unos días más tarde empezaron las amenazas de Autam; los empresarios primero pidieron y luego amenazaron con reducir las frecuencias nocturnas para bajar los costos del sistema y no cargar más la deuda, ni tampoco afectar a las empresas por el rojo de mantener el servicio como está.
El 4 de agosto, el Gobierno firmó el primer acuerdo del año con Autam. En aquel momento se acordó el pago diario de 4 millones de pesos y un adicional de un millón de pesos para regularizar los pagos.
El 11 de agosto, la tensión entre las partes volvió a incrementarse súbitamente porque los empresarios aseguraban que el Gobierno no había cumplido el acuerdo firmado la semana anterior. Para esa fecha, la deuda con los empresarios ya era de 116 millones de pesos. Un día después, el Gobierno depositó 10 millones de pesos y la tensión aflojó.
El 23 de setiembre otra vez Autam salió a apurar al Gobierno con no prestar el servicio nocturno de transporte por las deudas. Para ese momento la deuda ya superaba los 120 millones, según Autam, y el Sindicato del Personal de Micros y Omnibus de Mendoza (Sipemom) estaba en alerta y movilización, porque el corte de las frecuencias de la noche implicaba la caída de 150 puestos de trabajo.
El lunes 28 de setiembre el Gobierno ofreció a los empresarios el llamado a audiencia pública para el 9 de noviembre próximo, para discutir un nuevo precio del boleto.
Hubo un encuentro esa mañana y los emisarios oficiales llevaron hasta un ejemplar del Boletín Oficial de ese mismo día en el que ya estaban publicados los decretos llamando al encuentro para discutir el costo del pasaje. Con eso se calmaron las aguas, pero no definitivamente.
El 5 de octubre, otra vez el Gobierno llegó a último momento con 50 millones de pesos para que las empresas cancelaran los salarios de los choferes, quienes estaban lanzados al paro de actividades. Cabe recordar que no eran días fáciles para el gobernador, Francisco Pérez, porque para esa fecha aún no lograba pagar la totalidad de los sueldos estatales.
El 9 de octubre pasado, los empresarios de Autam otra vez amenazaron con cortar los servicios nocturnos. Ese día hubo una reunión con el Gobierno y no hubo acuerdo. La caída de las frecuencias nocturnas estaba prevista a partir de las 22 de ayer.
Pero en la mañana de ayer, sigilosamente llegó la mayoría de los empresarios de colectivos de corta distancia, encabezados por Sergio Pensalfine. Se encerraron en el despacho del secretario Legal y Técnico Francisco García Ibáñez. Allí también estaba el ministro Rousseau y se llegó al acuerdo que pospuso el corte de los servicios nocturnos.
