OSEP da de baja 30 nombramientos

Se trata de los que se hicieron en planta permanente pero tuvieron “vicios groseros” -según el Directorio de la Obra Social- en el trámite de designación. Hay varios nombres de allegados a la política con salarios suculentos y al menos 100 puestos más en

OSEP da de baja 30 nombramientos

El directorio de la Obra Social de Empleados Públicos dispuso la baja de 30 nombramientos en la planta permanente de la OSEP por la comisión de 'vicios groseros' en su trámite de designación, durante la administración del gobernador Francisco Pérez.

La notificación de la baja a los destinatarios  se llevará a cabo hoy mismo y entre los que quedarán afuera están familiares y amigos de ex funcionarios como la hermana del ex ministro de Trabajo, Rodolfo Lafalla, y el ex senador provincial Luis Ruzo; ambos cargos con sueldos de de entre $ 60.000 y $ 70.000. Además, hay otros cuestionados allegados al ex gobernador Francisco Pérez y algunos de sus funcionarios.

Los Andes confirmó que la resolución no sólo contó con los votos favorables de los directores por el Ejecutivo, el presidente Sergio Vergara y Carlos Funes, sino también de los representantes gremiales Raúl Zúñiga (municipales) y Orlando Cornejo (ATSA). Ambos directores sindicales ya habían votado en contra de las incorporaciones hoy cuestionadas durante el anterior directorio que presidía Alberto Recabarren.

La medida se concreta hoy, tres días después de que el Instituto Provincial de Juegos y Casinos dispusiera el cese de 84 empleos temporarios y cuando el sindicato del sector ha convocado a una concentración de personal para esta mañana en San Martín y Brasil tras un fin de semana de paro y 'acampe'.

Y en momentos en los que el Ministerio de Salud debe definir -esta semana- si mantendrá o devolverá a sus lugares de origen a 350 adscriptos procedentes de otras áreas del Estado, luego de que el viernes le diera continuidad  a 450.

En las últimas tres semanas, el gobierno de Alfredo Cornejo dejó caer 40 contratos en Cultura, dio de baja 101 suplencias entre celadores de escuela, anuló más de 80 nombramientos en la administración central y comenzó a evaluar el regreso al aula de los docentes en misiones especiales.

Todo sucede en medio de una polémica que crece entre un Gobierno dispuesto a 'limpiar al Estado de acomodados' y unos gremios estatales -con distintos grados de intranquilidad- que comienzan a denunciar que los 'ñoquis' son el pretexto que esconde una 'ola de despidos' y de persecución.

En la OSEP no se habla de 'despidos' ni de 'echadas' porque 'no se puede expulsar a alguien que nunca ingresó'. Y argumentan que las resoluciones que dispusieron los pase a planta permanente 'son insanablemente nulas por la comisión de vicios groseros y la violación de la normativa existente, por lo que nunca existió acto válido'.

El actual directorio de la OSEP tiene dos vacantes y sólo lo integran cuatro de los seis miembros previstos. Sobre la elección de los directores obreros existe una disputa entre quienes propician que los designen -como hoy- los gremios (UCR, ATSA y Municipales) y los partidarios de la elección directa de los empleados (FpV, FIT, SUTE, ATE, Ampros, Judiciales).

Algunos detalles
Según trascendió, entre los treinta alcanzados por la baja se encuentra el ex presidente de la bancada justicialista en el Senado, Luis Alberto Ruzo cuyo 'nombramiento' le reservó una clase 16 con suplemento de subrogancia y un sueldo bruto de 59 mil pesos por mes.

También figura la hermana del ex ministro de Trabajo, Rodolfo Lafalla, María del Rosario Lafalla a la que se la efectivizaba con una jornada de trabajo de 44 horas semanales con bloqueo de título y un ingreso bruto cercano a los 70 mil pesos mensuales.

En el listado de las notificaciones se encuentran dos ex colaboradores de la anterior administración: Federico Paparini (Legal y Técnica) y Rolando Piantini (Turismo). A ambos se les otorgaba una clase 15 con jefatura de departamento, aunque sin definición de área ni personal a cargo. Piantini es hermano del secretario privado del ex gobernador Francisco Pérez, cuyo nombramiento también fue anulado en la Administración Central.

Además, está el proveedor de servicios jurídicos, Daniel Ricardo Poletti, vinculado profesionalmente al ex jefe de Gabinete de la obra social (y abogado) Luis Tonelli, ex asesor de Pérez en Infraestructura.

Ninguno de ellos ingresaba por la clase inicial sino en puestos jerárquicos. En ningún caso hubo concurso como establece la normativa vigente.
"Sin estos treinta nombramientos la obra social se ahorrará un millón de pesos por mes", enfatizan en la OSEP. Allí confirman que se están revisando otras 400 designaciones, y adelantan próximas novedades sobre cien de ellas.

En más de una oportunidad, Vergara ha destacado que la planta de personal actual de la obra social asciende a 3.700 personas, '1.200 más que en 2007 a pesar de que en estos ocho años se han jubilado 700 empleados'. Y que la deuda al 31 de diciembre asciende a los 850 millones de pesos sobre un presupuesto de 3 mil millones.

Ya en octubre de 2015 el senador radical, Jorge Palero, el presidente del bloque de Diputados de la UCR, Gerardo del Río y el -en ese momento- titular de la UCR, Sergio Pinto, denunciaron en conferencia de prensa la ubicación de 'amigos y parientes' de funcionarios del gobierno de Pérez en la OSEP.

Por entonces, ya mencionaron a Piantini y a Paparini y aportaron otros nombres que -se estima- pueden estar en el listado de 'bajas' que se conocerá hoy.

Entre ellos, también se encuentra el del jefe de Recursos Humanos de la OSEP, Claudio Viadana -como subdirector de Administración de Personal de la obra social y con la máxima clase 17- y el de su esposa Felisa Córdoba, con un cargo permanente de clase 4 pero subrogando una categoría 12, a pesar de carecer de la antigüedad necesaria.

También hicieron mención al caso de Gustavo Agüero, quien fue secretario privado del ex ministro Guillermo Elizalde y se lo 'efectivizó' en 2015 en la codiciada clase 17.

Definen 350 cargos esta semana en Salud

El Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes dispuso el viernes que a partir del 1 de febrero de 2016, 450 adscriptos, de distintas reparticiones del Ministerio, continúen en su lugar de trabajo. Esta semana se evaluará la necesidad de los restantes 350; informaron oficialmente.

La decisión se basa en lo establecido en el decreto 2.701 que establece que: "Todo personal del Ejecutivo Provincial que se encuentra cumpliendo funciones en otra dependencia diferente a la que establece su cargo de planta, debe ser evaluado en cuanto a las funciones que cumple y si debe volver a su trabajo de origen". En referencia al tema, el ministro Rubén Giacchi explicó: "Esta medida busca reordenar la planta de personal y conocer el destino de todos los agentes sanitarios que trabajan para el Estado, de modo de poder evaluar la necesidad de las afectaciones".

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