Pocos días después de que la Corte Suprema declarara nulo el allanamiento y la intervención de Cablevisión, dispuesto por un juez de Mendoza a pedido de Supercanal, la Sala I de la Cámara Federal porteña ordenó investigar al interventor que había designado ese juez, Enrique Anzoise, su abogado Ricardo Mastronardi y el representante de Supercanal, Eduardo Marcelo Vila.
La Cámara Federal busca determinar si esas tres personas ejecutaron abusivamente la orden ilegal, que pretendía retrotraer a Cablevisión, para que funcione separada de Multicanal.
Cuando se produjo la intervención, el 20 de diciembre de 2011, Anzoise, Mastronardi y Vila -designados por el juez mendocino Walter Bento- llegaron a Cablevisión con más de 50 gendarmes, enviados por la ministra de Seguridad, Nilda Garré, con quienes se desplazaron por las instalaciones de la compañía, ejerciendo violencia contra los bienes y las personas, llegando al límite de querer ingresar por la fuerza al centro de datos de la empresa de TV por cable e Internet del Grupo Clarín, lo cual fue impedido por los empleados y ejecutivos de Cablevisión.
Es que si esos funcionarios designados por Bento hubieran accedido a la base de datos, se hubiera producido un acto de espionaje industrial, inédito en la Argentina, ya que Supercanal -del grupo Vila-Manzano- hubiera contado con toda la información de facturación e historial de los clientes de Cablevisión, su principal empresa competidora.
Por eso, los camaristas Eduardo Farah, Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, decidieron ahora revocar el sobreseimiento que había dictado el juez federal Norberto Oyarbide y le ordenaron que dicte medidas de prueba para investigar la actuación de Anzoise, Mastronardi y Vila.
Esas medidas incluirán que Oyarbide cite a declarar a empleados y ejecutivos de Cablevisión, para que describan cómo fue la actitud del interventor y sus auxiliares, entre ellos el espía Alessio Aguirre, de la agencia Holder Korpus, que fue uno de los auxiliares informáticos de la intervención que quiso acceder a los datos sensibles de la empresa del Grupo Clarín.
En cambio, la Cámara Federal mantuvo el sobreseimiento de la ex ministra Garré -actual embajadora ante la OEA-, porque pese a haber implementado una orden ilegal, esa funcionaria argumentó que sólo cumplió con un pedido del juez Bento, a quien la Corte Suprema le quitó el mes pasado la causa que había iniciado el grupo Vila-Manzano contra Cablevisión.
Los camaristas afirmaron que "trasladar al Ministerio de Seguridad la obligación de revisar los requerimientos efectuados por los magistrados no supone sino generar un ámbito que, inadmisible, haría peligrar la capacidad de los jueces de ejecutar sus sentencias".
De todos modos, los abogados de Cablevisión afirmaron que apelarán el sobreseimiento de Garré, ya que sostienen que la funcionaria no tendría que haber implementado una orden que era ilegal, como finalmente resolvió la Corte.
