Prácticamente todos los que tenían que exponer lo hicieron. Hubo voces a favor y en contra. Pero el proyecto para reformar el funcionamiento de la Suprema Corte que propuso el Gobierno no puede superar la pelea política y de poder que supone contar con un máximo tribunal virtualmente dividido en dos bandos.
Mientras tanto, el gobernador Suárez no baja su pretensión de que la Legislatura termine aprobando la reestructuración que propone. Toca el tema en cada participación pública que tiene. Quiere que el trámite sea liquidado lo más rápido que se pueda.
El titular del Ejecutivo no da señales, por lo menos hasta ahora, de acceder a algún marco de negociación en lo referido al funcionamiento de las salas del máximo tribunal. Por eso insiste con que el sorteo de los jueces supremos en los casos que no demanden el pleno del tribunal “es de una transparencia absoluta”. A lo que agrega que todos los ministros de la Suprema Corte deben entender en todas las causas, como ocurre a nivel nacional.
Sin embargo, se encuentra el Gobierno ante una situación probablemente inesperada, no prevista, o tal vez relativizada: diferencias hacia adentro de la coalición que encabeza la UCR en el plano parlamentario. Lo sucedido en la semana confirmó que los diputados Jorge Difonso y Gustavo Cairo no accederían livianamente a firmar un despacho que no los convenciera plenamente. Difonso, porque en su condición de presidente de la comisión que analiza el proyecto, la de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), consideraba necesario agotar la instancia negociadora; Cairo, porque su principal referente político, Omar De Marchi, más allá de sus convicciones, quería esta vez que su partido sea escuchado dentro de la coalición Cambia Mendoza.
Con la necesidad de que un voto asegurara la mayoría, desde el radicalismo apostaron sus fichas al diputado Cairo, pero pudo más el poder persuasivo del líder de su partido para obligar a la mayoría radical a aceptar la necesidad de consensos. Así surgió, por un planteo de la comisión LAC, el pedido formal de la Cámara de Diputados a los miembros de la Corte para que intentaran elaborar con celeridad una propuesta que dejase satisfecha a las partes y que fuese, en ese sentido, superadora de la remitida por el Poder Ejecutivo.
Los ministros del máximo tribunal se reunieron y mantuvieron total hermetismo, pero no arribaron a nada nuevo. Era esperable: los filoradicales comulgan con el proyecto, mientras que los filoperonistas se mantienen a distancia del mismo. De todos modos, trascendió que hubo contactos, sin avances. El radicalismo legislativo necesita un puente que conduzca directamente a Palermo, Adaro y Gómez.
La comisión legislativa debe reunirse el martes a la mañana, como lo hace semanalmente. Aguardan la llegada de la propuesta de la Corte. Pese a todo, es de esperar que el radicalismo proponga apurar el trámite, con más razón si no hubiese novedades desde la Justicia. Sin embargo, el panorama parece haber cambiado: con resistencia por parte del sector filoperonista, los jueces supremos tendrían un nuevo encuentro para abordar el tema mañana. Pronóstico reservado.
Una nueva jugada
La novedad presentada este fin se semana por Omar De Marchi puede hacer cambiar todas las estrategias. En primer lugar, porque con la iniciativa dada a conocer a través de las redes sociales es muy poco probable que el proyecto del Ejecutivo pueda resolverse en la sesión semanal de la comisión.
En realidad, no se trató de ninguna sorpresa. El diputado nacional larretista ya había expresado que no tenía sentido que el gobierno de Suárez pretendiera modificar “de una semana a otra un procedimiento que tiene décadas”. Había pedido, también, no caer en los mecanismos de hacer política que se le critican al kirchnerismo. Sugirió abrir el debate y escuchar posturas disidentes.
Lo que propuso ayer el principal referente local de Pro tiene dos ejes: la creación de instancias intermedias (previas a la Corte) en lo laboral y penal y la modificación del artículo de la Constitución Provincial que determina los requisitos para ser juez de la Corte.
El primer eje apunta netamente al funcionamiento del Poder Judicial, ya que hace alusión a la gran cantidad de causas que se acumulan en la máxima instancia. De ese modo plantea la creación de una instancia intermedia de apelación en lo laboral y penal, de modo que a la Corte sólo lleguen causas que ameriten ese destino.
En el mismo sentido se enfoca la propuesta de transformación de las cámaras laborales en juzgados unipersonales de primera instancia, con una instancia intermedia para las apelaciones. También la iniciativa se extiende a lo penal.
En la segunda parte de la propuesta es donde De Marchi de algún modo mete el dedo en la llaga. Es el eje político de su idea. Señala que otro problema que se presenta “es la naturalización de las pertenencias partidarias en algunos ministros de la Corte. Hoy normalizamos que hay jueces radicales y jueces peronistas. Esto no está bien y debe corregirse si queremos fortalecer la independencia de la Justicia”.
Esta última propuesta se puede materializar a través de una enmienda constitucional que permita modificar el artículo 152, que determina las condiciones que deben reunir quienes aspiran a ser jueces de la Corte. La no afiliación a un partido político y no haber sido ministros del Poder Ejecutivo o candidatos a cargos electivos, en ambos casos durante los diez años previos a la eventual postulación son los agregados que pretende De Marchi implementar.
Desde el Partido Demócrata tampoco hay predisposición para acercarse a la propuesta oficial y sus eventuales alternativas. La única legisladora del PD, Mercedes Llano, una de las voces opositoras en la comisión LAC, es muy crítica con la postura del radicalismo gobernante, al que acusa, como lo hizo De Marchi, de pretender ejercer en la provincia la misma presión sobre la Justicia que sus principales voces critican del kirchnerismo en el plano nacional.
Entiende que de lo que busca el Gobierno con el proyecto enviado a la Legislatura se enmarca en un plan de politización de la Corte atribuido al ex gobernador Cornejo, que comenzó con la incorporación de Dalmiro Garay al máximo tribunal tras haber sido ministro de Gobierno y gran ejecutor de las reformas que en materia judicial introdujo la anterior gestión. Por lo tanto, desde el PD sugieren el debate de un proyecto nuevo.
Hay otro antecedente bastante reciente de un ministro de Gobierno trasladado a la Corte: el actual juez Mario Adaro. Gobernaba entonces el justicialista Celso Jaque.
Se estima muy difícil que en la nueva semana haya despacho de comisión, por lo menos como se presentó la discusión con este fin de semana incluido. Obviamente, la iniciativa de De Marchi tiende a abrir una nueva discusión. Por qué no una instancia negociadora que rompa la cerrazón gubernamental. En el Gobierno no deberían darse el lujo de ver cómo queda a mitad de camino otro proyecto de reforma.
