Uno de los argumentos de los que se sirvió el oficialismo para bajarle el tono al escándalo por la vacunación oculta de importantes dirigentes políticos, funcionarios, sindicalistas, sus familiares y amigos, en manifiesta transgresión de los protocolos y las prioridades fijadas por el propio Gobierno, fue que se trataba de un asunto moral, una falta de carácter menor, que no configuraba delito ni tenía una dimensión política.
Para eso se valió de una metáfora que fue tomada por muchos en un sentido literal: reconocía que estuvo mal “adelantarse en la fila” pero no se trataba de un asunto grave ni de una cuestión de Estado.
Se confinaba así a la falta a un ámbito de condena social, sin mayor trascendencia.
El asunto merece un análisis más detenido: ¿dónde situar el problema? Para eso es necesario definir (brevemente: sobre esto se han vertido océanos de tinta) qué relaciones existen entre lo moral, lo político y lo jurídico.
La política es la forma principal que tienen las sociedades para regular la conducta de sus miembros: establece un orden y define pautas de gobierno.
Para llevar a cabo esta función fundamental, la política se vale de dos herramientas fundamentales: la moral y el derecho.
Dependiendo del valor que se le otorgue a un bien determinado (material o inmaterial), la política asignará su protección o promoción a la moral o al derecho.
Si se le asigna mucho valor, lo situará en el campo jurídico, proveyendo recursos del Estado para protegerlo, promoverlo o castigar posibles ataques, atentados o vulneraciones en su contra.
Si en cambio le otorga un valor menor, lo confinará al ámbito de la moral.
Voy a poner un par de ejemplos, para que se entienda mejor: durante muchos años la violencia doméstica o intrafamiliar fue un asunto que no mereció ni protección ni condena por parte del Estado, como no se tratara de casos de homicidio o lesiones graves. Conforme la sociedad advirtió la gravedad de esos hechos, pasó del ámbito moral al jurídico.
Un caso parecido, aunque no idéntico, pero en un sentido inverso sucede con las relaciones homosexuales. En tanto la sociedad fue aceptando ese tipo de relaciones, se eliminó la legislación que las penalizaba.
En ambos casos dichas transiciones son producto de decisiones políticas.
Respecto del vacunatorio VIP se ha sostenido que se trata de una cuestión de “moral pública”, es decir, de un comportamiento impropio con fuerte repercusión pública pero aún así, sin gravedad jurídica o política.
Si bien las delimitaciones entre política y moral pública tampoco son precisas, no parece ser el caso.
Un caso de moral pública es el affaire de Bill Clinton con Monica Lewinsky, en la que el comportamiento indebido del presidente tomó estado público, pero no fue con afectación de recursos públicos ni se arriesgó la continuidad o el sostenimiento de políticas de Estado. El efecto político que pudo atribuírsele al episodio fue la lesión del prestigio de la investidura presidencial, aunque el resultado más evidente fue la debacle de Clinton como líder.
Las vacunas adquiridas por el Gobierno para la inmunización de la población ante el contagio del COVID 19 son un recurso público. El protocolo que se había establecido identificaba grupos de riesgo -mayores de 60 años, personas con comorbilidades o particularmente expuestas a los contagios, como personal sanitario o miembros de las fuerzas de seguridad- como los receptores prioritarios de las vacunas. Se trataba de una asignación estratégica del recurso según los lineamientos de una política sanitaria, que respondía a la lógica del interés público y redundaba en el bien común.
El vacunatorio VIP es un caso de corrupción, es decir, de empleo de recursos públicos con el objeto de un beneficio particular: el de los dirigentes y funcionarios que consiguieron la inmunización en vulneración flagrante de los protocolos.
No me interesa entrar en la cuestión de si se trata de un caso sobre el que debe entender la justicia.
Tal parece que, contra lo que afirmara en su momento el Presidente Fernández en la conferencia de prensa con motivo de la visita de Estado a México, existen motivos sobrados para que lo haga.
Uno de los principales argumentos legitimantes del kirchnerismo, el cristinismo y el epígono que nos gobierna hoy es que suponen el restablecimiento de la primacía de la política, contra el proceso supuestamente despolitizador del llamado neoliberalismo.
La realidad es que fuera de ese discurso, la mayoría de las acciones de tales gobiernos han respondido y responden a un voraz impulso depredador, que lesiona todas y cada una de las áreas del Estado y de la administración, fuertemente despolitizadores, en el que prima el interés de facción y la apropiación indebida de recursos públicos. La corrupción es la manifestación más transparente de los enemigos de la política.
El atentado contra la política que constituye el Vacunatorio VIP tiene su episodio más vergonzoso en la inmunización masiva de jóvenes militantes de la Cámpora en la Provincia de Buenos Aires. El Gobernador Axel Kicillof, comprometido en las asignaciones arbitrarias de vacunas, sostuvo que “vacunarse es un acto de amor y de solidaridad para protegernos y cuidar a los demás”.
Fue Néstor Kirchner quien afirmó aquello de “usted no preste atención a lo que digo, mire lo que hago”. Con el kirchnerismo y su simiente cochambrosa siempre hay diferencias entre una cosa y la otra.
*El autor es Profesor de Filosofía Política.
