Afortunadamente está entrando en estado público y ha comenzado a haber participación de funcionarios públicos en la discusión del tema. Se trata de que el Estado Nacional y los Estados Provinciales se hagan cargo de la explotación de las centrales hidroeléctricas, con el importante rédito que resulta de la venta de la energía de las mismas. Es importante aclarar que en el precio de la venta de la energía no hay congelamiento, las tarifas que se les paga a las concesionarias son elevadísimas y con total regularidad y cumplimiento en los plazos.
Esta recuperación por parte del Estado de las centrales es debido a que vencen indefectiblemente las concesiones a los 30 años de su inicio; ocurrirá para las Centrales de Hidronor en agosto del 2023, y para el resto de las Centrales en su gran mayoría en el año 2024 (dentro de las cuales están nuestros Nihuiles y las Centrales del Río Diamante).
He sostenido que si bien las centrales de la vieja Hidronor (Chocon, Alicura, Arroyito, etc.) fueron pagadas por el Estado Nacional, están en ríos que pertenecen a Río Negro y Neuquén; y por otro lado es en esas provincias donde está el personal capacitado para explotarlas. Si bien la operación de puesta en marcha y parada es muy simple, es necesario que el personal que lo haga tenga la experiencia que le da haberlo hecho con anterioridad.
Propongo además que la Empresa Nacional que las tenga a cargo sea ENARSA, único organismo nacional que se ocupa del tema Energía, haciendo convenios con las provincias para realizar la explotación en conjunto. Si existiese un organismo como Agua y Energía Eléctrica de la Nación, no hay duda que sería el más indicado; pero lamentablemente fue liquidado por la dupla Menem-Cavallo en el año 1994, dejando a la Nación a la deriva en la planificación, regulación y ejecución de todas las obras destinadas a la energía eléctrica del país.
He leído críticas respecto a que ENARSA no tiene la capacidad económica para hacer frente a los gastos de mantenimiento de las centrales. Esto es una falacia total ya que las centrales están en funcionamiento, producen y venden la energía todos los meses con un valor que sobra para hacer cualquier tipo de mantenimiento, pago del personal, etc.
Es incorrecto pensar que esta decisión Política de que el Estado retoma la explotación de las Centrales puede perjudicar a Mendoza. De hecho, es al contrario porque en el año 2024 Mendoza recuperaría la venta de la Energía de los Nihuiles (la concesión fue hecha a HINISA por la provincia de Mendoza, ya que el Estado Nacional transfirió el dominio a Mendoza de las Centrales Nihuiles con todas las instalaciones que la integran antes de hacer las concesiones).
A efectos de demostrar las elevadas utilidades que perciben los Concesionarios con el patrimonio argentino, acompaño a esta nota un Balance de la Empresa Concesionaria Pampa Energía, la que justamente es Concesionaria de nuestros Nihuiles, las Centrales del Rio Diamante, y participa también de parte del Sistema de Hidronor.
Como se aprecia en este balance de Pampa Energía correspondiente al segmento de la Sociedad de Generación de Energía, obtuvo en el 1er. trimestre sobre una venta de 166 millones de dólares, una ganancia neta (resultado) de 98 millones de dólares. Esto representa una utilidad final del 59%, resultado que supera a los de casi cualquier actividad lícita.
Cometeríamos un terrible error si se continúa con el sistema actual de concesiones, en el que pagamos entre todos los argentinos valores que agrandan nuestro déficit crónico.
Se habla mucho de las deudas que existían en el Estado por haber congelado las tarifas en la época del Gobierno de Néstor Kirchner. Pero la realidad es que la mayoría de las Concesiones fueron transferidas de los iniciales concesionarios a otros que conocían a la perfección los métodos para lograr la actualización de las tarifas; lo que se comprueba por el elevado valor que cobran actualmente.
En muchos casos los concesionarios iniciales iniciaron juicios al Estado en el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencia Relativas a Inversiones) con sede central en Nueva York, del cual el Presidente del Consejo Administrativo es el Presidente del Banco Mundial. O sea que lo que ocurrió en ese tiempo ha sido resuelto por sentencias o arreglos, quedando la situación saldada.
Por supuesto que existen lobbies que trabajan activamente para que las Empresas Concesionarias no pierdan el negocio que les otorgó en su momento un Gobierno de corte fuertemente neoliberal, sin medir las consecuencias negativas para la Argentina. Es de esperar que los funcionarios y legisladores que tienen en sus manos la definición del manejo de las centrales, lo hagan pensando en el enorme beneficio que generan, con el consecuente potencial ingreso de fondos a nuestra alicaída economía.
