Eos incendios forestales y rurales causan pérdidas y generan problemas de índole ecológico, económico y social muy grandes. Árboles y animales mueren quemados. Se destruyen hábitats de flora y fauna.
Lo hemos visto recientemente en la Patagonia argentina y lo vemos frecuentemente en los oasis que conforman la provincia.
Pese a las normas de prevención y alerta, estos siniestros se repiten y causan estragos. Un alto porcentaje son producidos por la mano del hombre, siendo sus causas fogatas y colillas de cigarrillos mal apagadas, el abandono de tierras y la preparación de áreas de pastoreo con fuego. Los factores climáticos, como la falta de precipitaciones, las temperaturas elevadas, el bajo porcentaje de humedad, las heladas constantes y los vientos fuertes, inciden en su propagación.
Por eso el ciudadano espera que los servicios para la lucha contra estos siniestros estén dotados de los equipamientos imprescindibles para combatir las llamas.
Sostenemos que nunca serán vanos los esfuerzos por contar con servicios contra el fuego bien equipados.
A ese objetivo tiende un fideicomiso financiero firmado entre el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), presidido por el mendocino Jorge Tanús, y el Ministerio de Ambiente de la Nación, por $ 2.640 millones a favor del Fondo Nacional del Manejo del Fuego.
Con este recurso implementado, se incrementaron en 532% los recursos para el Sistema Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), área gubernamental que pasó a contar con una inversión total de unos $ 3.058 millones.
Los fondos se obtienen por una contribución obligatoria del tres por mil de las primas de seguros, excepto las del ramo vida, a cargo de las aseguradoras. Esto lo dispuso el Congreso de la Nación al modificar un artículo de la Ley 26.815, norma referida a los presupuestos mínimos de protección ambiental por incendios forestales o rurales.
El financiamiento de este fondo será destinado a la adquisición de bienes y servicios necesarios; la contratación, capacitación y entrenamiento del personal temporario que actúe en la extinción de los incendios rurales; obras de infraestructura necesarias para una mejor prevención, control y ejecución de las tareas relacionadas al accionar del personal. Asimismo, servirá para la difusión y conocimiento de las causas y consecuencias de incendios forestales y rurales; gastos de personal y generales que demande el funcionamiento de la operatoria del manejo del fuego.
Es importante saber si la provincia de Mendoza podrá beneficiarse con una porción proporcional de los recursos habilitados o si los fondos que estamos comentando sólo serán destinados a las provincias que tienen parques nacionales, categoría de áreas protegidas que gozan de un determinado status legal y que no existen en la jurisdicción de nuestro territorio.
De no estar Mendoza –que necesita renovar y mejorar equipos- en la lista de beneficiarias con estos recursos, cabe estudiar la forma en que el Estado local pueda acceder a la creación de su propio fideicomiso y acordar recursos con la Nación, estrategia a la que podrán ayudar a lograr los legisladores nacionales y el propio titular del BICE que, como se ha expresado, es oriundo de este suelo.
