Recientemente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó varios recursos presentados en causas por corrupción que podían generar efectos dilatorios, en una clara señal hacia adentro del Poder Judicial tendiente a agilizar los procesos en curso. La acción del máximo tribunal se produjo en el último mes y medio, según detalla la información periodística, e inevitablemente incluye casos en los que se ven involucrados ex funcionarios de los gobiernos kirchneristas o personas allegadas a ellos.
También se indicó, en base a la información de fuentes tribunalicias, que una buena cantidad de los mencionados recursos que llegaron a la Corte fueron rechazados por los miembros del tribunal por improcedentes. De ese modo, las causas siguieron su itinerario hacia el enjuiciamiento de los involucrados en los hechos denunciados.
Esta decisión de la Corte Suprema de Justicia se da en momentos en los que varios representantes de la época kirchnerista deben pasar por los tribunales para responder a los cargos en su contra. Es el caso del ex súper ministro Julio De Vido, al que en estos momentos se lo somete a juicio como principal responsable de la tragedia ferroviaria de la estación Once en virtud del pésimo estado de mantenimiento del antiguo material rodante de la Línea Sarmiento de trenes.
El ex vicepresidente Amado Boudou también se encuentra en lista de espera por nuevas causas judiciales vinculadas con su paso por la función pública. Lázaro Báez, José López y el ex jefe del Ejército César Milani están incluidos en el listado de casos sobre los que la Corte no aceptó la presentación de recursos dilatorios por parte de los abogados defensores de cada uno de los ex funcionarios.
El énfasis puesto en esta oportunidad por los jueces de la Corte nacional es elogiable, ya que su determinación no dejó ninguna alternativa a eventuales estrategias en contra del ritmo judicial que la ciudadanía argentina viene reclamando desde hace mucho tiempo. En efecto, hace ya cuatro años el mismo tribunal disponía la creación de comisiones entre magistrados inferiores con el fin de elaborar un diagnóstico sobre los problemas que afectaban entonces al fuero penal, incluyendo el foco en los casos de corrupción denunciados, y se pedían propuestas para acelerar las causas.
Con el tiempo se comprobó que el resultado no fue el esperado, por lo menos en cuanto a su celeridad, posiblemente en virtud de la enorme presión que el kirchnerismo ejerció desde el poder hacia los distintos rangos de la Justicia con el fin de proteger a sus personajes marcados por los desmanejos de todo tipo.
En la Argentina nunca resultó fácil hablar de corrupción desde los estamentos del Estado y encarar estrategias para erradicarla. Eso muchas veces llevó a una indiferencia generalizada de la ciudadanía, que llevó a que los argentinos sólo se conmovieran por los ilícitos del poder cuando el inevitable peso de la justicia independiente cayó sobre sus responsables políticos, en algunos casos emblemáticos representantes de distintos procesos. Es por ello que este compromiso que pretende asumir la Corte al alentar a los jueces a investigar y expresarse por las causas por prácticas corruptas que llegan a sus puestos de trabajo puede ser la línea de partida de una carrera anticorrupción que la Argentina debe encarar para que el sueño de un país viable sea posible alguna vez.
