Pasados los momentos duros de las discusiones salariales en paritarias y con las aguas más calmas por algunos meses, resultaría un momento oportuno para reconsiderar una ley de sueldos para los trabajadores del Estado. Sucede que, más allá del ímpetu impuesto por la dirigencia sindical en procura de defender a sus trabajadores, se dan también situaciones disímiles de acuerdo con los beneficios alcanzados, que suelen estar en directa relación con la forma en que puede afectar una medida de fuerza en el grueso de la población. Es sabido que tiene mayor incidencia un paro de la salud o de la educación que uno de la administración central o de los municipales, por señalar algunos ejemplos. De todos modos, también es dable señalar que los porcentajes obtenidos son similares, a excepción de los trabajadores de las municipalidades, que están atados a las posibilidades financieras con que cuenta cada una de las comunas.
La necesidad de impulsar una nueva ley de sueldos fue reflotada por el vicegobernador de la provincia, Carlos Ciurca, en noviembre del año pasado, cuando aún las paritarias estaban lejanas en el tiempo. Señaló en esa oportunidad que “un Estado fuerte en Mendoza requiere de una ley de sueldos que garantice justicia y equidad”, agregando que la norma legal debe alcanzarse por consenso y que deben participar en la discusión los partidos políticos, la comunidad y los trabajadores organizados, manifestando entonces que “la ley de sueldos debe garantizar una organización piramidal” y así establecer que “ningún servidor público debería superar al gobernador en su salario”.
No se trata de un tema menor. De acuerdo con lo señalado por funcionarios del área de Hacienda, el costo salarial del Estado mendocino alcanza 58 por ciento de los egresos totales de la administración. Habría que señalar también que administraciones anteriores, no justicialistas, como las de Roberto Iglesias y Julio Cobos impulsaron en su momento iniciativas similares, pero no pudieron concretarlas por los duros enfrentamientos con los magistrados por la indexación salarial que reclamaban, razón por la cual se considera que la autarquía judicial también debería ser parte de la discusión en una futura norma legal. También cabría considerar que para alcanzar los objetivos buscados, todos deben aportar lo suyo y evitar posiciones cerradas como las que suelen surgir de parte de algunos de los actores.
La actual ley de sueldos data de 1991 y ha sufrido numerosas modificaciones a lo largo del tiempo, pero siempre a nivel de artículos de manera individual. Establece que el sueldo del gobernador tiene directa relación con la clase 13 del escalafón de la administración pública y a partir de allí se fijan los salarios del vicegobernador, los ministros, los legisladores y los cargos de mayor jerarquía. Pero no contempla algunos aspectos que marcan diferencias injustas. Podríamos señalar, a modo de ejemplo, que no cumple con la exigencia del artículo 14 bis de la Constitución que establece que a igual función igual remuneración. Porque no gana lo mismo quien, aún cumpliendo tareas administrativas, se desempeña en una oficina correspondiente al área de la Salud que uno de la administración central y lo mismo ocurre con profesionales o empleados, como es el caso de las diferencias existentes entre uno que pertenezca al Estado provincial o uno que esté incluido en un escalafón municipal.
Tal como lo señalamos, el radicalismo en su momento y el justicialismo ahora coinciden en la necesidad de una nueva ley de sueldos, mientras una senadora del PD pidió lo mismo hace tres años. Resultaría oportuno que la dirigencia sindical se sume a la iniciativa para poder alcanzar un acuerdo por consenso, tal cual lo pidió el Vicegobernador para alcanzar una norma legal definitiva que deje de lado algunas injustas diferencias. El impasse hasta la nueva discusión paritaria puede significar el momento oportuno para alcanzar esos objetivos.
