Gran parte de la sociedad argentina miró con preocupación el reciente conflicto de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Fue la protesta más extensa llevada a cabo por efectivos de esa institución en el período democrático iniciado a fines de 1983. Durante varios días el servicio policial se vio restringido en el territorio bonaerense por el elevado porcentaje de adhesión de uniformados, concentrados día y noche en distintos lugares, en muchos casos portando el armamento reglamentario y reteniendo los móviles que les provee la fuerza; una situación criticable y pasible de sanciones.
La Bonaerense es una organización policial con más de 90 mil efectivos para la cobertura de un territorio de 307 mil kilómetros cuadrados, con 16 millones de habitantes. Es por ello que una prolongada falta de servicio policial puede derivar en una situación caótica. Además, siempre en estos casos está latente una posible réplica de la protesta en otras policías provinciales,
Analistas de la situación sugieren que hubo una notoria defección de la plana mayor policial, que es la que debe hacerse eco de los reclamos, generalmente reiterados, sobre salarios, condiciones laborales e inquietudes en cuanto a cobertura social o acceso a la vivienda, que también formaron parte del tenso reclamo. No pudo contenerse una situación de malestar de un sector mayoritario de una fuerza de gran envergadura, lo que derivó en una situación de insubordinación. Son aspectos que seguramente deberán evaluar las autoridades de aquella provincia.
Los números que se conocieron a partir del planteo policial demostraron que, efectivamente, el personal se hallaba atrasado en cuanto a sus ingresos y al valor de las horas extras que realizan. El gobierno bonaerense pudo realizar una propuesta bastante satisfactoria que permitió desactivar el paro al asegurarse recursos que el Ejecutivo nacional quitó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; un hecho inconsulto, unilateral, que generó un conflicto que deberá dirimir la Justicia y sobre el cual haremos el análisis correspondiente en otro artículo. Por lo tanto, hubo un mal cálculo presupuestario de origen.
Pero a lo que debería conducir esta rebelión es a reflexionar sobre los alcances de las políticas de seguridad y al nivel de prioridad que las distintas miradas políticas les dan a las mismas. En el caso puntual de la provincia de Buenos Aires, son varios los políticos y especialistas en seguridad que coinciden en señalar que se llegó a un nivel de deterioro difícil de revertir luego de décadas de ineficiencia. Es muy probable que esa sea el diagnóstico correcto, pero también es posible que lo que salió a la luz en estos días sobre la Bonaerense pueda también quedar a la vista en otras fuerzas de seguridad a lo largo del país.
Está demostrado que una de las mayores preocupaciones de los argentinos es la inseguridad, en mayor o menor medida en todo el territorio nacional. Por lo tanto, hechos como el vivido deben llevar a la dirigencia política, en general, a buscar soluciones estructurales que le aseguren a la ciudadanía un servicio efectivo y tranquilizador. No más discusión sobre “mano dura” o garantismo. La seguridad debe ser una política de Estado con presupuesto acorde y basada en el profesionalismo, la vocación de servicio y el apego a la ley.
