El decreto sobre la deuda hará poner la mirada en los jueces supremos.
La discusión por el roll over pasó a ser uno de los temas políticos del verano en Mendoza. Una discusión leguleya que puede no interesar al común de los mendocinos, pero que tiene mucha importancia porque lo que está en juego es la interpretación de la norma constitucional.
Atormentado por la constante negativa del justicialismo a dar los dos tercios para la reestructuración de la deuda provincial, el gobierno de Suárez efectuó una interpretación de la ley de administración financiera que motivó a la oposición para llevar el tema a la Corte local.
Un obsesivo estudioso de los temas constitucionales, el ministro Víctor Ibáñez, hizo público su descontento con el PJ y aportó la conclusión a la que arribó el Gobierno para justificar la decisión de decretar y no pasar por la Legislatura.
Se apoya, además, en dictámenes técnicos a favor de la decisión del Gobierno, incluyendo el punto de vista del fiscal de Estado, que reconoce que la operatoria es positiva para la Provincia, pero siempre que cuente con el aval de los dos tercios de quienes ocupan las bancas legislativas.
Ahora se debe esperar lo que decidan los jueces supremos en cuanto a los tiempos para resolver los planteos.
El Partido Verde hizo una interesante jugada política con este caso. Se posicionó y no quedó detrás del justicialismo, como un sector opositor minoritario que apoya la disidencia hecha por el Frente de Todos con respecto a la constitucionalidad del decreto del Ejecutivo.
Hay que tener en cuenta que Mario Vadillo ya es precandidato a gobernador por la agrupación. Justamente, el ex de Protectora y el diputado Emanuel Fugazzotto, la única voz del partido en la Legislatura, se encargaron de llevar a la Corte el planteo contra el Gobierno un día antes que el PJ, que ya había anticipado su decisión de recurrir a la Justicia, pero que juntó la mayor cantidad posible de adhesiones entre los integrantes de sus bloques legislativos para darle fuerza a su jugada.
Más allá de esta tensa situación, en el justicialismo no descartan acceder a alguna instancia de diálogo, siempre que ésta surgiese del oficialismo. En esa línea, trascendió que desde el “cornejismo” no estarían viendo con agrado el escenario que se vislumbra y que lleva al conflicto que plantea la oposición ante la Corte. Y estarían “tirando líneas” para intentar el diálogo, según versiones que surgen desde la oposición. Pero todavía todo se desarrollaría a nivel informal y lo más probable es que ese acercamiento se formalice recién en febrero, cuando vuelva la actividad legislativa.
Realmente, el planteo que hace la oposición justicialista es la herramienta política que tiene más a mano para generarle dolores de cabeza a la administración radical.
Es un tema recurrente, pero que en este caso busca transformar a lo que el Gobierno considera una acción viable y auspiciosa desde el punto de vista de la gestión en una artimaña para volver a eludir la discusión política y la necesidad de una mayoría especial para la aprobación.
Otro detalle no menor es que con el abordaje de este caso volvería a especularse con la postura que pudiesen adoptar desde el “filoradicalismo” y el “filoperonismo” en el que se divide el máximo tribunal de justicia de la provincia. No sería nada oportuno un 4 a 3. El clima de consenso que los jueces supremos lograron con motivo del proyecto de Suárez para modificar el funcionamiento del máximo tribunal es puesto a prueba en circunstancias como la que se plantea en estos momentos.
Pero hay un detalle. Una instancia de diálogo o negociación entre las partes es más difícil de concretar, porque lo que está en discusión ahora no es un proyecto sino una medida concreta adoptada por el Ejecutivo. Se debería ir directo a la interpretación de los alcances.
No obstante, si, como se dejó trascender, se producen canales de acercamiento entre las partes el tribunal podría poner puntos suspensivos para ver si la política es capaz de ponerse de acuerdo.
Si es así, hará falta buena voluntad desde ambas orillas. Si no, obsérvense las lamentables derivaciones de la medida cautelar de la Corte nacional en el caso de la coparticipación porteña. Fue una decisión tomada por los jueces luego de dos años de infructuosas conversaciones entre las partes. Y ahora está en riesgo la institucionalidad del país por la embestida que, como represalia, adoptó el oficialismo con la máxima instancia de la justicia nacional.
Enero agitado
Párrafos finales para otro tema caliente, pero que seguramente abarcará más allá del verano. Está claro que pocos quieren quedarse atrás en el arranque del año electoral. Y donde más se pueden observar tensiones es dentro de la coalición oficialista Cambia Mendoza.
El principal referente del Pro en la provincia, Omar de Marchi, quiere hacer valer su propuesta para el plano local apoyado en el nivel de conocimiento que posee en la provincia.
Como en el anterior proceso electoral, los partidos más chicos siguen encendiendo velas para que, de una vez por todas, el actual diputado nacional decida competir por afuera del oficialismo. Siempre hay promesa de acompañamiento.
Si el contrincante a enfrentar fuese Cornejo, como quiere el gobernador Suárez, no hay que descartar que el lujanino pudiese intentar abrirse con su partido de Cambia Mendoza, pero sólo para la elección provincial. ¿Por qué es una posibilidad? Por el desdoblamiento que genera la fecha provincial de elecciones dispuesta por ley. Una suerte de ingeniería electoral complicada, pero de ningún modo descartable. A veces, la política todo lo puede.
Como ya se ha dicho, a nivel nacional por ahora el escenario es diferente. De Marchi es el “armador” del juego para Rodríguez Larreta en las provincias y todo indica que el jefe de Gobierno porteño irá a las primarias siempre por adentro de Juntos por el Cambio.
En el radicalismo están seguros de que compitiendo en las PASO Cornejo tendría clara ventaja sobre De Marchi. Si bien puede haber mejorado la imagen del lujanino, toman como antecedente lo que ocurrió en 2019, cuando Suárez se impuso en las primarias por un buen margen de votos.
En cambio, si el Pro se presenta encabezando una coalición distinta se estima que el porcentaje de votos a recibir puede mejorar notablemente y tornar competitiva a la fórmula que De Marchi pudiese encabezar.
Y así como el cornejismo saca cuentas con respecto a las posibilidades de De Marchi en un mano a mano con el actual senador nacional, en el entorno del referente local del Pro comparten el punto de vista que éste tiene de su potencial competidor: “las segundas versiones nunca fueron buenas”. Por otra parte, también consideran que Cornejo ya tiene fuerte incidencia en las decisiones del actual gobierno provincial, como también en la Suprema Corte y en los organismos de control de la gestión pública, además de tener, políticamente hablando, la voz cantante a nivel legislativo, entre radicales. Eso le da responsabilidad en todo lo que ha sucedido durante la actual gestión.
Haciendo una rápida evaluación, consideran en el Pro que la gobernación de Cornejo sí mostró reformas en la Justicia, “pero nada en desarrollo o en empleo, lo que complica las cosas porque Mendoza se encuentra estancada hace muchos años”. Y lo de Suárez no alcanzó para enderezar el rumbo.
Dichos y trascendidos que potencian la opinión de quienes ven por el momento a De Marchi como el principal opositor al radicalismo gobernante.
