La llegada de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) a Mendoza es un tema que desvela a clase política, particularmente cuando se trata de buscar las grietas que permitan alguna ventaja electoral.
El problema de las PASO es la prohibición de listas “espejo”, que permitan a algún candidato sumar por fuera de su sello partidario.
La grieta en la que algunos piensan son las “listas de adhesión”, que permitirían a un candidato de una fuerza sumar a un “adherente” de otro frente, que aspire a un cargo inferior.
Ése sería el mecanismo que permitiría sumar votos, arrastrados por la imagen de un candidato a la presidencia.
Todo nace del decreto 443 firmado por Cristina Fernández en abril de 2011 y que fue la norma sobre la que el actual titular del Afsca, Martín Sabatella, pudo ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por su partido Nuevo Encuentro, llevando como candidata a presidenta a la propia Cristina Fernández, quien aspiraba a la reelección en la boleta del Frente para la Victoria.
De esta manera, la presidenta salió electa sumando de las dos listas y, de paso, traccionó hacia arriba a Sabatella con su nombre.
En esta oportunidad se trata de los futuros candidatos a presidente quienes podrían lograr adhesiones de fuerzas mendocinas que necesiten captar algunos electores que quieran votar a Sergio Massa, o a Mauricio Macri, particularmente.
En una de las usinas en las que esta idea está tomando forma es en el massismo mendocino, fuerza que tiene un precandidato a gobernador: el demócrata e intendente de San Carlos, Jorge Difonso que, de acuerdo a las estimaciones previas, viene picando desde atrás.
“Nosotros queremos que Massa sea presidente, así que estamos hablando con todos”, se sincera el senador Gustavo Valls.
Si la figura de Massa suma o no, se verá en las urnas, pero en principio parece ser un candidato que podría concitar algún interés desde una parte del electorado y esa atención podría ser capitalizada por uno o varios candidatos a gobernador locales.
Lo mismo sucede con Mauricio Macri. Hasta ahora el PD es la fuerza que tiene un acuerdo electoral con el Pro, pero se viene mencionando desde hace tiempo el coqueteo entre el jefe de Gobierno porteño y el radical intendente de Godoy Cruz, Alfredo Cornejo.
En 2011, Cornejo fue reelecto como intendente poniendo su nombre en tres boletas distintas, siguiendo este mismo esquema de las adhesiones a candidatos nacionales: la tradicional 3 de la UCR, la Coalición Cívica y el Frente Amplio Progresista (FAP). Ésta fue la estrategia para compensar la escasa tracción del candidato a presidente que llevaba el radicalismo, Ricardo Alfonsín.
Ahora se menciona que Cornejo evalúa la opción de adherir a la candidatura de Macri, además de adherir a la de Julio Cobos. No hay una definición oficial ni definitiva, pero en las cabezas de algunos circula la posibilidad de repetir el esquema de 2011.
Sin embargo, estas opciones tienen un problema. Para concretar este atajo hace falta que los candidatos adheridos acepten la adhesión, es decir, tanto Cobos como Macri, en este caso.
La pregunta es si Cobos, por ejemplo, aceptaría dividir los votos que obtengan los radicales de Mendoza con Macri.
Esta pregunta no es menor. De hecho, el senador Juan Carlos Jaliff la menciona como si conociera la respuesta. Cabe recordar que Cobos es uno de los que se resisten a que se integre a Macri en el espacio FAP-Unen, junto con Hermes Binner y Pino Solanas.
Que Macri estuviera dentro del espacio sería la solución para los que creen que unos votos más no vendrían mal pero, de hecho, la mayoría del espacio lo resiste. Difícilmente la resistencia no se extienda a la adhesión.
De esta manera, la evaluación que se hace en el entorno de Cornejo se cae antes de empezar, al menos si el intendente pretende ir con el sello de la UCR mendocina y contar con el beneficio del “efecto arrastre” que puede generar en Mendoza el ex vicepresidente.
Los tiempos del peronismo
En el PJ no hay definiciones contundentes. El subsecretario Legal y Técnico del Gobierno, Gustavo Tobares, es también el hombre del gobernador Francisco Pérez en el PJ y quien está trabajando el marco legal que tendrá el futuro decreto de reglamentación de las PASO mendocinas.
