La tarifa es el precio que los usuarios de servicios públicos pagamos a cambio de su prestación que debe ser continua, obligatoria, y para la generalidad de los destinatarios en forma equitativa y digna.
Por esa razón la tarifa debe ser justa y razonable.
La tarifa es una decisión política de la autoridad que corresponda: municipal, provincial o nacional; y esa decisión debe cumplir con las reglas constitucionales que determinan su validez jurídica: alcance para todos, surgida de un procedimiento que haya permitido la participación de todos los sujetos intervinientes, bajo el control de los organismos independientes que tiene por misión defender a los usuarios.
Los sujetos interesados son los usuarios -eslabón más débil de la cadena-, los prestadores públicos o privados, las asociaciones de usuarios, las provincias -cuando es nacional- y los municipios -cuando es provincial-, los transportistas y distribuidores, si se trata de servicios que se prestan en redes domiciliarias, etc.
Todos deben ser oídos y con oportunidad de aportar su punto de vista.
El objetivo es prevenir y solucionar los posibles conflictos que el movimiento de la tarifa pueda provocar.
La tarifa equitativa y digna no es igualitaria porque el conjunto de usuarios no es igual.
La Corte Suprema ha establecido, y reiterado hace un año, una serie de parámetros a tener en cuenta para determinar una tarifa equitativa.
Debe tener en cuenta las diferencias geográficas, sociales, de ingresos del conjunto familiar, nivel de consumo, su costo económico de producción y distribución, el beneficio del concesionario a cargo del servicio, etc…
Y cuando se presenta un lapso de parálisis en su incremento, como el provocado por la pandemia en estos dos años, su acomodamiento a la realidad económica y social debe ser necesariamente gradual y por categorías.
Es una tarea muy compleja y, por ello, difícil de elaborar en un contexto de intereses contrapuestos, con realidades sociales acuciantes en los niveles más vulnerables, y todo ello alterado por discursos demagógicos, ignorantes y otros ideologizados, por intereses económicos lógicos y otros voraces por causa del carácter de cautivos que tienen los usuarios, sobre todo en aquellos servicios esenciales como el agua potable, el gas y la electricidad.
La tarifa no se resuelve con aumentos igualitarios, y tampoco con cálculos porcentuales como en estos días nos proponen agentes generalmente interesados (“no excederá el 20%”).
La igualdad beneficia a los que están en mejor posición, igualmente ocurre con la porcentualidad.
Dijo el Ministro de Economía de la Nación que “¡estamos subsidiando a los ricos!”.
Ponderar únicamente ubicación geográfica no es equitativo… como sugieren desde posiciones simplistas; son muy extensas las regiones donde conviven familias con distintas realidades económicas y sociales; no toda la población de usuarios se divide en barrios privados y públicos, o en conurbano y ciudad.
Ni es igual el nivel de ingresos y consumo de familias del mismo asentamiento, ni es proporcional el costo de sostenimiento del servicio en distintos lugares.
Es un error ignorar la economía de los sujetos que participan en la relación.
No es posible desatender el inadmisible nivel de pobreza que exhibe nuestra realidad, como tampoco es viable que, en ese esquema, que se proyecta sobre toda la realidad social y cultural, existan sectores enriquecidos gracias a tarifas beneficiosas para grandes negocios subsidiados por el abaratamiento de sus costos o la insignificancia de precio para familias de altos ingresos.
Tampoco es posible desconocer las estructuras de costos y los niveles de inversión que deben realizar los concesionarios para el sostenimiento del servicio hoy y mañana; una cosa es un conglomerado urbano donde viven dos millones de habitantes y otro donde sólo son cincuenta mil; o uno de gran concentración que otro de amplia dispersión geográfica.
Es imprescindible abrir un debate público científico responsable, transparente y visualizador de los intereses económicos, sociales y también políticos, evitando la simplificación, la consigna o el panfleto fácil.
Para ello es necesario conocer con certeza el costo real del recurso que está disponible para la cobertura del servicio y también es imprescindible abordar con la mayor precisión posible las pautas útiles para conformar las categorías necesarias para determinar los niveles tarifarios de modo humanitario, equitativo y digno.
Finalmente, no es posible seguir estos procedimientos y mecanismos sociales sin contar con la vigilancia de nuestros organismos de control que deben demostrar su independencia en forma permanente a través de sus actos en defensa de los usuarios que es su misión.
Esto no es lo que ocurre en el orden Nacional respecto de los organismos de control de la electricidad y del gas natural que se encuentran hoy sometidos al mismo Poder Ejecutivo que determina las tarifas.
La independencia de los controladores debe estar asegurada tanto respecto de las lógicas apetencias económicas de las empresas prestadoras como de las consignas demagógicas coyunturales de nuestra politiquería.
Es necesaria la formulación de políticas de alto nivel con especialistas en todos los aspectos sociales, económicos y culturales que el presente y el futuro de los servicios exige.
*El autor de la nota es Profesor de Servicios Públicos. Universidades Nacional de Cuyo, de Mendoza y de la Universidad Austral (BUE).
