Un detalle interesante de la política argentina actual lo aporta la labor que cumplen los gobernadores de las provincias, especialmente los que siempre estuvieron mayormente alineados con el gobierno libertario y otros muy consolidados en sus respectivos ámbitos de acción y, por lo tanto, con suficiente autonomía como para prescindir ocasionalmente de exigencias partidarias nacionales.
La foto en la que se va a Alfredo Cornejo durante la primera Cumbre de Minería y Sostenibilidad de Mendoza junto a sus pares de la llamada Mesa del Cobre, es explicativa en tal sentido.
No es la primera vez que se juntan. Ya han tenido participación en eventos en otras latitudes, incluso, pero en este caso se sumaron sin dudarlo a una cita que le viene muy bien políticamente a Cornejo y que posiciona a Mendoza y a otras provincias en una propuesta minera que encuentra incentivo al amparo de medidas desregulatorias a nivel nacional.
En ese grupo hay que resaltar la presencia de los supuestamente más alejados del mileísmo, como el catamarqueño peronista Jalil y el salteño Gustavo Sáenz, fundador de su propio partido, Identidad Salteña.
Sin embargo, se trata de dos políticos que en este primer año de gestión libertaria no dudaron en alinearse, y pedir el voto de quienes representan a sus provincias en el Congreso, a la hora de apoyar medidas de interés para sus respetivos terruños.
Con más razón ante el fuerte recorte de gastos (“No hay plata…”) hecho público por Milei desde el día de su asunción.
Pocas veces se vio que un grupo interesante de gobernadores se ponga de acuerdo para impulsar, en conjunto y desde sus provincias, a la industria de unos de los minerales que se posiciona en el mundo como de mucha demanda en virtud de los cambios en el procesamiento de los minerales.
Probablemente el mayor mérito sea del mendocino Cornejo, por saber crear el espacio que, a la vez, le permite cortar años de restricciones a nivel local y además sumando el respaldo explícito de provincias también interesadas en ese esperado despegue.
Otro detalle sobre protagonismo de los jefes provinciales se vio nuevamente a través del debate del presupuesto nacional para el próximo año.
Terminaron las sesiones ordinarias del Congreso envueltas en un lamentable escándalo de desencuentros y confusiones entre oficialismo y oposición por asuntos que no viene al caso enumerar en estas líneas, pero que sí estarían demostrando que algo de agilidad política le sigue faltando al oficialismo nacional para adaptarse al espacio selvático que siempre ofrece la política a través del Parlamento.
¿Habrá presupuesto en 2025? Es la pregunta que la mayoría pretende que se responda. Aunque a los estrategas libertarios, que los hay y con varios métodos tomados de la “casta” que el mileísmo dice haber llegado para combatir, ya no verían con desagrado que ese abordaje se demore un tiempo más.
Lo mejor sería pensar que los números de la Nación se traten durante sesiones extraordinarias convocadas por el Ejecutivo.
Nada queda claro y está latente la posibilidad de que el presupuesto kirchnerista de 2023 vuelva a ser redefinido por segundo año consecutivo.
Es por ello que los gobernadores que formaron parte de Juntos por el Cambio cada vez que necesitan realizar algún planteo formal al Gobierno lo hacen reflotando el nombre de esa coalición que, está visto, sólo funciona cuando de lo que se trata es de hacer reclamos a la Casa Rosada.
Pero les sirve, porque detrás de esa unanimidad de criterio viene el contacto con los diputados y senadores que los representan desde las bancas y, por añadidura, la previsión del quórum que necesita el Gobierno para hacer frente a determinadas cuestiones prioritarias para su gestión.
Los mandatarios provinciales temen que en un contexto de ajuste fiscal demostrativo de que se puede gastar en base a lo que ingresa a las arcas del Estado, sin una pauta aprobada por el Congreso sus jurisdicciones tengan que penar por recursos que, entienden, no caben en ningún plan de ajuste y deben estar previstos en la letra y los cálculos presupuestarios. Es una postura correcta, sensata.
Además, se entiende que ante un ordenamiento de las cuentas públicas y del vínculo Nación- provincias, como pregona la actual administración libertaria, lo mínimo que debe preverse es una pauta presupuestaria que refleje verdaderamente el uso de los recursos.
Por otro lado, una ley de presupuesto anual vigente también sirve de garantía para el Estado nacional en cuanto a la responsabilidad que asumen y deben cumplir las provincias. Así también lo entienden los gobernadores y está bueno que de un lado y otro se acepte sellar un acuerdo.
En el texto que enviaron al Ejecutivo, los mandatarios provinciales macristas y radicales insistieron con los temas institucionales que consideran para acompañar los pedidos que efectúan, de manera de no quedar expuestos como una suerte de rebeldes que buscan apurar al gobierno de Milei. Definen a la llamada “ley de leyes” como una “herramienta de gestión” que se requiere para “consolidar la confianza de los mercados” y “seguir avanzando en la lucha contra la inflación”. Además, que “el equilibrio fiscal es innegociable, tanto como el cumplimiento de la ley” y que “la mayoría de los argentinos no quiere regresar el pasado”.
Este último concepto estaría resumiendo el sentir de muchos ciudadanos que, soportando la estrechez que imponen las normas restrictivas imperantes, admiten que ese regreso al pasado del que hablan los jefes provinciales, en especial por el derroche durante dos décadas, significaría retomar un sendero sin salida clara.
Protagonismo de gobernadores radicales, macristas y peronistas no K, amigables en todo caso, que mantienen en alto el peso de las provincias en el armado nacional y que, por qué no, pueden ser determinantes a la hora del armado del rompecabezas electoral del año que pronto comenzará.
* El autor es periodista. jtoso@losandes.com.ar
