A una semana del acto al que convocó contra la política económica, social y laboral del Gobierno de Cambiemos, el ex jefe cegetista y líder del sindicato de camioneros Hugo Moyano volvió a ser objeto de otro avance de la Justicia federal en una causa en la que aparece implicado por el presunto delito de lavado de dinero.
Ayer trascendió de fuentes tribunalicias que el juez federal de Morón, Néstor Barral, ordenó el levantamiento del secreto fiscal, bursátil y bancario de Moyano; de su hijo Pablo, secretario adjunto del sindicato de camioneros y gremial de la CGT; de su mujer, Liliana Zulet, y de sus hijastros, Valeria Salerno y Juan Manuel Noriega Zulet.
El levantamiento del secreto abre una nueva instancia en la investigación pues habilita al Banco Central de la República Argentina (Bcra) y a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a entregar toda la documentación relacionada con los acusados a pedido del juez.
La medida fue dispuesta por el juez federal de Morón el 29 de diciembre pasado a pedido del Ministerio Público Fiscal, pero recién ayer, en medio de una fuerte ofensiva política y judicial contra el dirigente camionero, se hizo público tras mantenerse en reserva, según se dijo en fuentes de tribunales, hasta que fuera notificado el fiscal luego de la feria judicial del mes pasado.
En la causa se investiga la presunta comisión del delito de lavado de dinero en la compra de dos propiedades en Parque Leloir, en el municipio de Morón, en el oeste del Gran Buenos Aires, a través de tres empresas ligadas a la familia Moyano. Al levantar el secreto el juez pretende determinar si la compra de las viviendas se hizo con dinero procedente de la sobrefacturación de materiales y servicios al sindicato de camioneros y entidades afines.
Fuentes judiciales dijeron que la investigación "se encuentra en un estado incipiente" y que el levantamiento de esos secretos "tiene por objetivo juntar información para luego analizarla y poder verificar la denuncia". La causa se abrió tras una denuncia que hizo un funcionario del vecino municipio de Vicente López, desde hace años gobernado por el PRO, que dijo haber recibido un mensaje anónimo en el que se daba cuenta del supuesto delito, agregaron aquellas fuentes.
Una de las propiedades de Parque Leloir está valuada en más de 1 millón de dólares y su domicilio coincide con el registrado por Dixey, una de las tres sociedades anónimas propiedad de los Moyano. La segunda propiedad es donde registró como su domicilio particular Liliana Zulet, integrante del directorio de Dixey, vinculada a la industria textil. Bajo investigación también lo están las empresas relacionadas con la construcción Aconra y con la prestación médica Iarau, que figuran a nombre de los hijastros.
Ayer, por otra parte, el secretario general del sindicato de gastronómicos, Luis Barrionuevo, confirmó que no participará del acto convocado por Moyano, pese a haber participado en el acuerdo de enero en Mar del Plata y de que su triunviro en la CGT, Carlos Acuña, votara a favor en la reunión del consejo directivo de la central. "Se desvirtuó todo", justificó Barrionuevo, quien dijo que no se quiere meter en "una pelea personal" entre Moyano y el presidente Macri y admitió que una de las razones es el apoyo del kirchnerismo a la protesta.
"El gobierno les está diciendo que no vayan"
Moyano pareció responderle a Barrionuevo, como a los “independientes” y los “gordos” de la CGT que no participarán. “Los que dicen que no van a ir seguramente tienen instrucciones del Gobierno, porque si uno no va a algún lado no necesita anunciar que no va a ir; no va y punto. Evidentemente se nota la mano del Gobierno que les está diciendo que digan que no van a ir porque creen que con eso van a debilitar la marcha. Pero hay ausencias que suman”.
