A partir de ahora, los afiliados a la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) que se encuentren internados en un hogar para adultos mayores, recibirán un subsidio de 15 mil pesos para pagar la cuota mensual, que serán depositados en su propia cuenta bancaria.
Esta modalidad, que rige desde principios de mayo, reemplazará a los convenios que la prestadora mantenía con unas diez instituciones dedicadas a este rubro.
Entre los argumentos mencionados por las autoridades de la prestadora, figura que de este modo los hombres y mujeres que necesitan de este servicio tendrán la posibilidad de elegir el lugar en el que permanecerán y ya no tendrán que limitarse a los sitios con los que la obra social tenía convenio. En este sentido, los familiares y/o responsables a cargo tendrán un rol fundamental, ya que deberán realizar los trámites correspondientes para llevar al día los papeles.
Viviana Lasagni, directora del Programa de Gestión de Adultos Mayores de OSEP, indicó que desde el año pasado se planteó la necesidad de unificar los módulos e incrementar los montos y el porcentaje que aportaba OSEP para otorgar la cobertura.
Según Lasagni, el incremento fue de 50 a 80%. "Antes el afiliado pagaba el 50% de la cuota y el resto lo cubría OSEP. Ahora la cobertura es de 80% y el afiliado paga 20%", dijo. En total, la obra social pasó de pagar 11 mil pesos por afiliado internado en una institución a 15 mil.
Lo cierto es que los convenios dejaron de ser renovados el 30 de abril y este mes la obra social se comprometió a depositar el dinero, aunque sin especificar un fecha concreta.
Para los familiares de los afiliados en esta situación, la decisión de las autoridades de OSEP, fue cuando menos, arbitraria. Ellos sostienen que esta situación deja desprotegidos a los adultos mayores, puesto que no los han notificado sobre el cambio ni tampoco les garantizan las fechas en las que se realizarán los depósitos para abonar las cuotas.
De este modo, las familias consideran que deberán estar atenidas a los atrasos en los pagos de la obra social, poniendo en riesgo la continuidad de las internaciones de sus seres queridos.
Por otra parte, destacan que la metodología fue tomada de manera unilateral con el objetivo de “desligarse de las personas mayores”.
Según Lasagni, la intención es justamente la contraria y aclaró que la obra social seguirá realizando seguimientos y controles en las instituciones donde estén internados sus afiliados.
“Esto implicará más compromiso de las familias respecto de sus adultos mayores porque de este modo deberán estar más presentes. Por otra parte, se trata de una manera de regularizar la situación porque de este modo se requerirá que se realice la presentación de la supervivencia cada tres meses y la ficha médica cada año”, dijo la funcionaria de la prestadora y agregó que las facturas deberán ser presentadas todos los meses por las personas responsables del adulto mayor.
De acuerdo a los registros de Osep, hay 140 mendocinos/as que requieren de los servicios de internación permanente en un hogar.
Desde el punto de vista de los hijos de personas que requieren estar en un geriátrico y que están afiliadas a Osep, se trata de una medida "despiadada". Mariano Pareti es uno de los familiares que pide explicaciones concretas respecto de la decisión de Osep. Cuenta que su mamá, Mirtha (76) se encuentra en un geriátrico donde recibe todos los cuidados necesarios.
Ella necesita atención permanente de cuidadores y profesionales, puesto que le amputaron una pierna debido a la diabetes que padece. Pero además, tiene cáncer de mama (se encuentra en plena fase de tratamiento de quimioterapia), presión ocular y glaucoma.
“Cuando se enteró que se iba a dar de baja a los convenios le subió la presión y tuvo que ser atendida de urgencia. Es un proceder inhumano hacia todos los adultos mayores que están afiliados a la obra social”, dijo Mariano.
Los motivos de las quejas giran en torno de la falta de respuestas acerca de las fechas de pago como así también las demoras a la hora de contar con turnos médicos -que se otorgan de manera extendida en el tiempo- para presentar los papeles y así contar con el depósito correspondiente.
“Perjudican a cientos de personas que están indefensas, esto debe impedirse”, defendió Pareti y recordó que ningún familiar ni tampoco los afiliados fueron notificados debidamente de este cambio. “No hay ninguna clase de notificación escrita. Es un proceder totalmente irregular”.
Para los dueños de geriátricos que tenían convenio con la obra social, la medida fue tomada con incertidumbre. "No sabemos si pagarán a tiempo y a la vez en el caso de que haya atrasos no podemos dejar a las personas fuera porque sería abandono de persona. Nos dejan en el medio de la situación", dijo el propietario de una institución que prefirió resguardar su nombre.
La queja se sostuvo en el hecho de que “hay familiares abandónicos y que incluso podrían aprovecharse de la situación. Los abuelos quedarían desprotegidos”, expresó la misma fuente e indicó que en realidad los convenios con la obra social se realizan de manera anual, por lo que el actual, habría caducado en diciembre de este año y no en abril. “Decidieron darles de baja de manera abrupta”, aseguraron.
Martín Orozco es otro mendocino cuya madre se encuentra alojada en una institución. Asegura que la obra social no le ha garantizado si por ejemplo, actualizará los montos a depositar, en sintonía con la actual inflación. Tampoco cuenta con un documento donde la prestadora se comprometa a depositar todos los meses y de manera puntual el dinero para pagar las cuotas.
“¿Y si hay atrasos en los pagos como los vienen haciendo, cómo responderemos los familiares?”, interrogó y detalló que hay casos en que los familiares a cargo de las personas internadas también son adultos mayores.