Él asegura que habrá primarias en Mendoza, pero que hay tiempo para las definiciones hasta marzo, fecha en la que Pérez debería definir si las primarias y las generales provinciales se hacen el mismo día que las nacionales.
“La decisión se tomará en la mesa que comparten el Gobernador, el Vice (Carlos Ciurca) y los 12 intendentes del PJ”, dice Tobares. A nadie se le escapa el pragmatismo peronista y la gran definición será tomada a conveniencia del PJ.
Lo que se evalúa en el peronismo son tres escenarios. Hacer primarias y generales en distinta fecha de los comicios nacionales; o en la misma fecha pero sin declarar la simultaneidad o, con simultaneidad.
La simultaneidad es la clave del problema. Esa palabra implica si se aplica la legislación electoral federal o la provincial. Sin simultaneidad se aplica la legislación provincial, es decir no habría posibilidad de adhesión y, en la práctica, el efecto más visible sería que en el cuarto oscuro, las boletas de los aspirantes a cargos nacionales estarían separadas de las que figuran los candidatos a cargos provinciales y municipales.
Es decir, sin simultaneidad, la estrategia que se evalúa en algunos ámbitos opositores se cae a pedazos, al igual que con comicios desdoblados, donde también se aplicaría la legislación provincial para elegir los cargos provinciales.
“(Daniel) Scioli firmó el decreto reglamentario de las PASO de Provincia de Buenos Aires en abril de 2011, el mismo día que firmó el decreto para llamar a las elecciones de agosto de ese año”, argumenta Tobares. El plazo para llamar a elecciones es 90 días antes de la fecha de los comicios.
Una estrategia que se puede judicializar
Las adhesiones existen, hay antecedentes, pero parece exagerado que un mismo candidato a gobernador tenga más de un candidato a presidente. Es dudosa la estrategia, aunque las formas de sumar son viables cuando el que debe definir la legalidad es permeable.
No faltan quienes indican que si alguien pretende “colgarse” de más de un candidato a presidente habrá presentaciones judiciales.
Como la adhesión es una figura prevista en la legislación electoral federal, quien intervendría en este caso es el juez federal con competencia electoral, Walter Bento.
Algún peronista decía con sorna: “Si hay adhesiones y alguien hace un planteo judicial, definimos nosotros”. Habrá que ver si la estrategia de las adhesiones es conveniente para el peronismo o no lo es.
Una idea contra las estructuras y el empleo estatal
Discretamente hay protagonistas que señalan la resistencia de algunos sectores del peronismo y del radicalismo a encarar el proceso de PASO.
Es que quienes manejan hoy los hilos del poder en cada partido, lo tienen gracias al “aparato”, ese eufemismo con el que se designa al ejército militante que suele tener alguna vinculación laboral con el Estado.
Para quienes hoy manejan el poder en cada fuerza, las PASO son un problema porque abren el juego y las definiciones no se hacen a padrón cerrado sino que es toda la ciudadanía la que define las candidaturas.
Esto no es un elemento menor y seguramente traerá cambios que empezarán a verse a futuro. Mendoza inició ese proceso cuando se sancionó la ley en noviembre del año pasado.
Además tiene otro elemento: también se abrió la puerta al voto electrónico, de manera paulatina, a partir de la elección 2017 y con plena vigencia en 2019.
Los cambios generan dudas y resistencias, porque lo nuevo es lo desconocido y los efectos serán imprevisibles.
De hecho, Roque Sáenz Peña nunca imaginó a dónde llegaría la sanción de la ley de voto secreto y obligatorio. Con el tiempo surgieron los dos principales partidos de masas de la Argentina que aún hoy dominan la escena política: radicalismo y peronismo.
Los cambios en el sistema electoral modifican la forma en la que se construye el poder. Un dato que nadie ha observado es que incluso hasta afectará el empleo público.
Si el “aparato” ya no es tan importante, porque las definiciones internas (al menos las relevantes como las candidaturas) son tomadas por la ciudadanía en general, ya no hará falta tener un ejército que movilice votos y que pida sueldos a cambio.
Así, lentamente, la presión de la política sobre la planta de personal de los Estados provincial y municipal se irá relajando.
