Con el homicidio de Fabián Gutiérrez, exsecretario de Cristina Fernández, la escena político-institucional se cubrió de descalificaciones y acusaciones cruzadas, sin sólidos argumentos que las respalden.
La moderación y la paciencia brillaron por su ausencia, como tantas otras veces. Es la mala costumbre que nuestros dirigentes y funcionarios no logran controlar.
Parece un impulso inconsciente, un acto reflejo con el que se busca taponar la incertidumbre y la angustia que les provoca el suceso inesperado, en vez de abrir un tiempo de espera hasta que la Justicia pueda discernir entre la realidad y la fantasía.
Unos buscan aprovechar la oportunidad, aunque no cuenten con los datos mínimos necesarios para lanzar una acusación. Otros intentan separarse del crimen aun antes de saber lo que ha ocurrido, para acusar de irresponsables a quienes los acusan de ser parte del delito.
Poco importa quién es oficialismo y quién es oposición. Tampoco importa quién es la víctima. Sucedió con el fiscal Alberto Nisman, con Santiago Maldonado y con muchos otros. Si se quiere, hace más de 20 años, con José Luis Cabezas. Un cadáver es arrojado de un lado a otro de la arena política, revictimizado, cargado de epítetos imprudentes.
Unos y otros, con su accionar, confirman la sospecha de que, cuando la muerte violenta de una persona se puede vincular con la política, resulta imposible confiar en la Justicia. Entonces, más allá de lo que diga el juez de la causa, y si es posible antes de que fije posición, los actores políticos salen a imponer un relato sobre lo que ocurrió. Un relato interesado que, más que hablar de la víctima y su desgraciado final, apunta a descalificar al adversario político.
Siempre hay, claro, participantes secundarios que colaboran en sostener esa tensión irracional. Un juez que desestima de manera tajante algunas significaciones del crimen, aunque todavía no sepa el móvil ni la dinámica que llevó al homicidio; porque, además, aún ignora quién o quiénes lo cometieron. Algunos informes periodísticos cuyos autores dan a entender que saben más que la misma Justicia, pero que, a su manera, le dan la razón al oficialismo o a la oposición. No es lo que necesitamos.
En su paso por el poder, de 2007 a 2015, Gutiérrez multiplicó su patrimonio por 15. En 2017, se activó una causa en su contra por supuesto lavado de activos, por la que estaba procesado. En 2018, confesó haber sido testigo de la corrupción kirchnerista. A escasos días de su muerte, aún es imposible determinar si murió por estas razones o por otras causas. Por eso mismo, se impone la prudencia. Y una investigación judicial rápida y efectiva.
