Hay ausencias criticables en las comisiones que tratan en el Congreso el extenso proyecto conocido como Ley ómnibus, en el que está incluido la convalidación del DNU; nos referimos a el jefe de gabinete y al ministro de Economía.
La Constitución Nacional en su artículo 101 establece la obligación de este funcionario, responsable del funcionamiento de la administración, de concurrir alternativamente todos los meses a una de las dos cámaras del Congreso.
El DNU enviado por el poder ejecutivo y la llamada Ley Ómnibus, que en su desmesura se ocupa de cuestiones claves para el desarrollo argentino, como de temas menores y otros que no requieren urgencia, y donde no faltan, mostrando escaso profesionalismo, bloopers como proponer derogar artículos del Código Civil que no existen, requería de las explicaciones del jefe de Gabinete en las maratónicas sesiones de las comisiones legislativas que lo tratan.
Sin embargo, el jefe de gabinete, no se ha hecho presente ni expresado voluntad de concurrir a defender las propuestas del gobierno.
También sería interesante escuchar explicaciones sobre la abundancia de funcionarios que participaron del desgobierno finalizado el 10 de diciembre como el ex vicepresidente y gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, o el ministro del Interior entre otras designaciones llamativas, entre las que se incluyen el ministro de justicia o el procurador del Tesoro.
El ministro de Economía tampoco ha concurrido al Congreso cuando se están debatiendo los proyectos que se supone ayudaran a superar la crisis estructural de nuestra economía, agravada en los pasados veinte años de disparates de los gobiernos del kirchnerismo.
Muchas explicaciones debe el gobierno, como las contradicciones del presidente que votó la demagógica reducción de impuesto a los ingresos en octubre y ahora los restablece o las propuestas acertadas en la campaña electoral de terminar con las retenciones a las exportaciones y ahora en el ejercicio del poder no solamente no las suprime sino que las incrementa. Un país que necesita desesperadamente de dólares genuinos castiga a los sectores capaces de producirlos y afecta a las economías del interior productivo.
Además, sigue sobreprotegiendo a los sectores escasamente competitivos de nuestra economía con el impuesto país al dólar para importar.
Un productor agrícola recibe poco más de 600 pesos por sus exportaciones y paga más de 1300 por los insumos que necesita.
Pero se mantienen privilegios escandalosos como el régimen de promoción de Tierra del Fuego, ese ensamble de productos importados para que los consumidores paguen el doble por celulares o televisores.
El ministro debe dar explicaciones sobre este curro pues uno de los dos beneficiarios es primo suyo.
Es escándalo institucional la respuesta del ministro Caputo justificando su ausencia del Congreso diciendo que estaba ocupado en reuniones con el FMI. Esto podía delegarlo en funcionarios de su equipo.
El Congreso en el artículo 71 de la Constitución puede requerir cuantas veces lo considere conveniente la presencia de los ministros y el paquete legislativo enviado al Congreso con propuestas de reformas de enorme alcance en el área de su responsabilidad hace necesaria su presencia para defenderlas.
El ministro, como lo hicieron otros en gobiernos anteriores, parece ignorar que el Congreso es un poder de la República, mientras ellos son simples empleados jerárquicos del poder ejecutivo, que es unipersonal. A este maltrato han contribuido los propios legisladores que delegaron poderes que les competen, en el ejecutivo.
Merece recordarse como actuaba Federico Pinedo, el ministro que con sus reformas posibilitó que saliéramos rápidamente de las secuelas de la crisis de 1929 iniciando un ciclo virtuoso de 15 años de crecimiento consecutivo.
Pinedo que había ejercido varios mandatos legislativos, concurrió al recinto de la Cámara de Diputados como a la de Senadores en todos los debates en que se trataban los proyectos legislativos propuestos por su ministerio. No sólo concurría al Congreso cuando era requerida su presencia sino también cada vez que se trataba una cuestión vinculada a su cartera ministerial para ponerse a disposición del Congreso.
Así lo hizo en su primer ministerio entre 1933 a 1935. En su segundo ministerio en 1940 renunció cuando el bloque oficialista no avaló su búsqueda de consensos políticos para restablecer el sufragio limpio y en su breve paso por tercera vez, en 1962, por el ministerio de Economía, renunció a su cargo cuando el presidente Guido, por un planteo militar, disolvió el Congreso.
No seré ministro de un gobierno sin Congreso, dijo Pinedo.
Pero tuvo otro gesto de respeto a las instituciones; cuando en 1963 se normalizó el país con las elecciones que llevaron a la presidencia al Dr, Illia, pidió ser recibido por el Congreso para informar y rendir cuentas de su actuación en su paso por el gobierno, fue así que la comisión de Hacienda de la Cámara de diputados lo recibió y escuchó lo que tenía para decir.
Claro era un estadista que actuaba con realismo y sin creerse un mesías ni apoyarse en supuestas fuerzas del cielo….
* El autor es miembro de número de la Academia Argentina de la Historia y del Instituto Argentino de Historia Militar.
