Un organismo internacional toma el caso de la muerte de Roberto Soto en Chile

Los familiares de Roberto Soto, el joven mendocino que murió en Chile en enero de 2011,  inició una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica. Lo concretó ahora, a un año de que el expediente quedara cerrado por la justicia del vecino país.

Roberto se encontraba de vacaciones en la zona de Reñaca, junto a un grupo de amigos "de toda la vida". Fue durante el mes de enero del verano de 2011, cuando su cuerpo apareció sobre las vías del Metro de Valparaíso, en las inmediaciones de la estación Bellavista y según se informó oficialmente se trató de un suicidio.

Sin embargo ese informe de Carabineros, basado en lo investigado por la PDI chilena, nunca fue suscripto por los padres del joven, que no sólo descartaron esa versión, sino que comenzaron un peregrinar por organismos oficiales y también contrataron abogados del vecino país, en un esfuerzo que hasta ahora no dio ningún resultado positivo.

Ahora Los Andes pudo constatar durante una entrevista con Julio Roberto Soto, padre del joven, que la causa fue cerrada por la justicia de Chile en marzo del año pasado. Por eso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos "tomó cartas en el asunto".

"Hay amenazas o miedo"

El padre de Roberto aseguró que denunció a los letrados chilenos Jorge Morales Cortes y Cristian Ramírez Tagle por "negligencia" en el tratamiento de la causa.

"No hicieron nada y tampoco nos presentaron como querellantes, y eso nos hizo quedar afuera de la investigación", aseguró ahora el hombre, agregando que "pienso que es por amenazas o miedo" que terminan abandonado el caso. Recordando que "a nosotros también terminaron amenazándonos".

Y la razón podría estar en el hecho de que el hombre, a poco de ocurrido el hecho, pudo comprobar -y así lo denunció- que existía "documentación que había sido adulterada e incluso firmas falsificadas en varios documentos".

En otro tramo de la charla el hombre confió que "pude demostrar que el video que me entregaron a dos días de una audiencia estaba editado, es decir que se pudieron eliminar cosas importantes para el esclarecimiento de lo ocurrido, aunque no pude encontrar eco por parte de la jueza de la causa".

Finalmente el hombre, que al igual que su esposa (Sandra) sigue descartando el suicidio como hipótesis (ambos insisten con que su hijo fue asesinado), aseguró que "pese al empeño original puesto por las autoridades mendocinas, reconociendo que con su ayuda pudimos repatriar los restos del chico, después María José Ubaldini (directora de Derechos Humanos de la provincia) se desvinculó del caso".
 
Mientras que en los reclamos ante la Cancillería argentina "nunca obtuvimos una respuesta".