El caso de los sobreprecios en la contratación de servicios de comunicación durante el gobierno de Celso Jaque sigue dando nuevos elementos en contra de los investigados en la causa.
El fiscal de Delitos Complejos, Santiago Garay, esperaba ayer a los cuatro imputados del caso de sobreprecios en la contratación de servicios de publicidad, pero sólo se presentó Pablo Catania, quien justamente no estaba comprometido en esta citación.
Es que Garay encontró otra contratación sospechosa, por más de 900 mil pesos, y en ella no estaba la firma del ex funcionario que se presentó en Delitos Complejos, sino la de los otros tres imputados:
Alejandro Cazabán, Gustavo Mátar y Ricardo Funez
.
Ahora son 11 las contrataciones que involucran a los mismos actores y siempre con sobreprecios, comparando con lo que actualmente se paga en el mercado.
La causa estalló el miércoles 8 de mayo, cuando el fiscal Garay allanó las oficinas y el domicilio particular de Mátar. En ese momento se hizo pública la investigación acerca de la sospechosa trama de contrataciones de servicios de comunicación y que terminaría impactando en la propia interna del PJ.
Un mes después, entre el 5 y el 7 de junio, Garay imputaba a los cuatro involucrados por "Defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública"; a Cazabán le pesa además, la figura de "Incumplimiento de los deberes de funcionario público".
En aquellos primeros días de junio, Garay tenía bajo análisis cinco contrataciones en las que el beneficiado había sido Mátar. Y, de acuerdo a la evidencia encontrada por Garay, esos contratos podrían haberse hecho con otras empresas pagando mucho menos, en algunos casos hasta 80% menos.
De esas cinco causas, hay una en la que está la firma de Catania; en el resto está la de Funez. Cazabán está en todas, por haber sido el superior jerárquico de los dos funcionarios. Catania había sido el director de comunicación de Jaque hasta mediados de 2011 y fue sucedido por Funez, quien estuvo en el cargo hasta el final del mandato del ex gobernador.
El 22 de agosto, Los Andes informaba que se habían sumado otras nuevas contrataciones sospechosas de sobreprecio. Se trataba de cinco que se sumaban a las cinco iniciales. Y en todas están involucrados Mátar como el contratado y Funez y Cazabán como los contratantes.
Ayer se sumó una nueva contratación para llegar a 11 contratos sospechosos. Esta vez por más de 900 mil pesos y nuevamente los involucrados son Mátar, Funez y Cazabán. Tantas causas agravan más el panorama de los implicados pero, además, pueden dar lugar a que se incluya una nueva figura penal que agravaría la situación: asociación ilícita.
El panorama se ensombrece y las respuestas de la defensa parecen ir por un carril ya conocido. Los abogados del ex secretario general de la Gobernación han presentado una oposición contra el fiscal Garay, acusándolo de coartar el derecho de defensa de su defendido. La acusación es porque la defensa de Cazabán había pedido un amplio listado de medidas de prueba.
El fiscal Garay respondió a esos pedidos que sólo llevaría adelante aquellas medidas que fueran pertinentes con los hechos que investiga. Entonces, los abogados defensores de Cazabán, Diego Lavado y Sergio Salinas, presentaron la oposición contra el fiscal. Esta oposición deberá ser resuelta por un juez de garantías.
En realidad no es la primera vez que Garay debe sortear este tipo de obstáculos que parecen tener el objetivo de correrlo de la causa. En junio pasado, cuando se conocieron las imputaciones de los involucrados en la causa, se presentaron dos recusaciones, una de Cazabán y otra de Funez. Ninguna de las dos prosperó.
