El actual Gobierno pretende modificar el convenio colectivo de trabajo de los empleados del Instituto Provincial de Juegos y Casinos que homologó el ex gobernador Francisco Pérez (PJ) antes de culminar su mandato. La forma elegida es por vía de un proyecto de ley que ya ingresó por el Senado.
La Quinta Cámara del Trabajo declaró ese convenio vigente y la Unión Personal de Juegos y Casinos amenaza con iniciar una demanda penal contra el gobernador Alfredo Cornejo (UCR) por no cumplir con una orden judicial y llevar el caso ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por modificar un convenio colectivo firmado por el Estado con un gremio.
Hoy, en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado, el sindicato jura que estará presente para intentar bloquear las modificaciones del convenio que impulsa el Gobierno, aunque las intenciones del gremio chocan de lleno con la mayoría de escaños que tiene el oficialismo en ambas Cámaras legislativas.
Ayer, pasadas las 9 de la mañana. ingresó por mesa de entradas del Senado el proyecto de ley remitido por el Ejecutivo. Cerca del mediodía el titular del Upjyc Martín Caín, ya estaba al tanto del proyecto y amenazando con todo tipo de calamidades para el Ejecutivo:
“Es la primera vez en la historia que un gobierno intenta modificar un convenio colectivo unilateralmente, imponiendo sus mayorías”.
Este proyecto de ley es la continuidad de un largo conflicto que nació con 80 despidos de empleados de planta temporaria del Instituto Provincial de Juegos y Casinos, en enero de este año. La terminación de la relación laboral desató un largo campamento en la puerta del Casino de Mendoza y una sucesión de planteos judiciales para que el Instituto diera marcha atrás con los despidos.
Los Andes había adelantado esta pelea en su edición del 30 de julio pasado, cuando trascendió el fallo de la Quinta Cámara del Trabajo.
En ese fallo, los jueces Antonio Sánchez Rey y Viviana Gil dijeron que el convenio colectivo firmado en octubre de 2015 y homologado por decreto 2026 de noviembre del año pasado, suscripto por el ex gobernador Pérez, estaba vigente aunque no haya sido ratificado por la Legislatura, a pesar de que en el texto del mismo decreto se indicara que la homologación era “ad referéndum” de la Casa de la Leyes.
En ese convenio se establece que no hay empleados de planta temporaria. En realidad establece que todos los empleados de planta temporaria pasan a la permanente y eso choca de lleno con la decisión del Instituto de despedir a 80 empleados nombrados en 2014 por la gestión anterior. “De los 80, sólo deberían reingresar 35. El resto no iniciaron reclamo y aceptaron el despido” dice Caín.
El proyecto de ley que ayer ingresó al Senado consta de dos artículos. En el primero se establece la ratificación del convenio colectivo de trabajo (CCT), con excepción de algunos incisos o artículos completos.
Entre ellos el inciso 1 del artículo 14, en el que se establece que “todo el personal comprendido en el presente CCT gozará de estabilidad en el empleo, la función y el grado de carrera alcanzado y sólo podrá ser dejado cesante o modificadas sus condiciones laborales por decisión de la Junta de Disciplina en los casos probados de mal desempeño”.
De acuerdo a los argumentos del Gobierno provincial, la estabilidad declarada en este apartado, implica una violación del Estatuto del Empleado Público, donde se establece no sólo la existencia del personal temporario, sino también la definición como personal contratado exclusivamente para realización de una tarea eventual.
También se solicita no ratificar el artículo 18, por el que se crea la Junta de Admisión, Calificación y Ascensos, que entenderá en ingresos y ascensos del personal. En el sindicato se entiende que la “eliminación” de este artículo implica la desaparición de los concursos.
Cabe indicar que el artículo 15 del convenio es el que establece el ingreso por concurso a la planta de empleados del Instituto y ese apartado no ha sido vetado por Cornejo. Lo que el Gobierno objeta es la conformación de la junta.
