La Sala Nueve de la Cámara Nacional del Trabajo prorrogó el mandato de la comisión directiva 2013-2016 del Sindicato de Judiciales.
Por lo tanto la actual conducción volvió a estar encabezada por Carlos Ordóñez como secretario general, Adriana Domínguez adjunta y Laura Rinaldi gremial.
La decisión judicial tiró por tierra las resoluciones del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, que disponía la intervención del gremio.
E hizo caer la decisión de la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia, que encabeza Alejandro Jofré, de no admitir al sindicato judicial en la discusión paritaria 2017 "por la falta de acreditación" de sus negociadores paritarios. Estas acreditaciones son otorgadas -precisamente- por el ministerio que había dispuesto la intervención, con lo que la exigencia fue de imposible cumplimiento, hasta ayer.
Con la decisión de la sala de los jueces Fera, Pompa, Balestrini, Moreno y Dobarro, ahora el ministro Triaca deberá otorgar esas certificaciones. Consecuentemente, la Subsecretaría de Trabajo de la provincia recibirá al sindicato en la paritaria.
“Estamos con las facultades plenas luego de que intentaron ahogarnos”, celebró Ordóñez. Su sindicato sufrió el bloqueo de su cuenta en el Banco Nación y debió apelar a la Federación Judicial (de la que Ordóñez es dirigente) para mantener la llegada de recursos para la actividad diaria durante siete meses.
"Se cayó esta burda maniobra de los poderes ejecutivos nacional y provincial para desmantelar un gremio de pelea y ahora nos proponemos encarar la reconstrucción salarial de nuestros representados". disparó. "Los últimos dos decretos del gobernador Cornejo le dieron 25% de recomposición a los judiciales en 2016, cuando los jueces tuvieron alzas de 41% y 17% en 2017 cuando los magistrados llevan hasta hoy 21% de suba". Y se quejó: "Porcentajes mayores para los que ganan más y menores a los sueldos más chicos. ¡Eso agiganta las diferencias!".
Ordóñez tuvo una mención especial para el abogado laboralista Hugo Marcelo Parrino, el "interventor" designado por Triaca que nunca se pudo hacer cargo del gremio. "Cuando quiso entrar le dijimos que trajera la orden judicial que lo designaba. Y no volvió nunca", fustigó Ordóñez. "Ahora creo que va a pasar a la historia como el único abogado laboralista que se prestó a un intento de intervención ilegal a un gremio judicial en democracia", remachó.
La reposición de Ordóñez repercutió sobre una Casa de Gobierno que leyó atentamente la resolución. E inicialmente la interpretó como “un adelanto virtual de la anulación del proceso electoral 2016 en el gremio”. Es que estiró el mandato de la conducción saliente y no entregó el gremio a la dirigencia entrante (de la misma Lista Verde). El pronunciamiento sobre la validez e invalidez del acto electoral es la cuestión de fondo sobre la cual habrá una decisión de la cámara aunque sin fecha de salida. O convalida y proclama a Adriana Domínguez como titular del gremio hasta 2019. O anula y ordena a Ordóñez que convoque a una nueva elección.
"Avalan una monarquía sindical"
El dirigente opositor de la Lista Bordó Sergio Mortarotti cuestionó el fallo judicial que repuso a Carlos Ordóñez al frente del gremio judicial. "La Cámara se apartó de la ley para los casos de acefalía -artículo 56 de la ley 23.551-y terminó avalando a una monarquía sindical", disparó.
Y volvió a reclamar una normalización del gremio a través de un nuevo proceso electoral. Estimó que la Cámara se tomará “años” antes de definir la validez o invalidez del proceso electoral anterior que impugnó ante el Ministerio de Trabajo.
Mortarotti es un auxiliar administrativo que define a su agrupación como una organización permanente en la que "conviven gansos, radicales y kirchneristas" que propone otra forma "de defender a los judiciales". En junio 2016 la Lista Verde de Ordóñez-Domínguez obtuvo 743 votos y la Bordó de Mortarotti 710. tras lo cual impugnó al proceso. Sólo después que Domínguez asumió, el Ministerio de Trabajo anuló el comicio en octubre.
