Por orden de la Casa Rosada, el Congreso no debate sobre el aborto y las drogas

Juliana Di Tullio es la vicepresidenta del bloque de diputados oficialistas y empuja la despenalización del aborto.
 
El ex jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, emprendió desde el Senado una competencia con la diputada opositora Victoria Donda para ver si le ganaba de mano en la legalización de la marihuana. A mediados de año recibieron la orden de clausurar esos debates. "Viene de arriba", les avisaron.

Probablemente les haya hecho ruido que Cristina Kirchner les dijera el jueves a los alumnos de la Universidad de Harvard, entre otras frases inconsistentes, que en la Argentina se debate sobre aborto y drogas.

Al menos en el Congreso, donde deberían dirimirse esos temas democráticamente, son asuntos que el oficialismo elude por la división de opiniones en su propia tropa y un insondable efecto electoral.

La oposición viene acusando al kirchnerismo de trabar sus proyectos para habilitar sólo los que son de interés del Ejecutivo, como la reforma del Código Civil, el voto desde los 16 años y el Presupuesto 2013. Como se ve, es una verdad a medias. Los bloques oficialistas también mandaron al freezer asuntos de interés para sus propios miembros y, en muchos casos, de alto impacto social.

Ejemplos: legisladores de diferentes bloques trabajaron en el endurecimiento de penas por violencia de género (femicidio) y la trata de personas. Ambos proyectos tienen media sanción desde hace tiempo y corren el riesgo de perder estado parlamentario.
 
En el primer caso, el Senado avisó que retocará el texto y lo devolverá a la Cámara baja. El otro proyecto fue aprobado por los senadores hace un año y en Diputados lo cajonearon.

Otros temas

La inseguridad manda en el ranking de preocupaciones ciudadanas, pero la mayoría kirchnerista bloquea la creación de un régimen penal juvenil, la creación de una Bicameral sobre la Ley de Seguridad y hasta un proyecto del diputado oficialista Jorge Yoma para abreviar los juicios por delitos violentos. Hay más. Los riegos ambientales de la minería a cielo abierto movilizaron a miles de personas el último verano y desataron opiniones cruzadas de kirchneristas y opositores.

En ambas cámaras se prefirió ocultar esa polvareda bajo la alfombra. También duermen la ley de acceso a la información pública (aprobada por unanimidad en el Senado en 2010 y caída por falta de tratamiento), la regulación de la publicidad oficial y pedidos de informes a los distintos ministerios.

El bloque de diputados radicales, que encabeza Ricardo Gil Lavedra, denunció que más de 600 de sus proyectos están paralizados. Y le apuntaron a la Rosada.

Las autoridades del oficialismo atribuyen la escasez de sesiones a la falta de dictámenes de comisión, que ellos mismos fogonean. Diputados hace 40 días que no sesiona y sólo tiene previsto tratar el Presupuesto el 10 de octubre.