Luego de la aprobación del proyecto para modificar el funcionamiento de la Suprema Corte, el gobierno de Suárez ahora se concentra en temas puntuales de la gestión, como los alcances locales del presupuesto nacional para el año próximo y el paquete presupuestario provincial, que incluye un pedido de financiamiento para obras públicas. Se trata de temas prioritarios y coyunturales para encarar un 2023 seguramente complejo en virtud del deterioro económico y con el proceso electoral incluido.
Todo lo que tenga que ver con deuda, tomada o a tomar, por lo general genera controversias con la oposición, aunque en el caso del plan hídrico también se escucharon reparos y voces de alerta desde sectores no radicales de la coalición oficialista.
En efecto, el sancarlino Jorge Difonso insiste con que pocos toman noción de los alcances de la sequía que afecta a la provincia y que por ello dotar sólo de mejoras a sectores del Gran Mendoza es injusto con respecto al resto de los departamentos. En su defensa del agua califica a los pares suyos que impulsan la minería como portavoces de los intereses empresarios de dicha actividad.
Y desde el Partido Demócrata Progresista, Richard Battagion consideró que la construcción de una nueva planta potabilizadora plantea muchos interrogantes, a la vez que considera que dicho proyecto, como está planteado, no es sostenible.
Por otra parte, la reanudación de la discusión paritaria con los gremios provinciales genera siempre expectativa. En el Gobierno nadie espera que se repita el escenario de conflicto de algunos meses atrás, pero el tremendo deterioro que en los salarios produce la inflación hace muy difícil poner en un plano de equilibrio los requerimientos gremiales con los números que maneja la Provincia.
Públicamente, el Gobernador dijo que las propuestas de su gobierno buscarían que los salarios de los trabajadores de la Provincia igualen a la inflación. Pero todo depende de los mecanismos de implementación de los ajustes. Hasta el martes siguen las reuniones con representantes gremiales, pero ya hay sectores importantes, como ATE, SUTE y los profesionales de la Salud, que rechazaron la oferta inicial y le pusieron suspenso a la negociación.
Lo que va quedando pendiente
A pesar de encontrarse cerrada la discusión sobre minería por parte del Gobierno, el proyecto promovido por el intendente de Malargüe despertó el interés de quienes están a favor de la actividad. No sólo hubo apoyos explícitos a la iniciativa del departamento sureño; hay en el ámbito legislativo varias voces que buscan destrabar los mecanismos para que avance la inversión minera en toda la provincia.
En ese contexto, en los próximos días el diputado Gustavo Cairo (Pro) presentará formalmente el proyecto de reforma de la ley minera, asunto que ya anticipó en los medios. En líneas generales lo que pretende es erradicar al ácido sulfúrico de las sustancias no permitidas por la norma y evitar que la declaración de impacto ambiental sea fijada por ley, para que sean los organismos técnicos y académicos los que den la aprobación o no de los proyectos, aunque luego notificando a la Legislatura.
En su partido hay quienes consideran que Cairo está asumiendo una posición que, en realidad, tiene que resolver el Poder Ejecutivo, teniendo en cuenta que Rodolfo Suárez aclaró en varias oportunidades (recientemente a raíz del proyecto que presentó Malargüe) que mientras él sea gobernador el tema minero no se discutirá por falta de consenso social, pese a no tener reparos personales con la actividad en sí.
De todos modos, en su partido es conocida la defensa de sus convicciones que muestra Cairo a la hora de discutir un tema en el cual se involucra. Es el caso de la actividad minera en general. En ese sentido, el legislador dice que como el gobernador Suárez está a favor de ese desarrollo económico, pese a no querer debates en lo que resta de su gestión, cree que es ésta una oportunidad para comenzar a discutir “con calma y sin apuros” en las comisiones del ámbito parlamentario, por considerarlo un tema vital para la provincia en cuanto a generación de empleo y bien remunerado, además. La percepción es que se trata, por ahora, sólo de un anhelo.
El intendente Ojeda dijo públicamente que se había dado por satisfecho con el mensaje del Gobernador a favor de la actividad, entendiendo las razones por las que no es posible para el titular del Ejecutivo que se debate abiertamente el tema. Claro, el malargüino es radical y eso lo condiciona un poco más que a Cairo.
Otra voz de Pro también intenta formalizar una iniciativa que movilizó De Marchi cuando propuso un debate amplio del tema de la Corte. El diputado Germán Vicchi propone, mediante un proyecto de ley, la modificación del artículo 152 de la Constitución de la Provincia para que quienes sean propuestos para sumarse a la Suprema Corte no hayan ejercido cargos políticos en los años previos.
Lo que busca el autor de la iniciativa es aprovechar el mecanismo de enmienda de un artículo por año que prevé la Constitución. Requiere primero la aprobación legislativa y luego la puesta a consideración de la ciudadanía en la primera elección legislativa que se presente.
Es otro asunto que difícilmente prospere, aunque la intención del legislador es reavivar un tema que ya habían movilizado varias veces antes los demócratas, también sin éxito. Por parte del gobierno de Suárez cerraron toda posibilidad de debate de esta iniciativa por considerar que la exigencia de no participación previa en política de los jueces supremos durante un determinado número de años es inconstitucional, ya que limita las condiciones de elegibilidad. Caso cerrado para el Ejecutivo.
Es más: cuando surgen temas como el de la pretendida reforma del artículo 152 de la Constitución desde el Gobierno pasan factura a la oposición o, como en este caso, a los planteos desde la misma coalición oficialista, por el no tratamiento de la reforma constitucional presentada en agosto de 2020. Es otro asunto que quedó guardado en la Legislatura, más allá de que el contexto de pandemia y escasa habilidad (¿o voluntad?) en las filas del oficialismo poco contribuyeron para llevar adelante semejante debate.
Una tercera vía
En la semana, el dirigente rural Carlos Iannizzotto confirmó su decisión de seguir participando con fuerza en política y en esa línea expresó su intención de sumarse a un eventual frente local que propicie la candidatura a gobernador de Omar De Marchi, siempre que éste deje de pertenecer a la coalición Cambia Mendoza. Asegura el ruralista que hay mucha gente dispuesta a acompañar una movida de esas características.
Sin embargo, pese al supuesto deseo de diversos sectores para la formación de un frente provincial liderado por el referente de Pro local y alejado de las dos opciones mayoritarias, De Marchi todavía no ha dado ninguna señal en ese sentido.
Es probable que el diputado nacional macrista respete los tiempos que él mismo ha fijado para encarar su nueva intentona provincial. Ese esquema incluye la divulgación de un eventual plan de gestión y un diagnóstico de la situación provincial, previsto para noviembre, en vivienda, educación y otras áreas.
Por otro lado, en el plano nacional De Marchi está muy involucrado con el armado de Horacio Rodríguez Larreta en las provincias, lo que de algún modo lo compromete a nivel local para seguir perteneciendo a la coalición con radicales y cívicos. Sólo una improbable, por ahora, ruptura opositora en el país habilitaría una intentona política como la que le sugieren al lujanino, a pesar de que su relación con las cabezas del radicalismo provincial no pasa por el mejor momento, según coincidentes comentarios.
Por otra parte, una opción electoral que pretenda convertirse en tercera vía deberá evaluar primero el rol que ejercerán en el proceso del año próximo otras fuerzas con intenciones de posicionarse, como el Partido Verde o los demócratas, que tienen un compromiso con la candidatura presidencial de Javier Milei. Hay tiempo para mover las piezas.
