La Corte Suprema de Justicia dio ayer un plazo de 90 días, hasta el lunes 20 de agosto próximo, para que los gobiernos de Mendoza y de La Pampa, junto con la Nación, lleguen a un acuerdo en el conflicto por el río Atuel.
Los cinco integrantes de la Corte decidieron: "fijar el plazo de noventa días para que ambas provincias y el Estado Nacional arriben a una solución dirimente del conflicto e indiquen el porcentaje de los costos de las obras que cada una de las jurisdicciones afrontará".
También estableció que “deberá tomarse en cuenta la propuesta presentada por la Provincia de Mendoza el 9 de mayo de 2018”. En caso de no llegar a un acuerdo, “se deberán informar las razones que lo expliquen”, en tanto que la Corte definirá el curso de acción ulterior.
Los 90 días suponen una ampliación del plazo que ya había vencido el 20 de febrero pasado y que el máximo tribunal estableció en su sentencia del 10 de diciembre pasado, sin que las dos provincias hubieran llegado a una solución, después de varias reuniones en la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior (Ciai).
El 9 de este mes, ante una audiencia privada de conciliación convocada por la Corte, Mendoza presentó por escrito una propuesta que acompañó de un informe técnico titulado "Programa de recomposición de ecosistemas y atención de la desertificación del Atuel".
De acuerdo con el documento, las obras incluyen la construcción de 25 pozos en una primera etapa, que incrementarán la oferta de agua. La inversión para esas obras es de 82 millones de pesos (62 a cargo de la Nación y 10 millones cada una de las dos provincias).
La segunda etapa tiene que ver con obras de eficiencia de riego en las fincas del sur de la Provincia, que reconecte el río Diamante al Atuel, cuyo costo previsto es de 2.742 millones de pesos (2.216 millones de la Nación, 325 millones de Mendoza y 200 millones de la Pampa).
Y la tercera etapa, relacionada con Portezuelo del Viento, que es el trasvase del río Grande al Atuel. Son 37.056 millones de pesos, de los cuales la Nación aportaría 32.472 millones, Mendoza 3.144 y La Pampa 1.140 millones de pesos.
Moderado optimismo
En Mendoza hay moderado optimismo con la resolución de la Corte Suprema. El Ministro de Gobierno Dalmiro Garay dijo que “en el fallo no se menciona el caudal mínimo”, base del último reclamo judicial de La Pampa, y se habla de obras para llegar a un acuerdo: “admitimos la necesidad de restituir el ambiente, pero para solucionar el problema de La Pampa hacen falta obras que garanticen la producción en Mendoza”.
