En el sistema de nuestra Constitución la Democracia Republicana no se agota con el sufragio. Fue concebida como algo más que un cuantitativo formalismo institucional. La República valora a la Democracia desde una faz sustantiva, como un protagonismo cualitativo del pueblo en el ejercicio de la soberanía que le es propia. Democracia material, que pone el acento en los fines, sobre todo en la igualdad jurídica y el acatamiento a los principios y postulados de la Constitución. Por ello supone la coexistencia de las diversas clases y actores sociales, diversas ideologías y diferentes concepciones de la vida. Es pluralista y por tanto, alejada de todo dogma y fanatismo, dejando espacio a todos los argentinos y posibilitando la renovación de gobiernos y partidos, en una constante transformación de la sociedad.
Nada hay de cuestionable en el hecho de que periódicamente, los partidos diriman a sus representantes en elecciones internas, ya que las mismas constituyen un ejercicio democrático dentro de las organizaciones y luego en elecciones generales. Hasta allí, todo en sintonía con la “legitimación del poder mediante la democrática expresión de la soberanía popular”.
Ahora bien, si dirigimos las miradas a los procesos electorales de nuestro país, nos encontramos con escenarios alejados de esos ideales. Provincias con esquemas Feudales, gobernadas siempre por los mismos caudillos autocráticos y nepotistas, sostenidos con fondos nacionales; un Poder Ejecutivo Nacional hoy de hecho acéfalo, a cargo de un Ministro a la vez candidato, que se publicita a través de la función. Una demagogia pre electoral generalizada, pagada con aportes de fondos públicos a los partidos, que se materializa en dádivas vergonzantes o en promesas incumplibles desde lo fáctico y jurídico. Todo en el marco de una irracional y costosísima multiplicidad de procesos electorales, en una país que duplica anualmente su deuda interna y externa vía emisión irresponsable, ante la mirada de un Poder Judicial amenazado, privado de recursos y poblado de Jueces y Fiscales, sino procesados, atrincherados en sus despachos, ante la inacción de un Consejo de la Magistratura ajeno a sus funciones constitucionales.
Sumemos la presencia de una clase política, casta para algunos, carente en muchos casos de capacidad, madurez, sensatez, prudencia y respeto a la moral pública; pródiga en agresiones, mentiras, descalificaciones, falsas denuncias, amenazas; uso y abuso del poder institucional a favor o en contra de candidatos y partidos opositores; mutaciones partidarias, con salarios obscenos y tantas otras creaciones del rico e inmoral imaginario político argentino.
Éstas, entre tantas, algunas de las razones que han provocado el socavamiento de la confianza de los argentinos en sus Gobernantes y en las Instituciones de la República, que a más de ponerla en peligro, tornan al sufragio en una herramienta de dudosa idoneidad para enfrentar tal realidad.
Una afrenta al pueblo, único titular de la soberanía popular, hoy presa de una crisis de sociabilidad, agravada por el quiebre de su siempre precario “contrato social” y la “debilidad institucional”. La fragmentación, hecho público y notorio, se manifiesta cuando cada argentino deja de escuchar y atender a los demás. Esto, sin distinción de ideologías o partidos. La sociedad se exhibe dividida y harta de experimentar la angustia de no saber qué hacer, de la ausencia de rumbo y la interminable sucesión de conflictos. Lo grave y no siempre advertido, es que las nuevas generaciones no están dispuestas a aceptar lo que consideran un orden corrupto. Quieren un cambio, aún a expensas de no saber cómo y con quién lograrlo, sin sopesar lo que bien podría ser un salto al vacío de consecuencias impensadas.
Para que el país crezca, se desarrolle y brinde prosperidad al pueblo, debe respetarse a la República y sus instituciones, alejarlas de toda degradación, trabajar solidaria y asociadamente para promover la educación, eliminar la pobreza, terminar con la inflación, promover las inversiones, generar trabajo, respetar el esfuerzo y el mérito, la creatividad y la seguridad jurídica, dando sentido sustantivo a la “democracia”, como “gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”. Allí el sufragio se transforma en un modelo participativo, herramienta valiosa en la elección de hombres honestos y capaces de reconocerse más comprometidos y cerca del ciudadano.
Carlos Nino decía que la unión entre Democracia y Constitución no es un matrimonio sencillo. La relación requiere un equilibrio sobre el que deben trabajar los legisladores en cada ley: los jueces en cada fallo y la sociedad civil, al presentar sus demandas al gobierno. El apego a la Constitución y a las leyes resulta entonces esencial para la existencia de una sociedad creada bajo la forma republicana de gobierno.
Ante la gravedad de la crisis, sin caer en optimismos temerarios o en catastrofismos irracionales, es posible advertir que en su curso, la historia posee un sentido positivo y la humanidad, a veces lentamente avanza hacia un progreso creciente tutelado tanto por la razón como por la democracia. No resultaría legítimo entonces dejarse vencer por el catastrofismo pesimista.
Si queremos dar sentido a la República y sus Instituciones, a la Democracia y al Sufragio, debemos reconstruir la representatividad social, reivindicando sus ideas y valores fundamentales, pero esencialmente restableciendo la dimensión moral que caracterizó a los dirigentes probos, para quienes la honradez era condición indispensable en la vida pública. Es imprescindible revivir esas virtudes en la Argentina, ya que como bien señaló Viktor Frankl: “Vivir sin sentido es sinónimo de vivir muriendo”.-
* El autor es abogado.
