La semana pasada la Legislatura aprobó el programa de reactivación productiva Mendoza Activa, promovido por el gobierno provincial para salir al cruce de los efectos de la crisis económica, agravada a partir de la pandemia de coronavirus.
El plan autoriza una inversión hasta 4.450 millones de pesos por parte del Estado destinados a los sectores más afectados de la provincia.
De ese modo, la agricultura, la industria, la construcción el comercio y el sector de servicios podrán hacer frente a sus actuales limitaciones a partir de esta acción, para la que fueron incluidas nuevas partidas presupuestarias en la pauta anual vigente y en la de 2021.
El mecanismo adoptado consiste, en síntesis, en una inversión inicial del interesado.
Con la documentación correspondiente, el destinatario del plan recurre al Gobierno para que éste le devuelva el 40% de lo invertido, 20% en efectivo, 10% con un bono fiscal, transferible, para el pago de impuestos locales y otro 10 por ciento a través de un crédito mediante billetera virtual.
Desde el Ejecutivo destacaron que la primera reestructuración de partidas presupuestarias del año estuvo dirigida al fortalecimiento del sistema sanitario provincial ante la emergencia, pero ahora las acciones suman la preocupación por salir a ayudar el mantenimiento de la actividad de pymes, principalmente, y cuanta organización genere empleo privado.
En el gobierno provincial se muestran entusiastas con el plan que se pone en marcha porque consiste en una toma de iniciativa política importante en medio de un contexto desfavorable en materia de gestión por las circunstancias impuestas por la pandemia.
Por otra parte, es de destacar el grado de adhesión política que la propuesta tuvo en las dos cámaras legislativas, donde la votación para la correspondiente sanción fue prácticamente unánime.
Esto demuestra el nivel de responsabilidad que debe orientar siempre a la dirigencia cuando se trata de salir al cruce de una situación no deseada en lo social y económico, que llegó para agravar los problemas preexistentes como consecuencia de un escenario recesivo muy prolongado.
La discusión previa a la aprobación del plan siempre es válida por las diferencias de criterio propias de la visión de las políticas económicas, pero el resultado es una muestra de madurez legislativa en una instancia apremiante como la que nos toca afrontar en el país y la provincia.
No se trata en estos casos de cruzar acusaciones sobre los supuestos efectos de tal o cual acción de gobierno.
Los argentinos coincidimos en que la errática economía argentina, con sus pésimos efectos en el grueso de la sociedad, no es responsabilidad de una sola gestión sino de décadas de controvertidas decisiones.
Y esos efectos impactan en las provincias. Por eso Mendoza no es la excepción.
Sobre este programa puesto en marcha el gobierno provincial deberá dar cuenta de sus acciones y la oposición, como lo prometió, evaluar sus resultados. Pero éste no es tiempo para suspicacias y revanchismos.
