Una ley contra emprendedores y pymes

La Comisión de Legislación del Senado de la Nación, aprobó un proyecto de ley presentado por los senadores Oscar Parrilli y Jorge Taiana, que tiene por fin prohibir la apertura de empresas en 24 horas, la posibilidad de realizar el trámite de constitución de manera online y llevar sus libros contables de forma digital (para CABA y aquellas provincias que así lo tuvieren instrumentado), eliminar de facto la sociedad unipersonal y suspender la ley de emprendedores.

El embate es contra la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor (Ley 27.349), aprobada de forma unánime por el Congreso de la Nación en el año 2017, y en particular contra la Sociedad por Acciones Simplificada (SAS), vehículo natural para el emprendedurismo en ella incorporado.

La utilización de la SAS, importada del derecho francés y recomendada por la ONU, la OEA y el Banco Mundial, ya ha sido adoptada por numerosos países de la región (Uruguay, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, México). Fue pensada para que cualquier pyme o emprendedor pueda registrar su empresa a un bajo costo, de forma online, en 24 horas, contando con libros contables y societarios digitales mediante tecnología Blockchain.

La inexplicable embestida comenzó desde la Inspección General de Justicia de la Nación (IGJ), mediante el dictado de innumerables e ilegítimas resoluciones que han procurado modificar la Ley de Emprendedores, obstaculizando y burocratizando la utilización de sociedades simplificadas (SAS).

Ante esa situación, la Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA) -que nuclea 30.000 emprendedores-, juntamente con más de 40 profesores de Derecho Societario de todo el país y Latinoamérica, presentamos un amparo judicial -aún en trámite- solicitando la declaración de inconstitucionalidad de las resoluciones dictadas por la IGJ contra la Ley 27.349.

Lo que parecía ser una cuestión ajena al Gobierno y circunscribirse al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, dejó de serlo cuando, como respuesta al amparo presentado por ASEA, los Senadores Oscar Parrilli y Jorge Taiana, consiguieron que se aprobara en comisión el pasado 2 de junio, un proyecto de ley que pretende prohibir por 180 días la constitución de nuevas SAS, ordena la vuelta al papel de todos los trámites digitales, veda a las  personas jurídicas ser socias de una SAS (no podrían por tanto serlo ni aceleradoras, ni Universidades, ni siquiera el Conicet), y coarta de facto la existencia de sociedades unipersonales en Argentina. Paradójicamente la sesión que aprobara la vuelta al papel fue realizada utilizando una plataforma digital.

Las razones del proyecto legislativo, refieren a una supuesta instrumentalidad de la SAS para el lavado de activos. Sin embargo, no hay estadísticas ni sentencias judiciales que avalen dicha justificación. Por el contrario, prácticamente la totalidad de casos de lavado de activos en el país se han realizado utilizando el formato de la SRL o la SA De hecho, la SAS, por estar obligada a llevar sus libros contables digitales en Blockchain, difícilmente sea la tipología preferida para la comisión de tales ilícitos.

Si la razón invocada para atacar los emprendedores realmente fuera la de combatir los fraudes, se debería obligar a todas las sociedades a llevar sus registros de forma digital, y no a la inversa. De receptarse el proyecto de ley de la IGJ, Argentina se convertiría en el único país del mundo que vuelve de la digitalización al papel.

En tan solo dos años las SAS han generado 47.000 empleos formales, la recaudación fiscal para el tipo ha tenido un crecimiento superior al 580% anual, y el 55% de las nuevas empresas del país se han constituido como SAS (más de 30.000). Llamativamente, estos datos no han sido ponderados.

Mendoza no está exenta de las consecuencias perniciosas que produciría la aprobación del proyecto de los senadores Parrilli y Taiana. Conforme estadísticas extraídas del Boletín Oficial (estudio realizado por integrantes de la cátedra de Derecho Societario de la Facultad de Derecho, UNCuyo), desde la regulación de las SAS hasta el mes de diciembre de 2019 inclusive, se han constituido 1.753 SAS, representando en el año 2019 el 78,6% de las sociedades constituidas.

La preferencia demostrada por el “mercado” se ha visto apoyada decididamente por el actual Gobierno de la Provincia, el qué a través del dictado de la resolución N°420/20 de la Dirección de Personas Jurídicas, facilitó su constitución mediante la incorporación de reglas claras a cumplir, en línea con la Ley Nacional que las creara.

El país debería pensar en una economía post-pandemia que impulse la creación de empresas y empleos.

Paradójicamente, el proyecto aquí criticado tiene un sentido contrario: el incremento de las barreras de ingreso a la economía formal, la burocratización, el aumento del costo de apertura de una empresa, la “desdigitalización” de los procesos y la cristalización de derechos y técnicas decimonónicas.

El mismo busca declarar nulas a miles de pymes y emprendimientos creados en los últimos años bajo la forma de SAS, generando una inseguridad jurídica inaceptable en el ámbito mercantil, toda vez que impone a los socios de la SAS, para poder continuar siéndolo, acreditar la inscripción como Emprendedores en un registro nacional (RICE) que solo inscribe Inversores en capital emprendedor. O sea, un requisito de cumplimiento imposible.

El retroceso que implica el proyecto es alarmante. Una Nación que no reconozca a los emprendedores y pymes como agentes centrales del cambio social, cierra sus puertas a la posibilidad de desarrollar una sociedad y economía prósperas.

Los emprendedores y pymes que arriesgan día a día su patrimonio y fuerza productiva, generando empleo genuino, merecen y necesitan el apoyo del gobierno.

Si este no fuera posible por falta de recursos, al menos, que los dejen ser, en libertad, sin entorpecer su camino. No existe posibilidad de recuperación económica para la Argentina sobre un cementerio de pymes y emprendedores.