Senadora nacional Laura Montero, la Fiscalía de Estado emitió un fallo a raíz de su denuncia, en la que solicitaba la nulidad de dos resoluciones del Honorable Tribunal Administrativo del Departamento General de Irrigación, las resoluciones 548/12 y 164/13, referidas a convocatorias públicas destinadas a otorgar concesiones de agua subterránea y a un mecanismo de reemplazos en zonas de restricción; y de manera contundente Fiscalía de Estado dijo que, como ya había dicho también la Corte, son claramente legales.
Senadora, vale detenerse un instante frente a este fallo de un organismo al que usted acudió, con argumentos débiles y falaces. Desde que dictamos la normativa en cuestión, hasta la fecha, usted no ha hecho otra cosa que multiplicar por toda la provincia esos argumentos generando dudas y sospechas, lastimando la confianza de la comunidad de regantes de la provincia; entonces cabe preguntarse, ¿cómo se repara el daño provocado con tanta confusión?
Recordamos que su tarea sería decir la verdad. ¿Qué obstaculizó al oponerse?
El pedido de nulidad rechazado pretendía impedir la continuidad de una política mejorada por el dictado de la Resolución Nº 548. Esta normativa, en primer lugar, busca evitar el otorgamiento de permisos sin información hidrogeológica pertinente. En virtud del principio precautorio, consagrado en la Ley Nacional Nº 25.675 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental, y a fin de evitar daños ambientales irreversibles (“alteración de calidad” o “agotamiento” de los acuíferos), se condicionó el otorgamiento de nuevos permisos a la realización de los estudios técnicos pertinentes que determinen el volumen disponible de agua. Esto, aunque resulte curioso, hasta la fecha no se había realizado.
El segundo objetivo que propone la reglamentación es diseñar un mecanismo de asignación de permisos transparente, a través de convocatorias públicas que permitan garantizar la participación y el acceso al uso del agua en condiciones de igualdad, con reglas claras y procedimientos preestablecidos; aplicar el régimen de prioridades de la Ley 4.035 teniendo en cuenta el beneficio socioeconómico de los proyectos que aseguren el desarrollo productivo; establecer las obligaciones de los concesionarios, asegurando el uso eficiente de sistemas de riego; y armonizar las políticas hídricas con las ambientales, sociales, económicas y territoriales, en pos del desarrollo sustentable.
Asimismo, se permite a pequeños y medianos productores presentar proyectos asociativos que permitan compartir el alto costo de construcción de una perforación, y si quien solicita es una Inspección de Cauce (que reúne a los productores de un canal), se exime de los requisitos de la convocatoria.
En áreas o zonas de restricción determinadas por el DGI solo se permite el reemplazo de una perforación por otra nueva, cuando tengan similares características técnicas (por ej., mismo uso) y dentro de la misma cuenca, subcuenca o acuífero, manteniendo el balance hidrológico (Resolución Nº 164/12).
Este mecanismo de reemplazo ha sido previsto desde 1997 (Resol. 637/97), no es una novedad antojadiza o infundada. Se busca el cegado efectivo de viejas perforaciones para reemplazarlas por otras nuevas, eliminando focos de contaminación y alentando la producción y el uso razonable. Implica redistribuir el agua ya concedida en uso a otra perforación sin incrementar la extracción del acuífero. Y no afecta el principio de inherencia porque se trata de dar de baja un derecho (el de la perforación cegada) y otorgar uno nuevo.
Para corregir distorsiones y mejorar el sistema dictamos estas dos resoluciones, esas que usted, mal asesorada, por supuesto, fulminó y calificó, apurada por una candidatura quien sabe a qué, como ilegales. Digamos que no hubo mala intención.
Se hace difícil de entender que una ex ministra de Economía de Mendoza, que asesoró a empresas y que hoy es legisladora nacional, haya adoptado esa actitud tan mezquina. ¿Por qué destruir por destruir? ¿Por qué dejarse asesorar tan mal? ¿Por qué sembrar sospechas? Es el triste razonamiento de mentir para que algo quede.
Pero la verdad siempre termina imponiéndose. Debería explicar por qué prefirió la politiquería a la política verdadera, a pensar, discutir, proponer, construir y trabajar para que nuestra provincia crezca. Va a tener que explicar por qué puso palos en la rueda, destruyendo con tanta liviandad una construcción colectiva, como lo fueron estas resoluciones que usted denuncia y que no nosotros sino Fiscalía de Estado y la Suprema Corte de la Provincia, dicen que las mismas son legales y de sentido común.
Senadora: tanto para nada. Por supuesto sirvió para que corrieran ríos de tinta gastados por periodistas que preopinaron por sus dichos porque ellos confiaron en que una senadora nacional y ex ministra no se puede equivocar tan mal. Por eso le creyeron sus denuncias.
Pero usted, habiendo sido notificada del fallo de Fiscalía, no dijo nada. Estando equivocada se olvidó del “nobleza obliga”. Tiene entonces razón la gente cuando dice que los políticos estamos lejos de ser nobles y nos sentimos con menos obligaciones que un común mortal.
No importa. ¿Sabe qué, senadora? Desde la administración del agua la disculpamos. Y se lo queríamos decir públicamente. Los que trabajamos como lo hacen la mayoría de nuestros comprovincianos, con esfuerzo y en silencio para mejorar, sin lastimar; los que sabemos que nos podemos equivocar haciendo y a los que nos gustaría debatir el futuro y sabemos escuchar, esperamos sus aportes para hacer las cosas mejor.
