En el mes de diciembre el EPRE (Ente Provincial de Regulación Eléctrica de Mendoza) hizo una convocatoria a audiencia pública según exigencia de ley, para recibir propuestas y opiniones de los usuarios sobre el servicio público de prestación de energía eléctrica.
En la referida audiencia la gran mayoría de los usuarios que participaron expresaron su negativa a que aumentaran las tarifas eléctricas.
Sin embargo, el EPRE, desconociendo esas opiniones, emitió una resolución, la 018/2021 con un incremento del 30% para las Empresas y PyMES.
Eso se suma a otros incrementos producidos en el año 2020 –en plena pandemia- que significó que entre febrero 2020 y febrero 2021 se produjo un incremento de 60% con igual consumo de energía eléctrica.
Se debe considerar que la inflación en el mismo período fue de 36%.
En las manifestaciones públicas de distintas autoridades y funcionarios públicos expresan preocupación por la inflación, el apoyo a las PyMES por ser generadoras del 70% de los puestos de trabajo y reducir la pobreza en el pueblo. Estas preocupaciones no se corresponden con la realidad.
Se debe tener en cuenta que cuando se hicieron las privatizaciones se estableció en el sistema eléctrico, tres componentes:
1. Generación eléctrica.
2. Transmisión / Transporte.
3. Distribución.
Generación y Transmisión es potestad del gobierno nacional.
El control y aprobación de las tarifas, el organismo ENRE (Ente Nacional de Regulación Eléctrica).
La distribución es potestad del gobierno provincial, que es el EPRE.
El gobierno nacional decidió mantener congeladas las tarifas hasta el 31 de marzo del 2021.
Por consiguiente, a partir de esa fecha serán autorizados aumentos de los componentes 1 y 2.
El componente 3 que la provincia ya autorizó su aumento, será incrementado por los componentes 1 y 2.
Por consiguiente, aún no sabemos cuánto será el precio de la tarifa en esta etapa.
El discurso de apoyo a las PyMES quedará sumergido en una realidad distinta.
Conclusiones
La energía eléctrica es un servicio público esencial.
Se puede prestar porque los habitantes de la Argentina, principalmente nuestros antepasados, pagaron con sus impuestos las grandes obras de generación eléctrica: centrales hidroeléctricas y sus respectivas presas, centrales térmicas, turbogas y turbo vapor y centrales nucleares.
Además líneas de transmisión de alta tensión, estaciones transformadoras, líneas de distribución y obras complementarias.
Por consiguiente, es necesario conocer cuál es la estructura de costos que deben ser transparentes, los gastos de personal y mantenimiento de la infraestructura y una ganancia razonable al capital invertido y el operativo.
No se debe aceptar amortizaciones de inversiones que no hicieron ni tampoco fuga de divisas que nuestro país necesita para pagar su deuda externa y para crecer.
*El autor es Ingeniero y miembro del IESO (Instituto de Energía Scalabrini Ortiz).
