La sociedad mendocina se encuentra conmovida por el crimen de una jovencita de 14 años víctima de un nuevo caso de violencia de género.
El femicidio es ya otro tipo de “pandemia”, según la apreciación de muchos que observan la reiteración de casos, de la que Mendoza no resulta ajena, justamente.
La trágica muerte de Florencia Romano no sólo enluta a su familia y a la sociedad mendocina. Constituye una nueva interpelación a la dirigencia política en general, como responsables de los poderes Ejecutivo y Legislativo, con las alternancias que expresan cada tanto el voto ciudadano. Y también para los componentes del Poder Judicial, que deben sentir la obligación de contribuir en la prevención de este tipo de delitos.
Las personas con antecedentes, como en el caso que desvela hoy a los mendocinos, deben tener algún tipo de seguimiento estricto por parte del Estado.
No sólo se trata de detener a denunciados por violencia o abuso en cárceles que en un alto porcentaje están en deuda con lo que prescribe en materia de sanidad y reinserción social de los presos.
La multitudinaria manifestación del viernes, pacífica en su convocatoria y en el ánimo de sus asistentes, fue un elocuente gesto de solidaridad de la población hacia una familia golpeada por un hecho repugnante, que dejará marcada su ponzoña a lo largo del tiempo.
Perder un hijo suele ser el golpe más duro que puedan recibir un papá o una mamá.
Por ello hallar consuelo a partir de una tragedia como la ocurrida en Maipú es sumamente difícil.
Y también por ello el respaldo y la solidaridad de la gente es lo que ayuda a seguir y predispone para exigir justicia ante tanta enorme impotencia.
Lamentablemente, no faltaron a la cita los violentos. Los organizadores de la marcha advirtieron enfáticamente que quienes delinquieron atacando edificios públicos y con otro tipo de amenazas en realidad no formaron parte de la muchedumbre indignada por el asesinato.
Es de lamentar que convivan con los mendocinos personajes que insistentemente consideren que la violencia es el camino para solucionar las quejas e inquietudes de la sociedad.
En ese contexto, los inadaptados decidieron atacar a los edificios que son sede de los tres poderes del Estado provincial.
Un mensaje claro, desafiante y lamentable desde todo punto de vista.
Porque las instituciones de una república garantizan, en una democracia libre y plena, la periodicidad de funciones y, con ella, la salida del poder de políticos que no han cumplido acabadamente con las funciones asignadas con el voto.
¿Pudieron ser resguardadas las sedes de los tres poderes del Estado provincial? Seguramente.
Pero ayer, funcionarios del Gobierno explicaron que no hubo intervención policial para frenar a los violentos con la intención de evitar que se viera afectada la enorme mayoría de manifestantes que participó en forma tranquila.
Es un argumento loable. Pero también por momentos hubo una imagen de vulnerabilidad en el control de los bienes del Estado que pudo alentar a que los revoltosos incrementaran su acción destructiva.
La protección de lo público y también de lo privado, es una obligación de las autoridades, porque la defensa del orden y de la seguridad de los ciudadanos, siempre van de la mano.
