Mendoza parece hundida en un pantano. El progreso o lo que podría parecerse a ese concepto se esfuma y el estancamiento, cuando no el retroceso, nos dominan. Es como si todo nos costara el doble que a las demás. Cuando intentamos salir, el barro del fondo nos inmoviliza.
El diagnóstico, no importa quién lo haga ni a qué partido represente, no varía mucho. En cada campaña escuchamos hablar de ampliar la matriz productiva, una nueva mirada, una nueva agenda, etc, etc, etc.
Otro latiguillo frecuente de la política es la reelección del gobernador: dicen que en sólo cuatro años es imposible desarrollar y completar una idea, un proyecto de provincia. También achacan a ese límite lo efímero del poder, interno y nacional, del que se sienta en el sillón que alguna vez ocupó San Martín.
Esas dos razones explicarían, por ejemplo, el protagonismo político y económico de las vecinas San Juan y San Luis, a contramano de una Mendoza que parece apagarse.
Pero el análisis de los números, esos que lamentablemente desconocen muchos de los que deberían defender los intereses de los mendocinos en todos los estamentos, muestra otra razón, más contundente: el claro perjuicio que sufre la provincia en el reparto de fondos nacionales.
La coparticipación es una vieja queja que ha ido perdiendo fuerza. Sólo mencionarla parece aburrido. Pero es la clave de todo. Sin plata es imposible desarrollar un proyecto.
Si Mendoza no estuviera relegada como está, no importaría si el presidente, Alberto Fernández, le autoriza un préstamo de sólo 1.900 millones de pesos o los 5.000 millones que pretendía para enfrentar la crisis causada por el coronavirus. La diferencia es ínfima al lado de lo que pierde por el reparto de impuestos nacionales.
Como ya se explicó en la nota publicada el domingo pasado, San Juan recibe por habitante 120% más que Mendoza en concepto de Coparticipación Federal de Impuestos, según los datos publicados en el sitio web del Ministerio de Economía de la Nación. De tener el mismo ingreso, nuestra provincia podría pagar un dique como Portezuelo del Viento cada año.
Pero no sólo con los vecinos perdemos por goleada. Córdoba, la provincia más rica después de Buenos Aires, recibió 20% más por habitante que Mendoza el año pasado. A Santa Fe, también cerealera, industrial y ganadera, le llegó 31% más.
Esos números obligan a que seamos los propios mendocinos los que asumamos con el pago de impuestos (Ingresos Brutos, Automotor, Inmobiliario y Sellos) una mayor proporción de los gastos e inversiones del Estado provincial. En Córdoba, los tributos locales equivalieron en 2019 al 67% de lo que envió la Nación por coparticipación; en Mendoza representaron el 81%.
Esto también ha llevado a que cada gobernador deba hacer de Buenos Aires un destino casi semanal para mendigar fondos que ayuden a financiar las obras y los gastos corrientes que el presupuesto local no puede pagar.
La fama de “provincia rica”, con mejor educación y salud públicas que la mayoría, bodegas glamorosas y el otrora redituable petróleo, claramente ha perjudicado a Mendoza en el injusto reparto de recursos nacionales.
Pero también la han perjudicado el derroche fiscal excesivo, el aumento desmedido de la planta de estatales y una dirigencia política de visión limitada, escasa profundidad y creativa sólo a la hora de tramar trampas que puedan favorecerla.
