La última discusión sobre el tema quedó inconclusa a fines de 2012. El debate no pudo ser encarado por haberse incluido la posibilidad de reelección del gobernador.
Quienes hace unos días promovieron la posibilidad de volver a dar esta discusión se justificaron señalando que se trata de una asignatura pendiente de la actual gestión provincial justicialista y reiteran argumentos que de ninguna manera admiten que se pretenda avanzar sobre el texto constitucional por un mero capricho o anhelo político, como el hecho de que se trate de una norma casi centenaria, ya que prestigiosos constitucionalistas han reconocido que se trata, pese a esa supuesta obsolescencia, de uno de los mejores textos constitucionales en vigencia que tiene nuestro país.
En estos casi tres años de período de gobierno de Francisco Pérez el tema siempre estuvo instalado, pero las sucesivas postergaciones no se debieron a mala voluntad de los demás sectores políticos sino que mucho tuvieron que ver con las más o menos encubiertas intenciones de dotar al titular del Ejecutivo provincial de la posibilidad de una reelección para el período siguiente al de su ejercicio, algo que la Constitución de Mendoza se encarga de prohibir.
Otros argumentos de quienes han vuelto a plantear la necesidad de debate de una reforma constitucional es no encontrarse incluidos en la Carta Magna provincial aspectos que sí fueron planteados en la Constitución nacional en 1994, como la reforma municipal, o la pretendida limitación para la reelección de cargos electivos: intendentes, legisladores y concejales. Estos detalles pueden ser salvados cómodamente aplicando el mecanismo que la misma Carta Magna de la Provincia prevé, con la enmienda de un artículo por año.
Lo que debe comprender la dirigencia política, y en este caso puntual el oficialismo, es que los tiempos para cierto tipo de debates deben ser respetados porque casi siempre responden a circunstancias que llevan a la ciudadanía, que es en definitiva la que decide, a interesarse según sus prioridades y necesidades.
Un debate profundo de la reforma constitucional provincial no es recomendable que se encare cuando un gobierno se encuentra ya en la recta final de su mandato. No importa, como dicen ahora en el oficialismo, que haya quedado descartada toda especulación reeleccionista y de posible beneficio a los actuales gobernantes. O que si se avanza con la iniciativa en virtud de los tiempos establecidos recién en 2018 podrá concretarse la tan buscada reforma.
Lo que deberían contemplar los cuadros políticos de la provincia es el momento elegido para que el ciudadano realmente se interese en lo que se le propone, como también el clima político imperante para que lo que se ponga a consideración popular cuente con el necesario conocimiento para un voto serio, responsable.
En estos momentos los partidos mendocinos necesitan ajustar sus respectivos roles de gobierno y oposición para el último año de la actual gestión y preparar sus propuestas para que la ciudadanía elija nuevas autoridades el próximo año.
