El gobierno provincial se vio obligado a ponerse al frente de la reacción de los sectores vitivinícolas contra la ley de alcohol cero al volante, que obtuvo sanción inicial en la semana en la Cámara de Diputados de la Nación.
Se trata de uno de esos temas que se instalan en el ámbito político, en este caso el Congreso, generan inquietud en determinados sectores de la comunidad hasta que en algún momento llegan al recinto de sesiones y terminan siendo aprobados. Por eso la vitivinicultura está muy molesta y preocupada y aventura una lucha intensa en el plano legal aun cuando la ley llegue a ser promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional.
El aval que le dio a la iniciativa el oficialismo nacional (impulsó el proyecto la Agencia Nacional de Seguridad Vial) hizo que los diputados mendocinos que forman parte de la oposición ejercieran una presión en contra de la norma, acción que, finalmente, no tuvo resultado para las aspiraciones de nuestra provincia.
Tanto desde Mendoza como desde San Juan, las principales zonas vitivinícolas, previamente fueron presentadas propuestas alternativas o modificaciones al contenido del proyecto original, como el aumento de los controles viales y un mayor presupuesto en las campañas de prevención. Fue la postura que adoptaron Julio Cobos y Jimena Latorre con un dictamen en minoría que impulsaba mantener el límite de 0,5 gramos por litro de alcohol en sangre a cambio de mayores exigencias en cuanto a penas para infractores.
Sin embargo, ya en el recinto hubo “deserciones” entre los representantes justicialistas de las dos provincias. En el caso de Mendoza, dos de los tres diputados del PJ, Adolfo Bermejo y María Liliana Paponet, acompañaron la propuesta (Bermejo, coherente con su postura personal sobre el tema). El resultado adverso generó enojo en el radicalismo mendocino, en especial por la actitud de los que no se expresaron en sintonía con el pensamiento del gobierno provincial y de la industria del vino en general.
Corresponde ahora el abordaje de la media sanción en el Senado, donde el oficialismo nacional tiene el número suficiente para dar la aprobación final. Sin embargo, la oposición mendocina en esa cámara del Congreso promete mantener la pelea y apela al sentir mendocino.
En ese sentido, la senadora Mariana Juri apeló a la supuesta influencia que posee su colega kirchnerista Anabel Fernández Sagasti. Pero la intentona no es segura, en primer lugar, porque, aunque pretendiera hacerlo, la influyente legisladora K difícilmente pueda ir en contra de una medida promovida por un organismo que depende del Ministerio de Transporte.
Además, el habitual mecanismo legislativo no alienta muchas esperanzas. Aunque la Cámara de Senadores lograse modificar el polémico índice de alcohol cero, se necesitaría una nueva revisión de la cámara de origen, Diputados, donde con la mayoría obtenida esta semana el oficialismo lograría dar sanción definitiva a la norma.
Queda, por lo tanto, lo que se pueda hacer puertas adentro de Mendoza desde el Gobierno y lo que planifiquen las entidades vitivinícolas. Rodolfo Suárez fue rápido en ponerse al frente del rechazo a la modificación del índice en los controles viales. Su gobierno se ha puesto a trabajar en las interpretaciones correspondientes en cuanto a legislación y atribuciones constitucionales para permitir que en el ámbito provincial siga rigiendo el 0,5, en vías de erradicación con la modificación de la ley nacional.
Hay varios atajos a contemplar, partiendo del alcance de aplicación de la ley a punto de sancionarse, que fija jurisdicción en rutas nacionales para ordenar el alcohol cero al volante. Hay varias provincias que ya tienen incorporada esa norma en sus propias legislaciones, pero Mendoza podría prescindir de adherir a lo que muy probablemente disponga la ley nacional.
El equipo de Suárez apela a los alcances de control y sanción a infractores que poseen tanto Gendarmería Nacional como la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Una interpretación que el equipo de asesores del Gobernador deberá resolver para tener a mano cuando se comience a aplicar la nueva normativa en todo el país.
Inevitables cruces por la minería
Mientras tanto, en la Legislatura ya se analiza en comisiones la declaración de impacto ambiental del proyecto minero Cerro Amarillo, en Malargüe, con los apoyos y resistencias habituales según la mirada que tiene cada legislador sobre el encuadre en la ley minera provincial.
En el radicalismo aceptaron tomar el tiempo necesario para que se discuta a fondo el tema en comisiones. Las voces oficialistas consideran que es bueno el clima político que se produjo con motivo del proyecto. Dicen no tener “ningún apuro” porque en el Ejecutivo pretenden que lo que salga “sea debidamente consensuado, sin que haya ninguna duda. Que todo se enmarque en lo que establece la ley 7.722 y que, por lo tanto, se hayan cumplido todos los pasos. Es lo que nos pidió el Gobernador”, señaló una alta fuente legislativa del oficialismo provincial.
En cambio, algunas de las voces más enfáticas a favor de la actividad minera consideran que “deberíamos estar agradecidos de que alguien explore para saber lo que tenemos. Después, en todo caso, se decide si se aprueba o no una determinada explotación. Pero este trámite entendemos que no corresponde”. Aunque también aceptan el pedido del Gobierno para que se mantenga un escenario de armonía en la discusión, de modo que los sectores más reaccionarios, a un lado u otro de la actividad minera, no reaccionen desmedidamente. El llamado consenso social ha sido y es traumático para la actual administración provincial y por ello Rodolfo Suárez pretende el más amplio acuerdo posible cuando se traten las propuestas.
Del otro lado de la grieta minera se sumó el Partido Verde, que desde la única banca que posee en las cámaras aporta a la discusión su punto de vista crítico, fundamentalmente por considerar que la zona prevista para el emprendimiento se hallaría incluida en el marco de prohibiciones que establece la Ley de Glaciares.
La principal intención de disponer del tiempo necesario para que la Legislatura se expida sobre la factibilidad de Cerro Amarillo es escuchar las opiniones de expertos en el tema, como también de representantes de actividades del medio que propician la actividad minera.
En ese sentido, el empresariado que está a favor de que, por lo menos, Malargüe tenga su propia habilitación, considera que se debe hablar de dicha actividad “sin temor ni con especulaciones políticas”. Se aduce que, independientemente de la minería, en materia ambiental hay muchas materias pendientes en la provincia. Por otro lado, consideran que la necesaria ampliación de la matriz productiva de la provincia no puede prescindir del impacto económico y salarial que aportaría la polémica industria.
Para el gobierno provincial el tema no deja de ser imperativo. Si bien Rodolfo Suárez decidió trasladar el poder de decisión sobre los proyectos enmarcados en la ley 7.722 al gobierno que lo suceda, también necesita dejar encaminados emprendimientos que marquen su huella de gestión y que de algún modo respondan a las expectativas de inversión promovidas en Brasil, Canadá y otros países. Y en el caso puntual de Malargüe, con más razón luego de que La Pampa lograra trabar Portezuelo del Viento.
Por último, hay posibilidades de que se presente en no mucho tiempo una nueva discusión política por la deuda de la Provincia, una vez más, a partir de la decisión del Ejecutivo de avanzar con el roll over por afuera del ámbito legislativo y pese al sorpresivo dictamen en contra por parte del fiscal de Estado. Es una decisión política que tomó el Ejecutivo. Le quedaría a la oposición la opción de la Justicia, como casi todas las cuestiones que en la Argentina la política no es capaz de resolver.
