Los mendocinos tenemos la gran oportunidad de corregir las numerosas situaciones territoriales conflictivas que actualmente se registran en toda la jurisdicción provincial, especialmente en el Gran Mendoza.
La administración que encabeza el gobernador Alfredo Cornejo presentó hace días el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial, que es la llave maestra para salir del recurrente estado de desorganización y confusión que hay en diversos departamentos. La Legislatura deberá aprobar ese programa, acción que tendría que ejecutarse en forma rápida, con vistas a que hace ocho años se sancionó la ley de Ordenamiento Territorial Nº 8.051.
Los fines del ordenamiento son varios, y entre los principales se destaca la pretensión de asegurar una mejor calidad de vida para la población de Mendoza. Es lo que falta ahora debido al sinfín de problemas derivados de las limitaciones de las normativas en vigencia. Las complicaciones o contratiempos van: desde la inercia en la gestión territorial, el desequilibrio entre las áreas urbanas y rurales; la inseguridad social; el deterioro de condiciones ambientales, los riesgos derivados de la naturaleza y de acciones antrópicas; la falta de conectividad y accesibilidad; la carencia de integración del sistema productivo y energético, y las deficiencias en la gestión del recurso hídrico. Por ello la formulación del plan de ordenamiento territorial de Mendoza debería fundamentarse en el análisis crítico del actual "desorden territorial" de la Provincia.
Las sostenidas demandas de tierras para expansiones urbanas en los distritos cabeceras de los departamentos del Gran Mendoza son llevadas a cabo mediante la erradicación de fincas de viñedos, chacras y otros usos agrícolas periurbanos. También se han visto afectadas áreas del pedemonte y explotaciones agrícolas próximas a otras ciudades cabeceras.
Muchas veces los terrenos agrícolas y los del pedemonte han sido destinados a levantar barrios cerrados autorizados, sin mayor atención al impacto de los futuros conjuntos residenciales sobre la trama vial, los entornos habitados contiguos, la disponibilidad de equipamientos cercanos y la fragmentación a la vida vecinal.
Arquitectos que estudian la problemática de la vivienda social y la relocalización de villas y asentamientos, advierten que si bien la ley 8.051 expresa finalidades de bien común, no contiene disposiciones específicas para la planificación de extensiones urbanas con destino al hábitat social. Tal vez por eso el crecimiento anárquico y confuso de ciertos ámbitos residenciales, especialmente en sectores ganados a las serranías del oeste. Sería recomendable que, a partir de ahora, para la construcción de conglomerados privados se pidan dictámenes vinculantes y evaluaciones de impacto ambiental. La actividad del hombre es la que modifica constantemente el ordenamiento en los usos del suelo y destinos de las construcciones fijas, respondiendo a decisiones inspirados en el bien común, algunas veces, y otras a fines especulativos de beneficio particular. Por eso la Provincia debería fortalecer el estudio y puesta en vigencia de instrumentos que contemplen la planificación de las actividades económicas tradicionales y nuevas.
La arquitecta Claudia Timoner sostiene que debe destacarse la constitución del Consejo Provincial de Ordenamiento Territorial y que, finalmente, la provincia cuente con un Plan de Ordenamiento Territorial. "Esto indica -afirma la profesional- que está en marcha una nueva institucionalidad, muy necesaria para llevar a cabo una gestión eficiente y eficaz del territorio. Sólo falta que este esbozo de democracia directa se haga carne en el sentir de toda la ciudadanía y de todas las organizaciones que conforman el Consejo, más de 60, para que peticionemos ante las instituciones más próximas sobre la responsabilidad que les corresponde en la faz de consulta y participación".
