L a toma ilegal de terrenos vuelve a preocupar en la Argentina. No se trata de un problema nuevo, reciente, pero la insistencia de los usurpadores y la actitud dubitativa de las autoridades generan desconcierto.
Por un lado, se presenta la acción estratégica y violenta de grupos originarios en el sur del país, un conflicto de larga data que, sin embargo, ha recrudecido en las últimas semanas por la acción directa de los usurpadores en zonas bien valoradas económicamente y de notable atracción turística.
El reclamo, mediante acciones públicas, de los propietarios de terrenos ocupados en forma intempestiva dio lugar a las criticadas expresiones de la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, quien opinó que el de la toma de tierras no es un problema vinculado con el área de gobierno que ella conduce. Y se amenazó con denunciarlos ante la Justicia. Cuesta entender que una acción de fuerza no pueda ser limitada con la ley. Nadie habla de ejercer una represión, sino de desalojar lo que no ha sido ocupado en términos normales.
En segundo lugar, se hace cada vez más reiterada la usurpación de terrenos o descampados en zonas urbanas, principalmente en la provincia de Buenos Aries, por grupos de personas que aducen no tener un lugar para vivir y no acceder a soluciones por parte del Estado.
En un primer momento, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, justificó de algún modo la acción aludiendo a la necesidad social de la gente que se apropia de predios ajenos. No era la respuesta que se espera de un gobernante, pero de algún modo va en sintonía con la modalidad de algunas organizaciones sociales que, durante años, han hecho de estas acciones una causa que las sustenta.
Afortunadamente, no todas las voces en el oficialismo se expresaron como lo hicieron los citados funcionarios. Por ejemplo, el presidente Fernández, de algún modo, contradijo a su ministra de Seguridad, mientras que el ministro de Seguridad bonaerense también lo hizo con su propio gobernador. Así, finalmente, ganó la sensatez y ahora todos los actores de esta preocupante situación decidieron ir en una misma línea: la toma de tierras es ilegal.
Mucho influyó en esta toma de conciencia de la gravedad de la situación la reacción en conjunto de los intendentes del Conurbano bonaerense, entre ellos varios del Frente de Todos, que reclamaron poner límites a semejante desborde antes de que la crisis se vuelva imposible de encauzar.
La demanda social por la propiedad es tolerable. Hay un déficit habitacional admitido durante años que va de la mano de una realidad laboral precaria en muchos casos. Pero no se puede aceptar que por la fuerza se pretenda obtener lo que miles de argentinos logran al cabo de un tiempo en base al esfuerzo, que es tener su unidad habitacional.
No deben los gobiernos consentir acciones intempestivas para ocupar lo ajeno, porque si así fuese la ciudadanía tendría derecho a sospechar de los criterios que se tienen desde el poder de turno sobre el valor de la propiedad privada.
