En diciembre de 2012 un diario local nos daba a conocer que “después de diez (10) años de idas y vueltas, de estar cajoneada en la Legislatura , finalmente en 2009 se aprobó la ley (de Ordenamiento Territorial). Pero para ponerla en marcha se está elaborando un plan, que el gobierno se comprometió a lanzar en mayo del próximo año”.
La realidad es que estamos en julio de 2016, y lo anunciado con bombos y platillos todavía está en veremos. Lo único que se ha dado a conocer es que “ya está formada la comisión que evaluará las medidas a tomar”. El Ejecutivo y el Legislativo provinciales, además de haber tenido cajoneada por demasiado tiempo -¡17 años!- la puesta en marcha del Ordenamiento, siguen a los codazos y jugando a las escondidas.
En mayo de 2013, en Los Andes yo ponía en palabras una pregunta y una reflexión sobre el por qué de tanta demora: “¿El motivo? Bien lo sabemos: el tema de la posesión y del uso de la tierra con sus recursos es la más antigua -y actual- codicia por la que pueblos y naciones no han hesitado en matar y destruir.
En nuestra provincia nadie ignora quiénes son los personajes y cuáles son los intereses que “atan” a los gobernantes para que aquella ley, de por sí bastante permisiva, aún no se aplique”. Y con mayor razón hoy, después del decreto del presidente Macri abriendo, aún más, la compra de tierras a personas o entidades extranjeras.
Desde distintos ámbitos, y desde hace mucho tiempo, se viene insistiendo y trabajando para concientizar sobre la importancia del agua para Mendoza y sobre la crisis hídrica que cada año se acentúa. En ese contexto, es de suma importancia delimitar las áreas destinadas a los cultivos en tierra y a la ganadería, a la vez que ordenar adecuadamente el crecimiento inmobiliario -sobre todo en las áreas densamente pobladas- a fin de que el agua alcance para todos los habitantes y que se protejan los derechos de todos los ciudadanos a desarrollar una vida digna, justa y segura.
Hace algún tiempo, nos decía Gisela Manoni: “Hay gente que no duerme por obtener títulos supletorios de lugares que nunca han pisado y tal vez jamás lo harán. Gente que gasta su vida recorriendo tribunales y abogados para disputar porciones de tierras. Que se agarran a tiros, que corren cada vez más el cerco según sus intereses, que cortan el acceso público a ríos y arroyos con tranqueras, que engañan y mienten para obtener firmas y avales. Gente que no encuentra límite a su ambición”.
En 2014, la actual vicegobernadora provincial expresaba: “De ese estudio (de los especialistas) surge con claridad la existencia de una inercia desordenada en la gestión sobre el territorio en toda la provincia y es una situación que debe revertirse. Para lograr cumplir con este objetivo deberán seguirse pautas uniformes, según lo propuesto por los especialistas, que permitirán, a cada municipio, organizar mejor su departamento y mejorar la calidad de vida de quienes lo habitan. Así se contribuirá a poner punto final a los conflictos por uso del suelo; se aprovecharán mejor los recursos naturales; se evitará la ocupación de áreas que pueden ser pasibles de desastres naturales y se encontrarán rápidas coincidencias en el desarrollo de caminos y corredores de acuerdo a las regiones”.
En abril de aquel mismo año, Guillermo Elizalde, ministro de Tierras, Ambiente y Recursos Naturales, aseveró: “(... el Proyecto que se presentará a la Legislatura) es un instrumento muy fuerte que va a tener una línea de acción de corto, largo y mediano plazo, con lo que queremos garantizar una política de Estado y no de gobierno (...) Si todo sale bien vamos a ser la primera provincia de Argentina en tener un plan de ordenamiento sustentable, equilibrado, priorizando los recursos naturales, cuidando el agua y un equilibrio territorial que entendemos que hoy no existe”.
La ley establece un plazo de 12 meses para la presentación de planes de ordenamiento departamentales que el funcionario espera que se generen rápidamente. En igual sentido, pero dos años antes, se había expresado el ex ministro Marcos Zandomeni.
Si el calendario no nos miente, ya se sobrepasaron largamente los plazos previstos para poner en marcha la ley. ¿Continuarán Ejecutivo y Legislativo jugando al Gran Bonete mientras los mendocinos deseamos y esperamos la aplicación del Ordenamiento Territorial y de Uso de Suelo?
Barrios privados o cerrados
En este tema, cedo la palabra a una experta, Sonia Roitman. “Es imprescindible revisar si el desarrollo de este tipo de proyecto inmobiliario no genera consecuencias negativas al conjunto de la población y si es así cómo las mismas pueden ser minimizadas. Asimismo, el ‘atrincheramiento’ de grupos sociales detrás de un muro y una casilla de control de acceso, conlleva a una mayor privatización (de la reglamentación general) y a un abandono de la esfera pública (espacios urbanos y participación ciudadana) de grupos que tienen un alto poder en términos de capital económico, político y a veces también social y cultural (...) Esta segregación y discriminación del ‘nosotros’ y ‘los otros’ en lo micro (en este caso adentro de las urbanizaciones cerradas) lleva a una escisión cada vez mayor en lo macro y a preguntarnos cuál es la sociedad -en este caso, mendocina- que queremos construir: una basada en la segregación y la división u otra basada en la integración social (...) Hay menos barrios privados o cerrados donde hay menos desigualdad”.
