Fueros. Esa fue la capa protectora que en la madrugada de ayer evitó que el juez federal N° 1 de Corrientes, Carlos Soto Dávila (70), terminara en una celda acusado de ser el jefe de "una organización criminal orientada a la percepción de dádivas a cambio de dictar resoluciones favorables a narcotraficantes".
Testimonios de arrepentidos, escuchas telefónicas y documentación patrimonial variada convencieron al juez federal de Capital Sergio Torres de ordenar su indagatoria en el marco de una megacausa sobre el tráfico de marihuana a traves de la ciudad de Itatí.
El escándalo y las capturas también alcanzó a sus dos secretarios Pablo Molina y Federico Grau, a cinco abogados y al ex intendente de Empedrado Juan Manuel Faraone que, de hecho, ya está preso desde octubre. Todos serán interrogados entre mañana y el viernes en los Tribunales Federales de Comodoro Py.
Fue una verdadera bomba que estalló cuando todavía no se había hecho de día. Hubo siete allanamientos y Soto Dávila será notificado de la acusación en su juzgado. Como su estatus de juez lo protege de ir preso, Torres siguió los pasos formales y le pidió formalmente al Consejo de la Magistratura de la Nación el desafuero del magistrado para poder detenerlo.
La solicitud de juicio político no tomó por sorpresa a nadie. Soto Dávila ya venía muy cuestionado por irregularidades serias en su juzgado, un polo de poder en Corrientes ya que en su persona también se concentra la Justicia Electoral. Tal vez por esto, pero pese a las reiteradas denuncias en su contra, el correntino había logrado siempre aguantar la presión.
Según pudo saberse, luego de los allanamientos desde la Cámara Nacional Electoral se comunicaron con Soto Dávila dando por descontado que, tras el escándalo, pediría una licencia, pero el juez se negó de plano a dar un paso al costado.
Su caso tiene algunas importantes coincidencias con las del ex juez federal de Orán Raúl Reynoso. Indagado y procesado en noviembre de 2015 por favorecer a narcotraficantes desde su posición en una de las zonas más calientes del país, Reynoso renunció a su cargo en mayo del 2016, pocos días antes de que comenzara su jury.
Desde entonces, quien se había promocionado durante años como el máximo luchador contra el narcotráfico está preso precisamente por proteger a los traficantes. A principios de año comenzó el juicio oral en su contra, un debate que se extendió más alla de cualquier cálculo y cuyo veredicto podría pasar para el 2019.
Todo empezó cinco años atrás. En 2013 una banda de traficantes que comercializaba marihuana en la Villa 21, del barrio de Barracas, comenzó a ser investigada en el juzgado federal de Sergio Torres. En ese expediente (N° 8.606/13), 14 personas terminaron elevadas a juicio y se decomisaron unos 700 kilos de marihuana.
Ese fue el comienzo de la investigación a cargo de Torres y de un grupo de fiscales: Carlos Stornelli, Diego Iglesias -de la Procunar- y los correntinos Flavio Ferrini y Carlos Schaefer.
Lo que ocurrió esta madrugada fue la culminación de la cuarta etapa del proceso, una etapa que que se centró en lo más alto de la pirámide de encubrimiento: el entramado judicial que habría amparado a los narcotraficantes.
Confirmó que mañana se presenta
El juez federal de Corrientes Carlos Soto Dávila confirmó ayer que mañana se presentará ante su par de Buenos Aires, Sergio Torres, quien ordenó su detención y declaración indagatoria acusado de ser el jefe de una asociación ilícita dedicada al cobro de coimas.
“Debo hacer lo que corresponde: presentarme a la citación que tengo para el día jueves”, dijo Soto Dávila en declaraciones radiales al programa “Corrientes en el Aire” de la AM LT7. “Por supuesto que me voy a presentar, soy una persona íntegra y aparte de eso soy perfectamente consciente de mi absoluta inocencia en este sentido”, aseguró.
