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hace 1 hora
El desplazado titular del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), Omar "Caballo" Suárez, quedó preso hoy al ser procesado como supuesto jefe de una asociación ilícita formada para coaccionar a empresas martítimas y defraudar por sumas millonarias a los afiliados al gremio que condujo durante 28 años.
La decisión fue del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, quien amplió el procesamiento del sindicalista cercano a la ex presidenta Cristina Kirchner y lo acusó como "jefe u organizador de asociación ilícita, administración fraudulenta y coacción", embargó sus bienes por diez millones de pesos y le dictó la prisión preventiva por entender que mantiene influencia en el SOMU y habría sustraído pruebas tras la intervención ordenada por el juez, según el fallo de 120 carillas.
La orden de captura fue cursada ayer al jefe de la Policía Federal pero Suárez se presentó por la mañana en los tribunales federales de Comodoro Py 2002 junto a su defensa y allí se lo detuvo, se cumplieron los trámites de rigor y se ordenó su traslado provisorio a la comisaría 23 del barrio porteño de Palermo.
El juez procesó además sin prisión preventiva como miembros de esa asociación ilícita, administración fraudulenta y coacción a otros 9 acusados, entre ellos el ex tesorero del SOMU, Juan Manuel Medina.
"No quedan dudas a esta altura de la investigación que del análisis del basto caudal probatorio, empero fundamentalmente por los testimonios que dan cuenta de que Enrique Omar Suarez era quien impartía todas las directivas en el gremio, que lo manejaba unilateralmente y a su discreción, más los cargos de máxima jerarquía que ocupaba, de que el nombrado ha comandado la asociación y ejercido efectivamente el poder sobre el resto de los demás miembros del conglomerado, quienes aceptaron su liderazgo", sostuvo el juez en el fallo.
El sindicalista está acusado de montar una "banda" para exigir grandes sumas de dinero a empresas marítimas extranjeras a cambio de no obstaculizar su ingreso a los puertos argentinos y otorgarle el llamado "waiver", un permiso para operar con las mismas normas que los barcos nacionales.
Según documentación en la causa, entre 2010 y 2011 ingresaron a la empresa investigada, San Jorge Martíma, unos cinco millones de dólares "en concepto de capacitación".
Este dinero se pedía con la excusa de capacitar marineros para operar esas embarcaciones, pero para la Justicia era desviado a una fundación del SOMU y desde allí a una empresa vinculada a los acusados, San Jorge Marítima S.A, desde donde "se desviaba el dinero" en perjuicio de los afiliados al gremio.
"Surge de toda esta operatoria relatada que el Sr. Omar Suarez negociaba accediendo a otorgar (atribución que no le corresponde porque es potestad propia del poder público) una excepción reglamentaria (Dec Nº 1010/2004) a la empresa beneficiaria del permiso (waiver) a cambio de importantes sumas de dinero en concepto de capacitación y que se liquidaban como si los trabajadores realmente hubieran prestado servicios", concluyó el fallo.
Y así "el dinero que se pedía para la escuela de capacitación se desviaba a la Fundación Azul que a su vez la volvía a redireccionar a San Jorge Marìtima S.A"
Paralelamente, los "entorpecimientos y puestas en peligro de embarcaciones fueron efectuadas con la finalidad de perjudicar a las empresas navieras para obtener liberalidades en forma ilegal o en su caso lograr con dicho hostigamiento que se retiren del mercado para esa manera posicionar en su lugar al holding de empresas vinculadas a los integrantes de la asociación ilícita", afirmó el juez.
Los acusados fueron procesados también por defraudar a los afiliados al gremio mediante contrataciones con sobreprecios, irregularidades en la administración de los bienes del sindicato y en su obra social.
Por ejemplo se detalló que "Carlos Kunkel y su esposa, la senadora Cristina Fioramonti utilizaban como propios los rodados Ford Kuga (patente LZW-034) y Volkswagen Passat (Dominio LMJ-534) pertenecientes al Sindicato, a los que el SOMU abonaba los gastos de seguro, patente y mantenimiento, ello con dinero aportado por los afiliados y en su perjuicio".
Suárez ya había sido procesado por Canicoba por el delito de "obstrucción de vías marítimas", por el que irá pronto a juicio oral y ahora amplió ese procesamiento para agregar cargos más graves que prevén hasta diez años de prisión.
Además es investigado en otra causa por supuesto lavado de dinero, luego de una imputación en su contra hecha por el fiscal federal Ramiro González.
Al ordenar apresarlo, Canicoba entendió que el sindicalista "continua ejerciendo su rol como jefe de la asociación ilícita mencionada ejecutando todavía y en las sombras el poder de mando y económico que supo lograr durante los casi 30 años que estuvo al frente del Sindicato mediante medidas extorsivas sobre distintas empresas relacionadas con la actividad naviera".
Esto "le permite tener aún hoy una injerencia sobre una masa importante de afiliados al gremio y sobre los restantes integrantes de la asociación ilícita que le responden actualmente, utilizándolos como medio para efectuar distintos actos de entorpecimiento al avance de esta investigación", advirtió el juez.
Y dio por probado que seis días después de la intervención judicial a una empresa vinculada a los acusados, "San Jorge Marítima SA", un empleado retiró 15 cajas con documentación contable que no fue aportada a la Justicia, entre otras maniobras.
Suárez "manejaba el gremio en forma unilateral y todas las decisiones era tomadas por el nombrado" por lo que el juez advirtió que "este entorpecimiento fundamentalmente se ve ejecutado por orden de Suárez".
En tanto, en las declaraciones que formuló esta mañana, el magistrado explicó que Suárez había sido indagado por estos hechos diez días atrás y que, ahora, fue procesado con prisión preventiva y "comunicado".
