La Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, integrada por tres jueces de cámara subrogantes, le concedió la “inmediata” libertad al ex juez Carlos Pereyra González al cambiar la calificación impuesta para su detención, originalmente imputado de participación primaria o necesaria como autor de la privación ilegítima de la libertad agravada por medir violencia y amenazas, tormentos agravados por la condición de perseguida política y homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de Graciela Fiochetti.
Ahora la Cámara, después de evaluar antecedentes, testimonios, fallos y jurisprudencia, encontró que el ex camarista sólo “incumplió los deberes de funcionario público”, cuando era secretario del Juzgado Federal de San Luis.
En el mismo escrito los jueces dictaron el procesamiento y prisión preventiva del ex juez puntano Eduardo Francisco Allende (hoy de 72 años) y el ex fiscal federal de la misma provincia Hipólito Saá (73), al considerarlos de participación secundaria en homicidio agravado, privación abusiva de la libertad y tormentos en 24 casos.
Antecedentes
De los tres mencionados sólo Pereyra González tuvo presencia en Mendoza, llegando a ocupar la presidencia de la Cámara Federal de Apelaciones por dos períodos consecutivos.
Sin embargo, fue en la vecina provincia de San Luis (la misma en la que comenzó su carrera judicial) donde se mencionó, por primera vez su nombre. Fue en 2008, durante el primer juicio que por delitos de lesa humanidad se hizo en Cuyo.
Y fue el abogado puntano José Samper quien recordó, en medio de una audiencia, que en setiembre de 1976 “visitó” al juez Francisco Allende y al secretario Pereyra González, de los que era amigo, y que le relataron “con tono amargado” haber asistido a un “espectáculo terrible que no quiero volver a ver en mi vida. He visto a esta chica torturada, pero por suerte parece que la van a poner en libertad...”.
Sin embargo la historia definitiva fue otra: Fiochetti, estudiante de Medicina de 19 años, fue asesinada de un tiro en la nuca. Su cuerpo fue enterrado en las salinas de El Bebedero y recién pudo ser reconocido muchos años después.
A poco de terminar aquel juicio y cuando la denuncia en su contra tomó estado público, Pereyra González calificó esos dichos de “mendaces, calumniosos, que responden a maniobras que pretenden el descrédito del Poder Judicial de la Nación”.
Fue el primer camarista que pidió su jubilación y también fue el primero en ser detenido, por cuanto Otilio Roque Romano en ese tiempo todavía se encontraba prófugo en Chile.
