Los abogados suelen decir que el problema no es del mitómano, sino de aquel que le cree. Estados Unidos parece estar pagando el enorme costo de haberle creído a Donald Trump. Un camino de cambio -tortuoso, impredecible- que apenas comienza a asomar.
Los tiempos de ese cambio son cruciales para la política argentina porque involucran la tesis central del ministro Martín Guzmán: construir un “puente de estabilidad”, de dos a tres meses en el mercado cambiario, mientras prepara un plan definitivo -también de estabilización- que tenga el acuerdo del Congreso Nacional.
Ambos requisitos, el de corto y el de mediano plazo, son la traducción que hace el ministro de las exigencias del Fondo Monetario. Una nueva misión técnica del FMI vendrá al país. Las conclusiones que elabore corren el riesgo de navegar a la espera de las novedades de su socio mayoritario: el nuevo gobierno de Estados Unidos. Son plazos que contrastan con la urgencia argentina.
Guzmán tiene a su favor un dato clave. Con los eufemismos previsibles, la última carta de Cristina Kirchner le otorgó vía libre para aceptarle al Fondo las condiciones de ajuste que crea necesarias. Mientras le provea al país una nueva asistencia crediticia de emergencia. De eso se trata el puente que dibuja el ministro. Algunas de esas condiciones comienzan a aparecer de a poco. El déficit fiscal propuesto por Guzmán en el proyecto de Presupuesto 2021 estaría por encima de lo admisible para el FMI.
Al sugerirle al Presidente un acuerdo amplio para superar el freno agobiante de la economía, Cristina cumplió con un doble propósito: aceptar en silencio lo que exija el Fondo y cargarle el costo simbólico de esa concesión a Alberto Fernández.
El Presidente entendió la encomienda. Empezó a tejerla primero con empresarios a los que su vice destrata como oscuros poderes fácticos de la economía. A diferencia de anteriores oportunidades, esta vez no recibió, por esa causa, nuevos reproches públicos. Pero ese camino que inició Fernández es apenas preliminar. El Fondo Monetario reclama un acuerdo político, más que la restitución del diálogo corporativo, necesario pero insuficiente. Los actores centrales del empresariado le plantearon a Fernández una opinión parecida.
Es en ese punto donde el oficialismo tropieza con sus falencias propias. No puede proponer ningún acuerdo político a sus opositores sin encontrarse primero con la urgencia de un ordenamiento interno, que no sabe cómo encarar. Para el espacio opositor, el punto de quiebre del diálogo termina siendo Cristina. Nada menos que la jefatura política del gobierno. Y con una agenda ajena a la emergencia que pega de lleno en la relación de la oposición con su propia base política.
El fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi puso en evidencia ese nudo gordiano del diálogo político.
Para Cristina hay tres reformas judiciales. La platónica que ella intentó en su momento y no llegó a concretar. Un sucedáneo actual de menor valor, el proyecto de Alberto Fernández que aprobó el Senado y espera en Diputados. Y la reforma fáctica que los abogados de la vice empujan -con respaldo político plenipotenciario- en el Poder Judicial realmente existente, el que funciona hoy.
Es una reforma de hecho, construida con cientos de recursos y argucias. Las jubilaciones inducidas a presión a principios de este año, el traslado revocado de Bruglia y Bertuzzi y la embestida para desplazar al Procurador General fueron solamente los emergentes más notorios.
Aunque la lectura generalizada se centró en la situación de los jueces desplazados, el fallo de la Corte apuntó a disputar el protagonismo de esa reforma fáctica. Los traslados son el síntoma, las vacancias son la causa. El Consejo de la Magistratura fue reconvenido por la inconstitucionalidad de sus mecanismos y puesto en la obligación de conseguir dos tercios para cada designación.
Se trata de un camino inverso al que Cristina impulsa en el Senado: nombrar al jefe de todos los fiscales por simple mayoría. Una iniciativa que si prospera también podría concluir objetada por su dudosa constitucionalidad ante la Corte Suprema. La Comisión Beraldi terminará en 10 días, sin haber escuchado a la cabeza del Poder Judicial. Todo parece indicar que el conflicto de poderes recién va por el medio juego.
La duda es qué evaluación está haciendo Cristina de su estrategia contra la Justicia. A más de un año de haber recuperado el centro de la escena política, algunos resultados no fueron los esperados. Las críticas se las lleva la ministra Marcela Losardo. Pero tampoco fue más eficiente la interlocución delegada por el Instituto Patria en Wado de Pedro.
La reforma judicial no marchó al ritmo esperado. Las causas que afligen a Cristina siguen abiertas. Los tribunales de apelación sólo se transformarán en el largo plazo planteado por el fallo sobre Bruglia y Bertuzzi. Los recursos extraordinarios ante la Corte tampoco avanzaron.
Mientras, Alberto Fernández le puso proa a otras prioridades políticas: la designación de un exapoderado del PJ en la Cámara Electoral, un operativo clamor de los gobernadores aliados para suspender las elecciones primarias. Y de los intendentes bonaerenses para recuperar el privilegio de la eterna reelección.
