Alberto Fernández acaba de recibir una señal clara sobre el panorama que se avecina en el año electoral. Le llegó desde Salta. El gobernador Gustavo Sáenz no sólo dispuso la suspensión de elecciones primarias provinciales. También adelantó la elección local para el 4 de julio.
Aunque su origen político es el peronismo, Sáenz construyó un armado provincial para suceder a Juan Manuel Urtubey. Una construcción heterogénea que incluyó la bendición del propio Urtubey, del Frente Renovador de Sergio Massa, e incluso del PRO de Mauricio Macri, divorciado de la UCR en ese distrito.
Lo distintivo de la decisión de Sáenz no es tanto la suspensión de las primarias provinciales. Eso es algo que la mayoría de los gobernadores tienen resuelto hacer a su debido tiempo. Lo relevante es el adelantamiento de la elección provincial, en la que se juega la Legislatura local. La señal es clara: Saénz eligió alejar la elección local del clima político nacional.
Al decreto de Sáenz lo blandieron como ejemplo los gobernadores del norte que le insistieron luego al Presidente, en La Rioja, con un pedido que viene desde la última corrida cambiaria y el rebrote de la pandemia que se anticipó al operativo de vacunación oficial. Ese pedido no es otro que la suspensión de las Paso en el orden nacional. Alberto Fernández lo concedió a medias. Incluyó el tema en el listado de cuestiones habilitadas para la discusión del Congreso en sesiones extraordinarias. Devolvió con un pedido propio: que los gobernadores ayuden a conseguir los votos necesarios para modificar por razones de emergencia el régimen electoral.
Aunque es muy probable que coincida en privado con la cautela electoral de los gobernadores, Fernández tiene dos obstáculos para disponer sin más la suspensión de las Paso. No sólo debe persuadir a la oposición. También al kirchnerismo duro que aspira a desplazar mediante esa herramienta a los dirigentes que le estorban en el peronismo de algunos distritos. Máximo Kirchner imagina así un asalto definitivo al poder real del PJ bonaerense.
Para la oposición, la suspensión de las Paso implicaría perder una oportunidad valiosa de ordenamiento interno. Una deuda que trae sin saldar tras las derrotas de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. No se trata de una deuda menor. Si no hay una dinámica interna para rearmar los liderazgos, esa deuda sólo se puede zanjar con un consenso dirigencial contundente. Un acuerdo que aleje el principal fantasma político que se cierne sobre la oposición: la dispersión. Suele ser el nombre electoral de la unidad perdida. En su gira por la costa atlántica, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich sugirió que la propuesta electoral de la principal oposición debe ser un seleccionado de las figuras emblemáticas de su alianza. Excluyó a Mauricio Macri, porque sólo el Senado sería un espacio propicio para su condición de expresidente. El gesto de Bullrich tiende a un consenso que parece anticiparse a la suspensión de las primarias.
Alberto Fernández desearía que las primeras urnas se abran lo más lejos posible de este presente en el que no logra salir de las pesadillas de la pandemia y tampoco remontar la gravedad de la recesión económica. Esa prevención acaso lo acerca a Axel Kicillof y a Horacio Rodríguez Larreta. Pero tanto el gobernador bonaerense como el jefe de gobierno porteño tienen por debajo la demanda interna que reclama primarias bajo amenaza de dividir.
La estrategia electoral que los gobernadores le recomiendan a Fernández es simple: de nada le servirán las Paso al Gobierno nacional si le son útiles para desplazar a algunos intendentes del conurbano bonaerense pero al mismo tiempo abren las urnas para un anticipo del voto castigo que deje al Presidente en condición de pato rengo.
La suspensión de las primarias tiene además un efecto ordenador en favor del oficialismo. El peronismo gobernando en tiempos de crisis sabe mejor que nadie que el elector no necesariamente vota lo que quiere, sino sólo lo que tiene para elegir en la mesa del cuarto oscuro. Sin primarias, la oferta electoral entra en un brete. Y los oficialismos siempre tienen el privilegio de construirlo.
Pero la concesión a medias de Fernández a los gobernadores también tiene otra clave de lectura. Los temas pendientes en el Congreso tienen el sello de las prioridades de Cristina Kirchner: la reforma judicial, la designación del Procurador General por mayoría simple. Toda una invitación al trueque. El problema para la Casa Rosada es que esa negociación con los gobernadores tiene un horizonte breve. El FMI exige a Martín Guzmán que un eventual acuerdo de refinanciación de deudas pase por el Congreso. Se desconoce si ese cerrojo le fue requerido otra vez por Kristalina Georgieva al presidente Fernández en el primer diálogo que mantuvieron tras un largo período de silencio.
Georgieva comenzará a tener algunas coordenadas nuevas a medida que avance en Estados Unidos el flamante gobierno de Joe Biden. Los tiempos de Fernández también se agotan. En la charla con la jefa del FMI tuvo que presentar como dato novedoso de la economía argentina el rojo fiscal más grande del siglo.
