¿Una nueva liga contra la coparticipación federal?

Se politiza peligrosamente el conflicto entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la Nación por los recursos que ésta le quitó en setiembre al gobierno porteño.

Volvieron a tomar parte en el asunto los gobernadores que forman parte del Frente de Todos, que son amplia mayoría en el país y que a modo de liga partidaria sirven de soporte para decisiones discutibles, como las que nos ocupa.

Debe recordarse que en setiembre el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta apeló ante la Corte Suprema de la Nación por el porcentaje de coparticipación que se le quitó a CABA para ayudar al gobierno bonaerense a solucionar el reclamo salarial de los policías, que en gran parte encararon una peligrosa rebelión.

Esos recursos fueron destinados a un fondo de seguridad de la provincia gobernada por Axel Kicillof.

Mientras se espera que la Corte se expida sobre dicho reclamo, los gobernadores oficialistas se expresaron públicamente esta semana para respaldar la forma por la cual el presidente Fernández decidió esa quita de fondos y su derivación.

Pero, además, plantearon que es el Congreso donde se debe dilucidar el planteo hecho por la gestión de Rodríguez Larreta.

Es correcta la apreciación de los mandatarios peronistas de que es en el ámbito parlamentario donde debe abordarse la discusión sobre la coparticipación. Así lo establece la Constitución Nacional. Pero también ésta reconoce como una atribución de la Corte Suprema entender en conflictos o asuntos en los que la Nación sea parte, según reza el texto constitucional.

El planteo del gobierno de Rodríguez Larreta fue, justamente, contra el Ejecutivo nacional por lo que constituyó una quita inconsulta de sus recursos coparticipables.

En ese marco, hasta es discutible la argumentación por parte del Estado nacional sobre la forma supuestamente arbitraria con la que la gestión nacional anterior otorgó un incremento coparticipable a CABA.

Previo a un pronunciamiento como el descripto, los gobernadores que salieron en apoyo del Ejecutivo deberían reparar en una de las grandes deudas que tiene la dirigencia política del país con respecto a la exigencia constitucional de fijar un régimen de coparticipación claro y estable, dispuesta como resultado de la reforma de 1994. Durante décadas, la Nación y las provincias en su conjunto se acostumbraron a la vigencia de pactos fiscales que, a modo de parches, prácticamente tuvieron la finalidad de una sintonía política más que satisfacer las justas necesidades de cada Estado componente de la Nación.

Pretender reunir al Congreso para que, por mayoría kirchnerista y de sus aliados, se justifique un polémico e inconsulto recorte de fondos para una gestión que, justamente, no es del mismo signo político, lleva a toda clase de interpretaciones y suspicacias.

Y debería poner en alerta a los pocos gobiernos de provincia que no pertenecen al frente nacional gobernante, entre los cuales se encuentra el de Mendoza.

Queda por esperar qué dicen los miembros de la Corte Suprema. Tienen una nueva chance para mostrar que ejercen el poder que les otorga la Constitución y despejar el camino de sospechas de presiones políticas en el que se introdujeron este año con procederes erráticos.