Una nueva pulseada entre el Gobierno y el radicalismo se espera para esta semana. Es que el principal partido de la oposición concretará en estos días lo que ya anunció -y en lo que viene trabajando- a fines de abril: va a recurrir a la Suprema Corte de Justicia con el objeto de intentar frenar la aplicación de las modificaciones a la Ley de Contabilidad, que permite al Poder Ejecutivo endeudarse por $ 1.270 millones.
Es que la UCR sostiene que la norma, que fue aprobada el 21 del mes pasado entre apuros oficiales y quejas opositoras, es inconstitucional. Pero, desde el oficialismo, continúan asegurando que no es así y que "hasta que se demuestre lo contrario, la ley está vigente".
El lunes 5 de mayo referentes del radicalismo se reunieron en la Municipalidad de Godoy Cruz para firmar cinco cartas documento que luego enviaron a los titulares de los distintos órganos de control de la provincia.
El objetivo fue, justamente, intimarlos a que inicien las acciones necesarias para declarar inconstitucional a la llamada "reconducción presupuestaria".
Una de esas cartas tuvo como destinatario al fiscal de Estado Adjunto, Javier Fernández. En él tiene focalizada sus ilusiones el principal adversario político del gobierno de Francisco Pérez, el intendente de ese municipio, Alfredo Cornejo.
"Estamos muy esperanzados en que sea el propio fiscal quien declare la inconstitucionalidad. Se lo hemos pedido y es lo que corresponde, que sea él quien lo haga. Nuestro planteo se basa en algo simple de comprender y que es muy claro".
"Hay viejos dictámenes de la Fiscalía de Estado y de Asesoría de Gobierno que determinan que no se pueden contraer empréstitos si no es por ambas cámaras legislativas (diputados y senadores) y aprobado por dos tercios del total", explicó el cacique godoicruceño, que además remarcó que la UCR sigue abierta a tratar el Presupuesto 2014. Hasta el momento, recordemos, sin aprobación.
En ese sentido, Cornejo se explayó en la necesidad imperiosa de que la pauta de gastos de este año se consiga pero sin endeudamiento.
"Hay muchas provincias que están pagando deudas viejas sin tomar deudas nuevas. Le pedimos por eso al Estado provincial que no tome deuda porque es de muy mala calidad y no es clara", explicó el jefe comunal, que además contó que hay varios abogados trabajando en el escrito que presentarán esta semana (si terminan su confección) a la Suprema Corte.
Se trata de un grupo integrado por los legisladores radicales Juan Carlos Jaliff, Martín Kerchner y Víctor Scatereggia y el constitucionalista Víctor Ibáñez. "Las dos sesiones en las que se trató la ley de Contabilidad fueron nulas; tanto la del Senado como la de Diputados. Además no se reunieron las mayorías necesarias para su aprobación. La Constitución sólo prorroga el presupuesto en sus partidas ordinarias".
"Las normas de 2013 se terminaron el 31 de diciembre de 2013. La inconstitucionalidad también reside en que la norma (que es la 3.799) habla de todo el presupuesto y no exclusivamente de las partidas ordinarias. Por eso vamos a presentar un recurso extraordinario ante la Suprema Corte y también el pedido de que se suspenda la aplicación de esta ley hasta que se resuelva la cuestión de fondo", argumentó el senador provincial Juan Carlos Jaliff.
La voz oficial
Tal cual pasa mil veces entre radicales y peronistas, en este caso también parece tratarse de una misma "película" en la que dichos espectadores ven historias totalmente opuestas. Esto es porque desde el oficialismo sostienen con absoluta tranquilidad y confianza que la norma es totalmente constitucional.
"La ley es constitucional hasta tanto lo determine la justicia. Ellos (por los radicales) mandaron cinco cartas documento intimidando, porque no fue intimando, a organismos estatales. La ley fue aprobada de manera constitucional y eso no es retroactivo. Es decir, que está vigente hasta tanto se determine lo contrario. Estamos totalmente convencidos de eso", enfatizó el ministro de Hacienda, Marcelo Costa.
Asimismo, el funcionario de Pérez dijo que el radicalismo está atentando contra las instituciones. Es que el partido de Alem se reunirá con autoridades bancarias para "ponerlos en alerta de que la toma de deuda es inconstitucional y que sepan los riesgos de prestarle dinero al Estado mendocino", agregó Cornejo. "Es algo inusitado y que no se vio nunca en 30 años de democracia. Quieren poner en riesgo las finanzas provinciales", remarcó Costa.
